Según un informe del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en el país existen alrededor de 4.416 “barrios populares” en los que viven cuatro millones de personas, más del 10% de la población; el 50% de los mismos se concentran en la provincia de Buenos Aires. Se considera barrios populares, aquellos que cuentan al menos con ocho familias sin tenencia regular de la propiedad o sin acceso al menos de dos servicios esenciales como agua, luz, gas o cloacas. Todos ellos surgieron como producto de ocupaciones y asentamientos.

Estos datos son alarmantes, y sin embargo se encuentran desactualizados, puesto que no contabilizan la oleada de nuevas ocupaciones (ni el crecimiento exponencial de las existentes) que se ha diseminado por el país en los últimos meses. Es un problema que se viene profundizando desde comienzo de siglo. Según datos del Indec, mientras que, en 2004, el 75% de las familias eran propietarias de su vivienda, en 2020, el porcentaje se redujo al 70%. En el caso de las familias que alquilan, el porcentaje se elevó del 15% en 2004 al 20% en 2020. Las ocupaciones, como vimos, ya han superado al 10% de las familias.

Lejos de tratarse de una fuente de negociados ilegales, como agitan algunos medios y funcionarios nacionales, las ocupaciones son la expresión de un régimen que ha fracasado. Ningún gobierno ha podido brindar solución al problema del déficit habitacional. Por el contrario, en las últimas décadas se han profundizado como nunca el acaparamiento de tierras en manos de los especuladores y el agronegocio, expulsando a miles de familias de sus hogares.

 

Un mapeo de las ocupaciones

En los meses de cuarentena se multiplicaron las nuevas ocupaciones. Si bien el epicentro del proceso se concentra en la provincia de Buenos Aires, se trata de un fenómeno de alcance nacional, cuyas características varían en cada región pero todas tienen como telón de fondo la creciente miseria social. Estas nuevas ocupaciones, en la mayoría de los casos, se desarrollan en terrenos fiscales, abandonados, o incluso en desuso, producto de la contaminación y desechadas por el mercado inmobiliario.

A pesar de que existe una política deliberada de invisibilización del proceso, un relevamiento de los casos que ha tomado estado público, da cuenta de más de mil ocupaciones o intentos de ocupaciones a lo largo del país en lo que va del año.

El Ministerio de Seguridad bonaerense informa que ya se registraron 200 intentos de ocupaciones, con una treintena de intentos de tomas en La Plata, ocupaciones masivas en el municipio de Presidente Perón y una seguidilla en La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando, entre otros. Esto incluye ocupaciones preexistentes que experimentan un crecimiento más acelerado, intentos fallidos que fueron reprimidos y repelidos de forma punitiva, y ocupaciones efectivas -algunas muy masivas y otras moleculares.

Entre las ocupaciones activas se encuentra el conflicto por la tierra abierto en torno de un plan de viviendas inconcluso, “Las Casitas”, en el límite entre José C. Paz y Moreno, que data de 2018. También la ocupación del ex Club Planeadores, producida a comienzos de año, del barrio Acumar en González Catán y otras en Bahía Blanca en la zona de Fragata Sarmiento, Don Bosco y Spurr. Guernica es la más emblemática de ellas, no solo por su extensión y masividad sino por la persistencia de las familias, y es justamente por esto que el gobierno ha lanzado una cruzada contra esta ocupación. Varias de estas tomas, o intentos de ellas, fueron desalojados brutalmente, como las 300 familias asentadas en el Barrio La Bibiana en la localidad de Moreno, el pasado 14 de octubre.

https://prensaobrera.com/sociedad/el-problema-de-la-vivienda-entre-la-clase-obrera/

En la provincia de Córdoba se registraron ocupaciones de terrenos principalmente en la zona sur de la ciudad. Un estudio elaborado por la Fundación El llano (Cepsal) releva seis ocupaciones activas en la capital provincial, distribuidas en barrio Ampliación Cabildo I (50 familias), Ampliación Cabildo II (100 familias), Estación Ferreyra (150 familias), Villa 27 de abril (40 familias) y Bajada San José (100 familias). En el Barrio José Ignacio Díaz I hubo un intento de ocupación (100 familias), y en Barrio Sachi persiste un conflicto de varias familias por la apropiación de un terreno desde hace unos años. En el interior encontramos ocupaciones en la localidad de Anisacate, en el valle de Paravachasca, y en Malvinas Argentinas. La zona más afectada por la carencia de vivienda es el departamento Calamuchita, en especial Los Reartes, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano.

La provincia de Santa Fe es otro de los escenario donde el desarrollo de la especulación inmobiliaria y la miseria social han profundizado la crisis habitacional. En la ciudad de Rosario actualmente hay ocho ocupaciones activas, algunas de ellas ubicadas en los barrios Tango, Nuevo Alberdi, Tío Rolo. Son cientos de familias en toda la provincia que han encontrado en las ocupaciones una vía para resolver su problema habitacional. Sólo las tomas de Magaldi y Benteveo contienen a más de 82 familias.

En Chaco, las ocupaciones de tierras aparecen de forma molecular o impulsadas por pequeños grupos familiares, lo que ha facilitado el desalojo y la judicialización. Es el caso de las 150 familias desalojadas en barrio Cristo Rey, o el de la ocupación de terrenos de la fábrica López Hermanos, ambas en la ciudad capital. El procurador general de la provincia, Jorge Canteros, asegura que “estamos teniendo entre cinco y seis usurpaciones masivas diarias”. Algunas de las ocupaciones que aún persisten son la ubicada en la localidad de Fontana y la de Villa Las Muñecas.

