08/11/2021

La inseguridad ciudadana en la provincia de Buenos Aires

Movilizaciones de vecinos deschavan las zonas liberadas por Berni y la Bonaerense.

Concentración de vecinos en Ramos Mejía este domingo 7 por la noche.

Los crímenes brutales que costaron la vida al mecánico platense Alejandro Fernández y al kioskero Roberto Sabo en Ramos Mejía dieron lugar a manifestaciones vecinales y de allegados a las víctimas que responsabilizaron a Sergio Berni y la Bonaerense por las zonas liberadas al delito en el Gran Buenos Aires y en toda la provincia. En el distrito matancero, y como muestran los videos, el repudio se extendió al intendente del Frente de Todos, Fernando Espinoza. Estos asesinatos recientes volvieron a colocar al ministro en la palestra como responsable político de la inseguridad ciudadana, luego de que el propio Berni se jactara previo a las Paso de la baja de delitos en un 20% desde la asunción de Kicillof. Son números trucados y mediatizados por la cuarentena y la pandemia, como demostró el portal Chequeado.com.

Zonas liberadas e indignación popular

La sucesión de hechos violentos golpea también al gobernador en el tramo final de la campaña electoral. Kicillof anunció la semana pasada el refuerzo de las partidas presupuestarias para el ministerio de “Seguridad” en siete mil millones de pesos, y promete aumentarlas en el Presupuesto Provincial 2022 que está pactando con Juntos en los pasillos de la Legislatura. La ratificación de Berni en el gabinete provincial, al menos hasta después del 14 de noviembre, vino de la mano de una entrega serial de patrulleros en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Como gusta decir el nacional y popular, y para competir con la derecha que pide mano dura y saturación de las calles con la policía, se trataría de “la inversión más grande de la historia” en “seguridad”.

Frente a las críticas y la indignación popular por estos crímenes, a Berni salió a bancarlo su esposa, la senadora Agustina Propato, que pateó la pelota de la responsabilidad al Poder Judicial y a la “puerta giratoria” de la justicia. Copia fiel del discurso de Bullrich, Juntos, Espert y toda la derecha. La discusión no es entre punitivismo y no punitivismo sino un pacto a ambas lados de la grieta para reforzar el aparato de represión en tiempos de ajuste y lucha por la tierra y la vivienda. Propato fue denunciada junto a Berni por el aterrizaje clandestino de un helicóptero del ministerio en un club infantil de Ensenada con evidente peligro para los chicos y chicas de esa esa institución. El portazo en preparación de Sergio Berni, quien comunicó su decisión de romper con el Frente de Todos, puede arrastrar a su esposa, premiada por Cristina y Kicillof con una candidatura de importancia y expectable en la lista de diputados nacionales.

La derecha en sus distintas expresiones, empezando por Juntos, tomó la “inseguridad” como un eje de la campaña mientras deja correr la reforma laboral y lo salarios de miseria que hunde al 40% de los bonaerenses por debajo de la canasta de pobreza. La carrerista Carolina Píparo, candidata de Espert, tiene todavía que rendir cuentas, junto a su esposo, por el atropello, huida e intento de soborno a motociclistas en las fiestas del año pasado. Los Píparo quieren zafar acusando a los jóvenes de motochorros y fueron protegidos del intendente Julio Garro hasta la ruptura con Juntos de la actual candidata del “libertario” Espert.

Los “encuestólogos” que dibujan las encuestas a pedido del consumidor final (partidos patronales) no han podido evitar poner al frente del ranking de “preocupaciones” en la provincia de Buenos Aires la inflación, la pobreza y la desocupación, confirmando el cuadro de bancarrota social y económica y de bronca popular que provoca el ajuste. No solo Patricia Bullrich y Berni se tiran flores y comparten el uso de las pistolas Taser, la baja de la edad de imputabilidad a los menores -que Espert quiere que llegue a los doce años- y la aplicación de la doctrina Chocobar de gatillo fácil, el intendente de La Plata, Julio Garro, también reivindicó el desalojo violento de las familias de Guernica y pide que la Bonaerense lo ejecute en las tierras fiscales del ex Club Planeadores donde se radicaron cientos de familias sin techo que piden regularizar su situación y una pronta urbanización y servicios.

