En los últimos días se viralizó un vídeo que difundieron vecinos de San Roque, en Santiago del Estero, donde se ve cómo los animales se desploman y mueren de golpe luego de la fumigación de un avión. Los vecinos denuncian que las enfermedades respiratorias y en la piel son cada vez más frecuentes entre las pocas familias campesinas que quedan en la zona y que los animales, tal como se ve en el video, mueren producto del veneno que llega por el aire. Lejos de ser una problemática local, vemos cómo la extensión de la frontera agrícola en todo el país agrava el uso de agroquímicos y semillas transgénicas, ya que se extiende a lugares no habituales para determinadas plantaciones.

El gobierno del Frente de Todos beneficia a las grandes empresas interesadas en la fijación de las patentes en las semillas, por ejemplo, Bayer-Monsanto y Syngenta. En mayo de este año, se habilitó la libre comercialización del trigo transgénico HB4, que utiliza el agrotóxico glufosinato de amonio, 15 veces más dañino para la salud que el glifosato. Además que contamina al resto de la cosecha del cereal.

Recientemente, el gobierno peronista de La Rioja firmó un convenio con el pulpo agrobiotecnológico Bioceres para comenzar un proceso de experimentación en la siembra de trigo y soja transgénica.

El capital agrario, responsable del envenenamiento por agrotóxicos y de ejercer un fuerte lobby durante años para cajonear la tan reclamada Ley de Humedales, fue premiado en dos oportunidades con un tipo de cambio especial. El “dólar soja” le costó al BCRA una emisión extra de $352.129 millones, mientras los sojeros siguen reteniendo la cosecha a la espera de una devaluación de la moneda.

El gobierno nacional, al igual que los provinciales, buscan con estos emprendimientos tener un mayor ingreso de dólares para poder afrontar el pago de la deuda con el FMI y cumplir con las metas establecidas por el organismo internacional. Sin embargo, la última semana solo se pudo quedar con 1 de cada 3 dólares provenientes de la segunda versión del dólar soja. Mientras, estos sectores capitalistas generan ingresos millonarios a costa de la destrucción de la salud de las personas y del ambiente en general.

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“El agronegocio mata”

Esta frase, que levantan desde hace décadas los pueblos fumigados, lejos de ser una exageración como quieren presentar los sojeros y los sucesivos gobiernos, es un contundente resumen de las consecuencias que trae el uso descontrolado de los agrotóxicos. Un análisis en Baradero dio que el 40% de los niños de una escuela tienen glifosato en la sangre.

Desde hace años, vecinos de distintas localidades y provincias, asambleas socioambientales, investigadores y científicos presentan evidencias sobre los problemas de salud de las personas que trabajan en el campo o que viven cerca de las zonas de fumigación, del envenenamiento de la tierra, dejándola prácticamente sin utilidad para nuevas cosechas, del agua, del aire, y, desde ya, de los alimentos que consumimos todos los días.

Es necesario prohibir el trigo y la soja transgénica, regular el uso de fertilizantes y plaguicidas, prohibir las fumigaciones por aviones, establecer distancias mínimas de fumigación terrestre para no afectar a las comunidades, fijar resarcimientos económicos a las pequeñas producciones y la cobertura de tratamientos de salud a las familias afectadas, destinar los recursos para remediar los suelos y cursos de agua, costeado por los pulpos agrarios y semilleros, aumentar el presupuesto de los organismos de control y ponerlos bajo la supervisión de sus trabajadores. Este planteo integral apunta a la progresiva erradicación de los agroquímicos y a una transición a una nueva forma de producir, que tenga como eje vertebrador el cuidado de la vida y el ambiente y no la ganancia capitalista. Es un planteo que solo puede llevar adelante la clase obrera de nuestro país.

 

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