Esa misma orientación represiva se vio en los recientes intentos de ocupaciones en Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza, y en Misiones donde se dispuso el desalojo de varias familias que ocupaban terrenos de dos empresas en Saltos de Moconá. En Entre Ríos, quizás el caso más resonante sea el de la ocupación de terrenos pertenecientes a la familia Etchevehere, que ha despertado la reacción de todos los ruralistas que demandan al unísono que se descargue la represión sobre los ocupantes.

En el noroeste argentino, Salta aparece como otra de las provincias donde más extendidas están las ocupaciones de tierras. En este caso se entrecruzan reclamos de comunidades originarias por el derecho a sus tierras, usurpadas ilegalmente por latifundistas y terratenientes, con el creciente déficit habitacional que padecen las familias obreras. El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, admitió que hubo al menos 38 intentos de ocupaciones, todas desalojadas brutalmente, entre ellas la ocupación de 500 familias en Barrio Solidaridad. Solo quedan activas la toma de Parque La Vega, con al menos 1.100 familias, y la de Joaquín V. González con 300 familias.

La represión en la región avanzó incluso sobre comunidades originarias que llevaban años ocupando sus tierras. El desalojo de las 90 familias de la comunidad guaraní Cheru Tumpa y de las 150 familias de comunidades originarias de Tartagal, dan cuenta de ello. En esta línea, en Jujuy hace días se registró el desalojo violento de la comunidad aborigen Tusca Pacha, de los márgenes del río Los Alisos en la localidad de Palpalá.

La Patagonia se ha convertido en un verdadero polvorín. Actualmente en Neuquén permanecen activas tres grandes ocupaciones que agrupan alrededor de 1.500 familias, que aún continúan resistiendo procesos de judicialización y desalojos. Nos referimos a las ocupaciones de Barrio Centenario, San Patricio del Chañar y Casimiro Gómez. En el reciente encuentro por la vivienda realizado por el Polo Obrero en Río Negro participaron representantes de la toma de Labraña, Barrio Ruca Laf, de Cipolletti; toma del Polígono, Barrio La Esperanza, Fiske Menuco (General Roca); y de la toma de las 287 de Bariloche.

Chubut y Río Negro están siendo epicentro de conflictos con los pueblos originarios. Entre ellos se encuentra la ocupación de lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, que  fue la punta para una serie de ocupaciones en la región. En El Bolsón, un grupo de familias persiste desde agosto en la reserva forestal, hoy bajo la propiedad del Inta (Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias). Mientras que a pocos quilómetros la lof Gallardo Calfú se encuentra en un proceso de recuperación territorial en el paraje de El Foyel, sufriendo un desalojo hace apenas una semana. Estos conflictos se suman al que desde 2019 sostiene la comunidad mapuche Buenuelo, que se instaló en el cerro Ventana. En Chubut propietarios de varios loteos de Lago Puelo denunciaron ocupaciones masivas de varias familias en la zona. Todos estos conflictos tienen como trasfondo el fuerte proceso de extranjerización de las tierras.

Crece la organización por el derecho a la vivienda

A la oleada de ocupaciones el gobierno de los Fernández, Kicillof y el resto de los mandatarios provinciales la respondieron con una fuerte política represiva. La misma tiene un doble sentido, por un lado es un factor disciplinador para aquellos trabajadores que osen ocupar suelo para vivienda, y por otro de restauración del orden social en un cuadro de fuerte crisis económica. Montados en la defensa de la propiedad privada del capital, lanzaron una fuerte campaña contra las ocupaciones, tildando de “usurpadores” a quienes ejercen su derecho a la vivienda digna.

Esta campaña represiva ha dado como resultado el desalojo violento de cientos de ocupaciones, y la judicialización de otras tantas. Solo a modo de ejemplo, el Ministerio de Seguridad liderado por Sergio Berni informó que en lo que va del año en la provincia de Buenos Aires ya se realizaron 1.801 denuncias judiciales por usurpaciones, la policía realizó 868 procedimientos y se aprehendió a 524 personas. Mientras tanto, en Córdoba un relevamiento periodístico realizado por Perfil indica que ya hay más de 380 denuncias por “usurpación” desde el comienzo del aislamiento social obligatorio. De norte a sur del país, la prioridad de los gobiernos es la de resguardar los negocios de los especuladores inmobiliarios, el agronegocio, y el gran capital que mediante maniobras fraudulentas y verdaderas usurpaciones, hacen del suelo nacional su fuente de enriquecimiento.

Es en este cuadro, desde el Polo Obrero y el Partido Obrero nos ponemos a la cabeza de organizar la defensa de las ocupaciones en todo el país, preparando un encuentro nacional por el derecho a la vivienda. Los congresos provinciales que se vienen desarrollando en Guernica, en Córdoba y en Río Negro, como aquellos que tendrán lugar en Neuquén y otras provincias del interior en los próximos días, son instancias claves para fortalecer cada lucha, agrupar y darle una dirección al proceso de ocupaciones que recorre el país.

Rechazamos toda política represiva contra las ocupaciones, e impulsamos un planteo de salida. Terminar con la concentración del suelo urbano y rural en manos de los especuladores y el agronegocio. Imponer un impuesto al gran capital para establecer planes de vivienda popular y de urbanización de asentamientos precarios, que dé respuesta a la crisis habitacional y promueva la creación de puestos de trabajo. Establecer una política de control de los alquileres en función de los salarios, eliminar el impuesto inmobiliario para la vivienda única de las y los trabajadores, y establecer un impuesto progresivo a las viviendas ociosas. Con este programa desarrollemos la unidad de las ocupaciones en todo el país.

https://prensaobrera.com/politicas/kicillof-reconoce-que-230-barrios-privados-no-estan-registrados-ni-pagan-impuestos/