Algunos de los rubros que más aumentaron en octubre fueron el de comunicación (12%); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,5%); y salud (7,1%). Todos índices por encima de la inflación general (6,3%), cuyos precios se encuentran regulados, lo cual evidencia la responsabilidad directa del gobierno en la escalada inflacionaria.

Por un lado, en octubre impactó el aumento de hasta el 19% en telefonía móvil, autorizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). A su vez, comenzó a regir la suba en las tarifas de gas y luz para usuarios no residenciales (parte de la agenda del FMI), que las empresas trasladan a los precios que pagamos los consumidores. Por otra parte, la inflación en salud responde al incremento del 11,53% que le habilitó el gobierno a las prepagas. De conjunto, los precios regulados subieron 7,4%, superando el IPC del mes.

Todos porcentajes que forman parte de un cronograma de aumentos, que se extenderá en el tiempo, recalentando la inflación venidera. A todas luces, mientras el oficialismo finge preocupación respecto al alza inflacionaria, reeditando medidas inocuas como Precios Justos, no hace más que aplicar políticas que profundizan la carestía, en pos de complacer al FMI y a las patronales (telcos, privatizadas de energía, medicina privada). Lo cierto es que se vale de la inflación como recurso para licuar el gasto público e incrementar la recaudación.

Como contrapartida, el gobierno  promueve paritarias a la baja, como lo muestra el empeño que puso en intentar quebrar la huelga de los obreros del neumático, que reclamaban un aumento del salario real. Debemos derrotar esa orientación, luchando en las calles por una recomposición del ingreso de los trabajadores.

Abajo el programa del FMI, paro nacional y plan de lucha ya.

 

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