Eugenia tenía 8 añitos y vivía en Colonia Villa Agüero, un pequeño pueblo de Córdoba. Este fin de semana fue hallada sin vida y con signos de ahorcamiento en su casa. El hecho no trascendió en los medios y existe absoluto hermetismo en la investigación judicial por temor a que la trama oculta de su muerte detone la reacción popular. Y es que se comprobó que Eugenia era víctima de abusos sexuales en el seno íntimo de su familia. Su hermanita menor fue sometida a Cámara Gesell y como resultado de la pericia un medio hermano, de 20 años de edad, fue detenido e imputado por homicidio.

Aunque desde la justicia se intentó instalar la versión poco creíble de un supuesto suicidio, lo cierto es que a tan corta edad no se tienen los elementos cognitivos ni la capacidad para terminar de esa manera con su vida. La falsa hipótesis, de la que partió la investigación de un hecho tan aberrante como este, no hace más que demostrar, una vez más, el rol encubridor de la justicia.

Los abusos intrafamilaires y la muerte prematura de Eugenia no deben circunscribirse a un hecho criminal aislado. Lo cierto es que las denuncias de abusos en la infancia que llegan a la justicia son más o menos recurrentes, pero el tratamiento y destino de estas causas devela responsabilidades políticas de fondo.

Según un informe de Unicef, une de cada 5 niñes es abusade en la infancia; el 90% de los abusos se producen dentro el círculo íntimo familiar. Por otra parte, solo el 16% de les niñes piden ayuda y les creen. En nuestro país, del total de denuncias que se realizan solo el 1% termina en una condena firme al abusador, el resto de las causas son archivadas. En Córdoba, solo el 3,8 % de las causas se elevan a juicio, las otras ni siquiera llegan a eso.

En los casos en que las madres denuncian los abusos contra sus hijes, la justicia aplica la figura del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) cuestionando la voz de les niñes, tildando de “locas” o “despechadas” a las madres protectoras y desestimando las denuncias. Un paradigma de esta política de encubrimiento fue la condena a Flavia Saganías a 23 años de prisión por el simple hecho de denunciar al abusador de su hija.

Como vemos, se trata de hechos “ocultos en plena luz” como calificó el propio Unicef. En el caso de Eugenia, lo que estremece no es la singularidad del hecho, sino que haya salido a luz en el marco de un régimen político que se esmera por mantener estas atrocidades ocultas bajo un manto de silencio cómplice y encubrimiento.

Durante el confinamiento recrudecieron los abusos intrafamiliares, el cierre de las escuelas y la ausencia las clases presenciales como herramientas de detección de abusos y como ámbitos propicios para blanquear lo que ocurre, no fue suplantada por ninguna medida eficiente que permita la educación sexual laica y científica desde la casa. En esto también incidió la agudización de la pobreza, la ausencia de recursos tecnológicos y la extrema precarizacion laboral de la docencia.

Estamos ante un “Estado ausente” de cuerpo entero incapaz de prevenir y contener a la niñez cada vez más vulnerada y que, por el contrario, aprovechó la pandemia para ajustar, vaciar y precarizar a fondo las áreas sensibles a esta problemática.

Por eso, la conmoción por la muerte de Eugenia se cruza también con las denuncias contra la Secretaría de Niñez y Adolescencia (SeNAF) por casos de maltrato y abuso sexual dentro de residencias de acogimiento de niñxs que no pueden ser revinculados con sus familias. Los propios trabajadores de estas instituciones vienen denunciando desde el comienzo de la cuarentena la falta de personal y la ausencia de condiciones de todo tipo. A principio de mes, en una de las residencias tuvo lugar un brote de Covid-19 que derivó en traslados, licencias para muchos trabajadores de planta y el ingreso de algunos trabajadores contratados sin experiencia profesional ni de oficio. En este contexto, una niña de 12 años con problemas de salud mental alojada en una de las residencias oficiales fue internada; luego se constataron lesiones y que había sido víctima de una violación. Por el hecho, entre otras denuncias de anormalidades, el titular del SeNAF, José Piñero, fue desplazado del cargo.

El cuadro espeluznante en el que se conjugan la miseria social y los abusos sexuales contra la niñez no tiene como responsable solo a la justicia. El poder político ampara y encubre estos abusos en su afán se sostener a la familia como célula de la sociedad donde se reproducen todas las formas de opresión y sometimiento de un régimen político y social en descomposición. En esa política, sin duda la iglesia reaccionaria y oscurantista también es un pilar fundamental.

Un régimen que hunde sus cimientos en una niñez humillada, empobrecida y violada no puede tener futuro alguno y debe ser derribado de inmediato.

Nos sumamos al reclamo de #JusticiaparaEugenia. Redoblamos la lucha en las calles de la marea verde. Levantamos alto los reclamos de ESI laica y científica, de la separación de la iglesia del Estado y #NiUnaMenos. El Estado es responsable.