Un aparato represor y mafioso

Lo de Garro y el PRO es también una devolución de “gentilezas” por el encubrimiento de Berni al asesinato del joven repartidor Lito Costilla a manos de la policía del jefe comunal. El Código de “Convivencia” recientemente votado en el Concejo Deliberante de La Plata es un cuerpo de ordenanzas represivo que penaliza y persigue los reclamos y la protesta popular. Como denunciamos en Prensa Obrera, el Frente de Todos que encabeza la exconcejala Tolosa Paz no movió un dedo para impedirlo y le sacó el cuerpo a todas las movilizaciones incluida la convocada el día que se votó el Código.

La saturación de policías acentúa la militarización e intimidación a las protestas populares mientras el delito organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la piratería del asfalto, el abigeato, operan bajo la protección de las cúpulas policiales y los negocios y financiación paralela. No hay “ola de inseguridad” sin zonas liberadas, comisarías tarifadas y “caja propia” de la Bonaerense que demanda mayores fondos. Días atrás la amenaza de un paro policial dio lugar a un rápido anuncio de aumento salarial a los efectivos que dirige Sergio Berni. La contrapartida es el ajuste a la salud y a los médicos de la provincia de Buenos Aires nucleados en la Cicop que van a nuevos paros y a una concentración el próximo 12 de noviembre frente a la Gobernación.

Como el cazador cazado, Berni está en el ojo de la tormenta y en sus pretensiones de perfilarse como un Bolsonaro peronista. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en julio pasado su informe anual sobre la violación de derechos humanos en las cárceles de la provincia donde se relevaron en el período considerado casi 35.000 casos de tortura y violencia policial contra detenidos confirmando la sistematización de la tortura física y psicológica como política de Estado contra la población carcelaria. Las revueltas contra el hacinamiento en los centros de detención, tanto cárceles como comisarías, son el retrato de las inhumanas condiciones de vida, higiene y salubridad de los internos, y en más de una oportunidad fogoneadas por el Servicio Penitenciario para tirar a matar y reprimir salvajemente.

La tortura y los aprietes son también una forma de coacción sobre los detenidos para que salgan a robar “para la corona”. El informe de la CPM denuncia 123 muertos por uso letal de la fuerza y gatillo fácil en territorio bonaerense. La enorme población carcelaria y las condiciones desesperantes son un testimonio también de la miseria social y el ajuste. Un dato no menor es que casi 9 de cada 10 personas aprehendidas lo fueron sin comisión de delitos: la “saturación policíaca” agrava la prepotencia e intimidación del aparato represivo, la superpoblación en las comisarías, la persecución contra los jóvenes, la represión a los reclamos y la corrupción de una fuerza que tiene un poder de fuego de 90.000 efectivos comandados por el derechista Sergio Berni, aliado por ahora de Kicillof.

Desde el 2019 al 2020 las detenciones crecieron pasando de 280.000 casos a 410.000 el año pasado. El gatillo fácil que costó las vidas de Lucas Verón, Ulises Rial y Exequiel Corvalán, entre otros, retratan la violencia estatal y el encubrimiento de los crímenes policiales. Berni tiene que irse echado por la movilización popular y por la responsabilidad política que le cabe en la actuación policial no investigada a propósito del asesinato de Facundo Astudillo Castro. El reclamo de Justicia y de investigación de los nexos mafiosos entre la Bonaerense, los punteros políticos patronales y los jueces del poder es parte inseparable de una lucha por la reorganización social y política de la provincia de Buenos Aires bajo la dirección de los trabajadores.

Reorganizar a la provincia y al país sobre nuevas bases sociales

La impunidad es del Estado como lo prueba la Masacre de Monte y la exigencia de los familiares de los chicos asesinados por la policía de Justicia y aceleración del proceso judicial. El combate de la inseguridad ciudadana exige la organización popular, la movilización, la denuncia implacable de la complicidad del podrido aparato de la Bonaerense y su desmantelamiento, el descabezamiento de sus cúpulas, la apertura de los libros de la comisarías, y la elección popular de los jueces entre otras medidas inmediatas. Rechazamos la baja de la edad de imputabilidad que da cuenta del cinismo de un régimen fondomonetarista donde 7 de cada 10 niñes son pobres y no comen regularmente. Hay que hundir el bisturí hasta el hueso para terminar con la protección de la Bonaerense y las fuerzas de represión al delito organizado, sus financistas y blanqueadores de fondos.

El voto al Frente de Izquierda Unidad el 14 de noviembre refuerza esta perspectiva y la lucha por el desmantelamiento del aparato represivo.