El gobierno nacional y las farmacéuticas acaban de prorrogar por 60 días más el acuerdo de precios para los medicamentos, que ha sido vulnerado sistemáticamente por las patronales aumentando los medicamentos más demandados y haciéndose de los beneficios a las importaciones facilitados por el Estado.

El acuerdo rige desde el 19 de julio y compromete a las farmacéuticas a no superar el tope de un punto porcentual por debajo del IPC general del mes anterior en los aumentos que se apliquen a los medicamentos.

Como contrapartida de un acuerdo que las patronales cumplen “a medias tintas”, el gobierno les facilita a las farmacéuticas el acceso a los dólares a precio oficial para la importación de materias primas, insumos y medicamentos terminados.

Un acuerdo con trampa

La información difundida por el Indec daría cuenta de un cumplimiento general de lo pactado, sin embargo esconde que las patronales han eludido sus compromisos con aumentos que impactan en los medicamentos más consumidos, sin alterar la estadística general.

Un reciente informe de la consultora PxQ señaló que casi el 60% de los remedios más usados tuvieron subas por arriba del IPC medido por el Indec.

Desde el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio ya habían denunciado aumentos irregulares en alrededor de 200 medicamentos. Incluso se han encontrado diferencias de hasta el 200% entre medicamentos de marca y genéricos.

Aun así cada vez más inaccesibles

Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) aseguran que el aumento promedio de los medicamentos e insumos viene respetando lo pactado, con un aumento acumulado de 53,5 para los 8 primeros meses del año: 3,1% por debajo de la inflación.

Aun así estos aumentos superan las actualizaciones salariales promedio de los trabajadores y de los jubilados, cuyas “indexaciones” no siguen los avatares de la inflación sino la política de ajuste del gobierno, enmascarada con “controles de precios”.

Como ocurre con el fraude de los Precios Cuidados y demás políticas de “control”, el gobierno se vale de estos acuerdos con las patronales para fundamentar la retracción de los salarios e ingresos populares, postulando la vigencia de un “acuerdo de precios y salarios”.

Se trata de una estafa contra el pueblo trabajador y un negocio millonario para las patronales farmacéuticas y las que encabezan los rubros de consumo masivo, en el marco de un ajuste con recorte en las partidas de Salud, y con conflictos en el área de Discapacidad, donde se adeudan pagos y prestaciones. Todo esto requiere de la apertura de los libros de las patronales y el control obrero de toda la cadena de valor, junto a la recomposición económica de millones de trabajadores y jubilados.

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