Mientras en la comunicación oficial, los gobiernos de Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires acordaron la necesidad de “endurecer” la cuarentena en el Amba, debido al aumento de contagios, en la Villa 31 la Secretaria de Integración Social y Urbana, a cargo de Diego Fernández, avanza con las relocalizaciones en el barrio.

Escombros, agua estancada y posibilidad de derrumbe en el sector de Bajo Autopista, es la situación que ha generado el avance del proceso de urbanización. Luego de mudarse las familias proceden a demoler las viviendas por riesgo a que sean nuevamente ocupadas, esto sin contemplar las estructuras linderas, ni realizar una debida limpieza del lugar.

Con la excusa de la pandemia y el hacinamiento, la secretaria promueve las relocalizaciones a las nuevas viviendas construidas en el sector YPF, pero que, como varios vecinos denuncian, tienen problemas estructurales serios y no están realizadas de materiales de calidad.

Demoliciones, escombros, agua estancada y posibilidad de derrumbe. El Gobierno de la Ciudad avanza en plena "Fase 1" con relocalizaciones compulsivas. Vecinos y vecinas denuncian que se realizan sin las medidas de seguridad necesarias@Solanopo pic.twitter.com/v2RckmCBjM

— Partido Obrero V31 (@POVilla31) July 2, 2020

Diego Fernández se tiene que ir

El funcionario llegó a la función pública en 2010 de la mano de Esteban Bullrich, quien lo nombró como jefe de Gabinete en su paso por el Ministerio de Educación de CABA. En 2015, se hizo cargo de la SISyU, secretaria que tiene como única función la urbanización de la Villa 31. En cinco años, son incontables la cantidad denuncias dentro del barrio por obras mal realizadas.

Fernández, quien es dueño de la cadena Dashi Sushi, fue implicado en los Panamá Papers por poseer una cuenta offshore. No solo eso, tiene dos millones y medio de dólares invertidos en el fondo de Black Rock: uno de los mayores tenedores de bonos argentinos de deuda.

Como cabeza de “la secretaria”, como se la llama en el barrio, llevó adelante un proceso de urbanización trucha, de espaldas a los vecinos y hasta con desalojos violentos, como sucedió en 2017 cuando pretendían avanzar con el cambio de traza de la autopista Illia, para lo que fue pedido un préstamo millonario al Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy la obra fue frenada, solo quedan los pilotes.

Como muestra de sus prioridades, en su haber tiene la inauguración de un McDonald’s frente al barrio y la sucursal de un banco privado. Además, la construcción de un Ministerio de Educación, en lugar de utilizar ese terreno para más viviendas y desoyendo el reclamo de un hospital para el barrio.

Hoy, la explosión del coronavirus lo ha puesto en el ojo de la tormenta. Con 1.814 casos, es uno de los barrios con mayor cantidad de contagios. Los vecinos han tenido que atravesar la cuarentena con problemas en el tendido eléctrico, y con serias dificultades en el suministro de agua.

Una salida de conjunto

La miseria crece al ritmo de la pandemia. La nueva fase de la cuarentena impacta directamente en los barrios más pobres, donde la mayoría tiene trabajos no registrados, vive de changas o cartonea. Las familias se ven obligadas a asistir masivamente a comedores y exponerse a contagios que han traído tragedias como la de Ramona Medina, Agustín Navarro y tantos otros casos de quienes que se pusieron al frente de la lucha.

La ayuda alimentaria no alcanza, el Gobierno de la Ciudad entrega bolsones de miseria en los colegios mientras que el gobierno nacional tuvo frenado la entrega de alimentos por más de 60 días en el inicio de la cuarentena, según explicaron los funcionarios, por la crisis de sobreprecios que se destapó en el Ministerio de Desarrollo Social. En ambos casos, no dan respuesta a la enorme lista de espera que hay en cada comedor del Polo Obrero.

Mientras las patronales exigen un salvataje y el gobierno nacional organiza la economía en pos del pago de la deuda externa, alrededor de cinco millones de personas dejarán de cobrar el IFE, sin contar que algunos de los vecinos del barrio no han podido acceder a pesar de estar en condiciones de hacerlo. Por el lado de CABA, la tarjeta alimentaria “Ciudadanía Porteña” es totalmente insuficiente.

Es imperioso poner en pie una campaña por la renuncia de Diego Fernández, responsable directo de la situación del barrio, como eje de organización de los vecinos por la lucha de una urbanización real.

En el mismo sentido, es necesario avanzar en un verdadero impuesto a las grandes fortunas que permita recaudar lo suficiente para atender la emergencia actual de la pandemia, duplicar el presupuesto de salud y establecer un seguro al parado de $30.000. Como así también el no pago de la deuda externa usuaria, que como vemos claramente en la Villa 31, solo sirve para beneficiar la clase social a la que Diego Fernández pertenece.

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