Las abogadas patrocinantes de “Rocío”, denunciante de abuso sexual contra el cura Raúl Sidders, solicitaron la prohibición de salida del país al sacerdote en la causa que se tramita en el Juzgado de Garantías Nº6 a cargo del juez Agustín Carlos Crispo, con la intervención de la Fiscalía Nº11 a cargo del fiscal Álvaro Garganta. A las letradas se sumó el reconocido Juan Pablo Gallego como abogado co-patrocinador en la causa contra quien fuera “guía espiritual” del colegio San Vicente de Paul de La Plata y excapellán de Gendarmería Nacional.

Dicha solicitud fue realizada fundamentando que Sidders actualmente se encuentra sin función alguna y desconociéndose bajo qué autoridad en Puerto Iguazú, es decir en la Triple Frontera, conocido trifinio internacional situado en el cruce de fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay que comunican la localidad misionera con Foz do Iguaçu y las ciudades de Presidente Franco y Ciudad del Este.

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Esa circunstancia, se afirma en el escrito, agudiza y patentiza el peligro de fuga, teniendo a la vista la pluralidad de hechos que en esta etapa liminar de la investigación se vislumbran, la pena en expectativa y la posibilidad concreta de que Sidders trascienda sin control alguno las fronteras del país, con riesgo cierto de frustración del proceso judicial.

https://drive.google.com/file/d/1u6abAtLrkXpDVdZa52K6JxbzaNQEN6dK/view?usp=sharing

Asimismo, requirieron al Arzobispado de La Plata “que remita el Legajo Eclesiástico completo del imputado, desde su incardinación a la fecha, dando cuenta asimismo de la amonestación y reprensión canónica que le habría sido impuesta en vinculación con los hechos que aquí se ventilan, indicando asimismo destino actual y concreto del religioso en cuestión y funciones asignadas, remitiendo asimismo la constancia documental en la que habría dispuesto recomendaciones del Arzobispado platense ‘por prudencia y prevención, al Obispo de Puerto Iguazú que no encomiende al Pbro. Sidders ninguna tarea en colegios o con menores de edad'”.

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Así, se apunta contra el operativo de encubrimiento que se intenta montar desde la Iglesia Católica, ante la defensa cerrada que se hizo desde el Arzobispado de La Plata y las autoridades del colegio, en vistas de amedrentar a las víctimas, luego de que la publicación de testimonios en Prensa Obrera decantara en múltiples acusaciones públicas por violencias y acoso contra el cura en redes sociales. Se sumó, luego, un comunicado del Obispado de Puerto Iguazú, donde se desestimaba la denuncia contra Sidders calificándola como una “fake news”.

Cada paso en la causa es seguido por un importante reagrupamiento de miembros y exmiembros de la comunidad educativa del colegio San Vicente de Paul, que se organizaron para exigir justicia.

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