Por medio de la Secretaría de Prensa del Vaticano, la Santa Sede respondió negativamente al pedido de audiencia pública que habían hecho las víctimas sobrevivientes de abuso del Instituto Próvolo y los representantes de las ONG Xumek y Ending Clergy Abuse.

Víctimas de abuso del estremecedor “caso Próvolo” se encontraban en Europa realizando una serie de actividades para difundir y denunciar los abusos que sufrieron a manos de curas y la falta de colaboración y encubrimiento por parte de los representantes de la iglesia católica dentro de la causa judicial que investiga los abusos sexuales en el instituto para chicos sordos, que también cuenta con denuncias por abusos y torturas en su casa madre, al norte de Italia, desde, por lo menos, 2010. Invitados por la ONG Ending Clergy Abuse (ECA), Daniel Sgardelis, Ezequiel Villalonga y Claudia Labeguerie difundieron denuncias de las que fueron víctimas, como ellos, centenares de niños hipoacúsicos.

En el marco de las actividades y una serie de reuniones, que las tres víctimas junto a sus abogados y familiares habían programado, solicitaron una audiencia pública con el Papa Francisco pero este se negó a recibirlos. En su lugar, a través de la Secretaría de Prensa del Vaticano, se les ofreció reunirse con una "persona de la Santa Sede en representación del Papa". Además propusieron que este encuentro sea privado, sólo podrían participar las víctimas y sus familiares, sin los representantes de Xumek y Ending Clergy Abuse. Las víctimas rechazaron esta propuesta con el argumento de que "es solo el Papa Francisco la autoridad a cargo de evitar el delito de encubrimiento y reparar a las víctimas por el daño ocasionado por sus sacerdotes", además plantearon que “una reunión privada sería contraria a la publicidad de los actos de gobierno de cualquier autoridad de un Estado moderno”. Tras el rechazo a ser escuchados por el Papa Francisco, hicieron llegar a la Santa Sede las denuncias y oficios contra el vicario judicial apostólico, Dante Simón, y contra el interventor designado por el entonces Bergoglio, Alberto Bochatey, por falta de colaboración en la causa y encubrimiento.

La lucha de las víctimas del caso Próvolo logró que ya fueran condenados a 45 y a 42 años los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi, como autores de los abusos,y al jardinero Armando Ramón Gómez a 18 años de prisión. En estas últimas semanas se consiguió que comiencen las audiencias preliminares para llegar al segundo juicio en las que hay nueve inculpadas, entre ellas, las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de la exapoderada legal del Instituto, Graciela Pascual.

El rechazo del Papa Francisco a reunirse con las víctimas debe entenderse como lo que es: un desprecio a las víctimas de abuso que organizadas y luchando ponen en jaque a una Iglesia que busca dominar en el ocurantismo, la perversidad y el terror. La propuesta de reunión privada, que fue categóricamente rechazada por las víctimas, es el mecanismo que usó la Iglesia, en particular en Estados Unidos, para arreglar a las víctimas por plata a cambio del silencio.

En la valiente lucha de las víctimas, respaldadas por la movilización de organizaciones de mujeres, derechos humanos y en defensa de los niños no hay vuelta atrás. Juicio y castigo a todos los curas abusadores y a sus encubridores. Separación de la Iglesia del Estado.