Sindicales
1/10/2024
Sigue la lucha de marineros y trabajadores de la pesca en Chubut
Pago inmediato de la deuda ante el incumplimiento de los acuerdos paritarios.
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Trabajadores de la pesca de Chubut.
Desde comienzos del año 2024, existen distintos conflictos en la actividad pesquera de Chubut, más específicamente en Puerto Rawson, donde los incumplimientos de la patronal frente a los reclamos de los trabajadores, y el amparo del gobierno provincial de Ignacio Torres, pone en peligro el desarrollo de una de las actividades económicas más importantes de la provincia, que conforman el sustento de miles de familias trabajadoras en un contexto de aumento exponencial de la pobreza y el desempleo. Los trabajadores del sector llevan a cabo el reclamo con diferentes medidas y acciones en defensa de sus salarios, sus puestos laborales y su correspondiente actualización.
Incumplimiento de acuerdos paritarios
El último capítulo del conflicto, tiene que ver con el acuerdo paritario celebrado en octubre del 2023 entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (Cafach), oportunamente homologado por la Secretaría de Trabajo. Las cláusulas de ese acta estipulan un ajuste automático por inflación pagadero en los salarios del mes de enero 2024 en todos los rubros, producción e ítems fijos, respecto de los valores del kilogramo de langostino y pescado. A casi un año de la firma de ese acuerdo, la Cafach sigue sin dar cumplimiento a lo acordado declarando que dicha cláusula es “impagable” y por otro lado, acusando un “error de interpretación” por parte de los sindicatos, generando una situación en la que los salarios quedan muy por debajo de lo que deberían, en un contexto inflacionario sin precedentes desde comienzo de este año, tarifazos en los servicios públicos, aumento de la canasta familiar patagónica y del costo de vida. Esta situación causa desajustes en el normal desenvolvimiento de las temporadas de pesca, tanto de aguas provinciales como nacionales y, por tanto, abonan la conflictividad en las demás actividades adyacentes al sector.
Actualmente, otros gremios y asociaciones, como por ejemplo el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo, se encuentran en trabadas negociaciones salariales previo a que inicie la temporada provincial, en el que se han decretado paros, ceses de actividades, conciliaciones obligatorias, se han incurrido en despidos y el conflicto escala a un nivel de máxima tensión como consecuencia de la intransigencia de la patronal que hace peligrar el sustento de miles de familias trabajadoras de Chubut en cada una de las fases de la producción, en un contexto de aumento exponencial de la pobreza y el desempleo. De más está aclarar que se trata de tareas laborales peligrosísimas, con altos riesgos de accidentes y muertes, dado que se desarrollan en pésimas condiciones de seguridad y salubridad.
Aval del gobierno provincial
A este panorama se suma el accionar de los organismos estatales que, lejos de intervenir para solucionar el conflicto, han refrendado a los empresarios en el incumplimiento de un acta paritaria homologada y fallado a favor de estos, configurando un grave antecedente de inacción del Estado, o accionar parcial, ante el desconocimiento de un instrumento legal que puede trasladarse a otros conflictos laborales. En primer lugar, la Secretaría de Pesca no solo niega la existencia de un incumplimiento, sino que aduce que “carece de competencia” cuando dentro de sus competencias fijadas por ley, reza que debe “participar en la política laboral” vinculada al ámbito. En segundo lugar, la Secretaría de Trabajo por un lado afirma que “no queda claro que la patronal haya efectuado un incumplimiento al acta acuerdo” al mismo tiempo que declara que la secretaría actuó conforme a la normativa vigente dado que “no consiste un incumplimiento al acta firmada porque la patronal pagó conforme a la interpretación que ellos entienden la correcta” pero antes admite que existe “divergencia en la interpretación”. Sin embargo, otras empresas liquidaron el valor que correspondía dado que el acuerdo firmado era claro.
Esto no llama la atención ya que el mismo gobernador de la provincia, Ignacio Torres, tiene intereses ligados al abastecimiento del combustible para el sector por lo que se avizora la clara alineación del Estado provincial con el sector empresarial de la actividad pesquera. Recordemos que el mismo Torres se encargó personalmente de negociar con Milei el retiro de un capítulo de la Ley Ómnibus que afectaba al sector pesquero con la suba de retenciones, dejando en claro su defensa de los intereses patronales y no así del resto de la población chubutense afectada por ese andamiaje normativo antiobrero, que luego se aprobó en la Ley Bases, como por ejemplo el Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores, la reforma laboral, el RIGI, etc.
Esta relación es muy evidente: el presidente de la flota amarilla, Gustavo Gonzáles, denunciado por diferentes casos de corrupción en el ámbito de la pesca, es hermano del diputado provincial oficialista Sergio González, quien se limita a levantar la mano en el momento de la votación a gusto y piaccere de su bloque, que en diez meses de gestión no han hecho más que convertir a la Legislatura en una escribanía de gobierno, haciendo uso de la mayoría automática para legalizar las políticas de ajuste, de saqueo, de persecución y criminalización a los trabajadores y a las luchas populares.
