La crisis ambiental es un problema presente para toda la sociedad. Sin embargo, los gobiernos de todo el mundo siguen avanzando en políticas depredadoras, mientras apelan a un discurso verde que se muestra como una farsa a la luz de los hechos. La pandemia puso de relieve que ello engendra catástrofes para la humanidad. En nuestro país crecieron exponencialmente los procesos de lucha en los últimos años, contra la megaminería a cielo abierto, por la protección de bosques y humedales, contra la deforestación y las fumigaciones con agrotóxicos, y recientemente el repudio al acuerdo con China para instalar megagranjas porcinas o a la exploración petrolera sobre el mar argentino. Cabe entonces preguntarse: ¿cómo se plasman estas luchas en el terreno electoral?

La depredación ambiental es una política de Estado. Desde el menemismo, todos los gobiernos han profundizado el dominio complejo exportador sojero-cerealero, en manos de un puñado de pulpos extranjeros, cuya producción se basa en desmontes y la expulsión de pueblos originarios y familias campesinas de sus tierras. En lugar de erradicar el hambre, como decían, hoy la pobreza alcanza a cerca de la mitad de la población. Lo mismo se observa en las provincias mineras, donde se explotan los bienes naturales a costa de la salud de la población, la contaminación del agua y la precarización laboral de sus trabajadores.

El actual gobierno es una continuidad clara con todo eso. El canciller Felipe Solá fue en 1996 impulsor de la soja transgénica como ministro de Menem, y hoy pretende sellar el acuerdo porcino con China. Alberto Hensel, garante como funcionario de San Juan de la entrega de la provincia a la Barrick Gold, es ahora el secretario de Minería de la Nación encargado de presionar por la habilitación de la minería a cielo abierto allí donde permanece bloqueada por la resistencia popular, como Chubut o Mendoza.

Un ejemplo claro es lo que sucede con la Ley de Humedales. Durante 2020 los incendios en las Islas del Delta del Paraná demostraron el avance de los terratenientes, la expansión de la frontera agroganadera y la especulación inmobiliaria. La desidia de los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos y del gobierno nacional contrastó con grandes movilizaciones, que obligaron a los bloques de la Cámara de Diputados a dar dictamen favorable a un proyecto unificado de los diversos proyectos de ley de preservación de humedales en la Comisión de Recursos Naturales. Pero al día de hoy, pasados casi diez meses, sigue cajoneado por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

El fondo de la cuestión es que el eje articulador de toda la política económica es el repago de la deuda externa al FMI y los bonistas, para lo cual como explícitamente confesó Juan Cabandié no queda otra que contaminar. Es un refutación categórica a quienes planteaban que la creación de un Ministerio de Ambiente encausaría los reclamos ambientales. Es una cuestión de los intereses sociales para los que se gobierna.

Lo mismo vale para Juntos por el Cambio, que allí donde gobierna avanza sobre los espacios verdes a negociados inmobiliarios o emprendimientos capitalistas, como se manifiesta en la entrega del acceso al Río de la Plata en CABA. De allí, no hay mucho trecho para arribar a planteos como los del ultraderechista Javier Milei, que es un negacionista del cambio climático a imitación de Trump y Bolsonaro.

A la hora de avanzar sobre los bienes naturales, la famosa “grieta” entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no es tal. Quienes están en la vereda de enfrente son los activistas y asambleas, las organizaciones socioambientales y la izquierda que en todo el país nos movilizamos contra cada atropello. Las mineras, las petroleras, los terratenientes y quienes gobiernan para ellos, de hecho, defienden los negocios a fuerza de represión y persecución judicial, como se vio claramente en Andalgalá.

Al interior del movimiento ambiental existe un debate. A partir de las reiteradas movilizaciones se conformó hace un año la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que en todo el país actúa como un frente único de lucha, pero un camino opuesto han seguido agrupaciones como Jóvenes por el Clima y Eco House, que han abandonado las calles para no enfrentarse al gobierno del Frente de Todos, y se han plegado como elenco de los spots de Leandro Santoro en la Capital.

Llamamos a todos los que luchan por el clima a apostar por una verdadera alternativa que plantee una transformación de la sociedad sobre otras bases. Las listas Unidad del FIT-U aglutinan a luchadores y luchadoras que en cada provincia se han enfrentado a las mineras, las petroleras, la especulación inmobiliaria y el agronegocio. Cada voto a Frente de Izquierda refuerza políticamente las peleas que se vienen, para derrotar a los que gobiernan para los saqueadores. A quienes el hartazgo de quienes de vienen alternando en el poder los lleva a pensar en no acudir o votar en blanco, los llamamos a sumar esfuerzos en esta perspectiva de lucha contra la depredación capitalista, reforzando la presencia de aliados del movimiento en concejos, legislaturas y el Congreso.

Los candidatos de la izquierda han sido probados en su intervención en los parlamentos, como demuestran los proyectos de Ley de Humedales y de prohibición de desmontes presentados por Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, el rechazo de Gabriel Solano y Myriam Bregman a la venta de la Costanera en Capital, la iniciativa de Soledad Díaz en Córdoba que otorga poder de veto a las asambleas vecinales y organizaciones socioambientales sobre los intentos de cambiar el uso del suelo, o el apoyo a la Iniciativa Popular 2020 de Gloria Sáenz en Chubut, entre tantos otros.

Votemos a la lista Unidad 1A del FIT-U. Es el único voto que les duele a los depredadores ambientales, y refuerza la lucha contra el saqueo.