Ambiente
23/2/2026
Córdoba: graves denuncias sobre incidentes y riesgos ambientales en Dioxitek
Siniestros ocultos e incumplimiento de normas de seguridad e higiene en la productora de dióxido de uranio.
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Planta de Dioxitek en Còrdoba.
En un extenso artículo publicado por Ary Garbovetzky en La Voz del Interior el 21 de febrero se exponen graves falencias en controles y normas de higiene y seguridad en la empresa estatal Dioxitek. El periodista menciona también que hubieron al menos dos incidentes comprobados, ocurridos en mayo de 2023 y junio de 2024, que revelan la gravedad de la situación y la peligrosidad de la planta que se encuentra ubicada en el corazón de un populoso sector de la ciudad como es barrio Alta Córdoba.
La cadena de responsabilidades involucradas en esta situación de riesgo ambiental incluye a quienes han gestionado la empresa -que, paradójicamente, luego ascienden y ocupan puestos claves en los organismos de control del gobierno nacional-, y a las autoridades de gobierno de todos los niveles, desde el municipal al nacional.
El actual intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, al igual que sus predecesores en el cargo, permite que un predio industrial en estado deteriorado de mantenimiento y falta de inversión funcione cuando existe normativa de ordenamiento territorial que lo prohíbe expresamente. Igual responsabilidad le corresponde el exintendente y actual gobernador Martín Llaryora, y a su secretaria de Ambiente, Victoria Flores; así como en el orden nacional a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, responsable de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), y al Ministro de Economía Luis Caputo, de quien depende la Secretaría de Asuntos Nucleares.
Se trata de una empresa de mayoría estatal, productora de dióxido de uranio, combustible con el que funcionan las tres centrales nucleares existentes en el país, y que sigue funcionando en una zona urbana pese a que fuera emplazada en diferentes momentos a trasladarse en función del riesgo que generan los materiales que almacena. El anuncio de su reinstalación en un predio ubicado en la provincia de Formosa fue rechazado por vecinos formoseños.
En el predio se acumulan 57.600 toneladas de residuo de uranio, sin protección de geomembrana, con residuos de cromo hexavalente no radiactivo, además de otros materiales combustibles de altísima peligrosidad como metanol, hidrógeno, amoníaco, JET A1 -combustible para aviones- y otros no combustibles pero gravemente contaminantes e inflamables -nitrato de amonio, ácido nítrico-, lo que constituye un combo alarmante sin que las autoridades tomen cartas en el asunto.
La empresa mantiene en secreto, con cláusula de confidencialidad para sus empleados y exempleados, cualquier incidente que ocurra, además de funcionar sin auditorías externas de organismos independientes que permitan evaluar objetivamente la situación. Esto ha sido denunciado por el biólogo Montenegro (Funam), y en la Legislatura se presentó un proyecto de ley para que la provincia sea autoridad de contralor, aunque por el cuadro de responsabilidades anteriormente descripto, el gobierno no puede estar en ambos lados del mostrador.
A pesar de las trabas existentes los trabajadores han hecho conocer fallas flagrantes en los mecanismos de funcionamiento de la maquinaria, que los exponen a ellos y a los vecinos de la ciudad a gravísimos daños como consecuencia de la acumulación de radiación en sus cuerpos, sin que existan controles ni dosimetrías periódicas que lo cuantifiquen.
Estamos frente a una situación de riesgo ambiental susceptible de estallar frente a nuestras narices, convirtiéndose en una verdadera catástrofe, sin que las autoridades hagan nada para enfrentarla.
Desde Tribuna Ambiental nos sumamos a las voces que denuncian la gravedad de esta situación y el peligro real y potencial de esta empresa, diez veces más peligrosa que el depósito químico Raponi que explotó el 6 de noviembre de 2014 tan sólo a 500 metros de Dioxitek causando graves daños. Hacemos responsables a los tres poderes, tanto de la municipalidad, como la provincia y la nación por mantener este estado de situación, poniendo en peligro a miles de cordobeses y la calidad del ambiente en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana.
Con la reforma laboral en curso de aprobación no sólo se consagrará un retroceso en la legislación laboral y la pérdida de conquistas obreras que costó décadas de lucha conseguir. También se disipan las oportunidades de resarcimiento para las y los trabajadores de Dioxitek frente al daño físico y psicológico al que son sometidos.
La única salida posible pasa por erradicar de inmediato la planta en zona urbana de Dioxitek y por ponerla bajo control obrero, eliminando todos aquellos aspectos nocivos que la gestión capitalista ignora en función del lucro privado, readecuando la producción en términos compatibles con la preservación de los puestos de trabajo y el resguardo del ambiente, o incluso operando una reconversión productiva.
La lucha por poner fin a la barbarie de la gestión capitalista y al Estado que la sostiene plantea como conclusión una cuestión clave: la necesidad de impulsar la lucha por un nuevo régimen social bajo la dirección de los trabajadores, que termine con la destrucción de las condiciones de vida, de trabajo y del ambiente. Si el capitalismo destruye el planeta, como vemos cotidianamente, destruyamos al capitalismo.