La banca del Partido Obrero en el FIT-U
Desde la única banca de la Legislatura chubutense al servicio de las luchas y de los trabajadores, ocupada por Santiago Vasconcelos del Partido Obrero en el FIT-U, se llevó este tema al recinto a través de diferentes iniciativas legislativas. En comunicación y diálogo con los trabajadores y las agrupaciones gremiales, se presentaron dos pedidos de informe, uno dirigido hacia la Secretaría de Pesca y a la Secretaría de Trabajo para interpelar sobre el incumplimiento de la patronal a los acuerdos paritarios homologados y, el segundo, también a Pesca y al Ministerio de Economía indagando sobre la titularidad y permanencia de los permisos de pesca y sobre cánones y otras contribuciones pagadas al Estado provincial por la actividad. Este último trata de desmantelar las declaraciones del empresariado en los medios locales de que las ganancias no pueden soportar lo exigido en materia salarial y aquello que es “vox pópuli”, de que es un grupo muy minoritario quien posee los permisos de pesca, cuya obtención es de dudosa transparencia.
Además, en la última sesión se presentó un Proyecto de Resolución que pretendía acompañar el reclamo llevado adelante por trabajadores del Puerto de Rawson por mejoras salariales, continuidad laboral y condiciones de trabajo adecuadas, además de exhortar a los organismos provinciales a intervenir en el conflicto a favor de estos, exigiendo el cumplimiento de lo acordado a la CAFACh. La iniciativa, si bien fue rechazado el tratamiento sobre tablas, fue acompañada por una movilización de un grupo de marineros a los palcos de la legislatura, lo que provocó que Torres saliera en medios a hacer declaraciones amenazantes en torno a la posibilidad de que la temporada de pesca provincial del langostino no inicie, diciendo que se trataría de una cuestión partidaria y que expondrán a quien comprometa el trabajo de los chubutenses ¿Será que piensa exponer al propio Gustavo Gonzáles, presidente de la CAFACh?
Lock Out patronal
La actividad pesquera en el Puerto de Rawson es históricamente reconocida por la cantidad y calidad del langostino que captura desde el año 2000, esta cualidad se traduce cuantiosamente en ganancias multimillonarias a un reducido grupo de empresarios ligados a la flota amarilla a costa de la fuerza laboral que desarrolla la actividad y es clave para la misma; esto sin mencionar las demás especies capturadas. A pesar de ello, no solo los sueldos del sector no se ajustan adecuadamente, sino que recurren a prácticas abusivas como por ejemplo, lo que fue el lock out patronal la temporada pasada en el marco de un conflicto de características salariales con estibadores, en particular el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), en el que nuevamente el gobierno, la Justicia y los medios de comunicación favorecieron la postura de la patronal. Ese conflicto recrudeció cuando el gobernador denunció penalmente a los dirigentes sindicales por “daño ambiental” y “ecocidio”, al mismo tiempo que los empresarios los denunciaban por “extorsión” y pedido de coimas. Los medios hicieron eco de las perdidas millonarias y del desperdicio de comida.
En el conflicto de principio de año fueron varios los grupos empresariales los que protagonizaron el lockout (Capip, Cafach y Conarpesa), pero esta vez el agravante es que la CAFACh, y las empresas nucleadas en ella, fue una de las pocas patronales que incumplieron, en conjunto con la Flota Artesanal, barcos con menos capacidad de captura que sostienen que los costos son muy elevados para aceptar el valor que se pide del kilo de langostino por los gremios, cerrando sus posturas a pesar de la predisposición y voluntad de diálogo de los trabajadores. Sin embargo, otras empresas han liquidado correctamente lo estipulado en el acuerdo. Los costos de producción que se socializan con los trabajadores y se ven reflejados en sus salarios sí fueron ajustados por inflación.
Al día de hoy el conflicto se encuentra en la Justicia laboral para echar luz sobre este “error de interpretación”. Mientras tanto ofrecen un bono compensatorio no bonificable del 20% sobre el salario neto representativo y la fijación de un valor fijo de referencia del kilo capturado en $1200 para garantizar el inicio de la temporada. Con mucha firmeza, los trabajadores consideran que ese bono se encuentra muy alejado de subsanar el incumplimiento y exigen que se abone lo adeudado desde enero de 2024 y se liquide a $1500 el precio del kilo de langostino en la próxima temporada.
Todo nuestro apoyo a Marineros, Patrones, Capitanes, Pilotos y trabajadores de la pesca en general, representados por el Sindicato de Obreros Marineros Unidos (S.O.M.U.), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo y agrupaciones afines en el reclamo por mejoras salariales, continuidad laboral y condiciones de trabajo adecuadas. Exigimos el cumplimiento de lo acordado y de lo adeudado.
