En los primeros días de noviembre se cumplieron 14 años del Catanazo, la histórica movilización que puso en la agenda política la cuestión de la Ceamse y los basurales en La Matanza. La magnitud del reclamo fue tal que el entonces gobernador Felipe Solá declaró que lo cerraría; pero no lo hizo. Fernando Espinoza, intendente en aquel momento y ahora, es responsable de que este basural continúe operando, y de los diversos procesos que vienen deteriorando nuestro ambiente en el territorio matancero.

En un territorio con una alta densidad poblacional, escasean los espacios verdes. Una parte importante de los pocos que aún se mantienen forman parte de la cuenca Matanza-Riachuelo, que abarca 2.200 kilómetros cuadrados de 14 municipios que involucran a 3.500.000 de habitantes. El manejo y gestión de la cuenca corre por cuenta de Acumar (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo), que institucionaliza los niveles locales, provinciales y nacionales del Estado en lo que hace al ambiente, la salud e infraestructura.

Con Acumar, con los diferentes gobiernos, y con el Poder Judicial, nos hemos chocado los trabajadores que planteamos la preservación de la cuenca, la asignación de un presupuesto acorde, y reclamamos un plan de manejo de los diferentes espacios verdes, como la Reserva de Ciudad Evita y Laferrere, que aún existen como pulmones de la densa trama urbana.

La Reserva de Laferrere viene avanzando en la apropiación y legitimidad social gracias a la lucha vecinal. Hace más de un año los vecinos vienen presentando en el Concejo Deliberante un proyecto que contiene los diferentes aspectos para una preservación integral del espacio. Desde el Partido Obrero apoyamos ese planteo e impulsamos el proyecto como parte del bloque del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, para que el predio efectivamente se convierta en una reserva.

Pero esta situación se combina con la cotidiana contaminación de la producción capitalista. La fábrica Klaukol instalada en Virrey del Pino, una de las más emblemáticas en contaminación, viene siendo cada vez más cuestionada por la población matancera. El sílice que emana al aire, entre otros metales pesados, pone en riesgo la salud de los trabajadores y del barrio. Nuevamente, Espinoza y el Poder Judicial desoyen estas denuncias, mientras los vecinos sufriendo diferentes sufren amedrentamientos, represión e incluso detenciones arbitrarias y judicialización de la protesta, como ocurrió en la plaza de San Justo recientemente.

La situación ambiental es parte de las condiciones generales de vida del conjunto de los trabajadores. En La Matanza hay una serie de déficits en cuanto a vivienda, acceso al servicio de cloacas, conexión a red de agua potable, atención sanitaria y servicios educativos, entre otros. Es por ello que la tan atacada recuperación de tierras en diferentes tomas implica un debate que también atraviesa al movimiento ambiental.

La cuestión de la propiedad y el uso del suelo es un debate fundamental, y tiene que plantearse desde un punto de vista de clase atendiendo las situaciones concretas. El derecho a la vivienda no tiene por qué rivalizar con el derecho a la preservación del ambiente. La responsabilidad de garantizar que las familias accedan a un terreno o una vivienda en zonas aptas y ambientalmente sustentables es del Estado. Pero como este defiende la especulación inmobiliaria -al punto de desalojar violentamente las tomas-, se evidencia que solamente si se planifica el desarrollo urbano en función de los intereses de las mayorías trabajadoras puede garantizarse el acceso a la vivienda de forma tal que se respete la naturaleza y el ambiente.

Lo misma vale en términos generales para todo el país. La lucha contra la depredación ambiental requiere enfrentar el pacto que negocia el gobierno de Alberto Fernández con el FMI, con el aval de la oposición patronal, porque es en función de cumplir con el repago de la deuda que se promueve como nunca la megaminería, se destina el “aporte solidario” a subsidiar a los pulpos petroleros del fracking, se ofrecen beneficios a las sojeras y se intenta poner en marcha el acuerdo porcino con China a pesar del rechazo popular que se expresó en reiteradas jornadas nacionales de movilización.

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero de La Matanza planteamos unir todas estas luchas en un frente común, con un programa y acciones en conjunto. Para dar la pelea por un banco de tierras disponibles, que sea parte de un plan de urbanización planificada que incluya la construcción de viviendas apropiadas a las necesidades y el desarrollo integral de las familias obreras.

Exigimos además obras contra las inundaciones y el saneamiento de la Ceamse bajo control de los vecinos y trabajadores, la declaración y efectiva preservación de las áreas de las reservas naturales en el distrito con los recursos necesarios bajo la gestión de las organizaciones vecinales y de trabajadores.

Todo este proceso vivo que abarca una enorme historia de lucha y suma a las nuevas generaciones evidencia la necesidad de la independencia política del Estado y sus partidos, en la perspectiva de aportar y fortalecer una alternativa política obrera y socialista que ofrezca una salida a la crisis capitalista. Abajo el régimen de los depredadores del ambiente.

https://prensaobrera.com/ambiente/entre-la-demagogia-ambiental-y-el-aporte-solidario-para-los-pulpos-del-fracking/

https://prensaobrera.com/ambiente/la-responsabilidad-es-de-los-que-gobiernan-para-los-pulpos-contaminantes/