Ante el asombro de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Lanús, la rectora Ana Jaramillo convocó a elecciones de Consejo Superior y consejos departamentales bajo modalidad virtual y presencial, mediante una resolución rectoral (una suerte de decreto). Se trata de una política inédita, habida cuenta que en el contexto de la pandemia el conjunto de las universidades, sindicatos y todo tipo de organizaciones suspendieron sus actos electorales.

Es un salto en calidad en una orientación antidemocrática, sin siquiera pasar por el propio Consejo Superior. La fiscalización de la etapa virtual de la elección es un verdadero misterio. Los estudiantes son convocados a votar sin haber cursado en las aulas y viendo limitadas la posibilidad de organizarse, al igual que las agrupaciones estuvieron limitadas a la hora de realizar sus campañas. Por otra parte, es un atropello en la medida que la universidad está cerrada para rendir finales o realizar trámites, con las trabas que ello supone para el desarrollo de las carreras, pero abriría por esta decisión unilateral.

Esta resolución se enmarca en un régimen universitario profundamente antidemocrático, en el que los estudiantes a pesar de ser la mayoría contamos con cuatro consejeros superiores sobre 21 y otra ínfima minoría en los consejos donde se toman las decisiones administrativas o académicas que impactan de lleno en nuestros estudios. El mandato de los consejeros es de tres años, por lo que muchos estudiantes solo podemos votar una vez a nuestros representantes en el cogobierno universitario.

La disposición del Rectorado apunta a perpetuar una mayoría afín a su política, buscando perpetuar el cuadro actual en el que 20 de los 21 consejeros superiores responden a la Lista Granate organizada por la propia Jaramillo. Ella forma parte del elenco de rectores que acompaña la política educativa del gobierno, cuando tanto el presupuesto 2020 como el proyectado para el 2021 implican enormes recortes y carece de oferta salarial para nuestros docentes, y todo para garantizar el pago de la deuda externa.

La elección se dará en un cuadro dramático para los estudiantes, atravesados por un deterioro de sus condiciones de vida y por la virtualidad sin que se garanticen las condiciones de cursada, lo que ha generado una deserción masiva. En este contexto, la resolución rectoral apunta a impedir que se exprese entre los estudiantes una política independiente de la orientación de la gestión, para enfrentar el ajuste.

Los representantes estudiantiles de la Lista Granate no tomaron ninguna medida para evitar la deserción, y tampoco adoptaron iniciativa alguna ante causas populares como el asesinato policial de Facundo Castro o la enorme lucha de las familias de Guernica por una tierra para vivir. Su único objetivo es defender al gobierno, a costa de las necesidades de los estudiantes y la juventud en general.

Desde La Caldera (UJS + independientes) llamamos a las agrupaciones independientes del Rectorado y a las corrientes de izquierda a desarrollar una campaña contra esta política antidemocrática, por todos los reclamos planteados, por la democratización de la universidad y por consejeros estudiantiles independientes al servicio de una orientación para transformar a la UNLa y ponerla al servicio del pueblo trabajador.