El presidente Alberto Fernández encabezó este martes, junto al jefe de Gabinete Juan Manzur y al ministro de Ambiente Cabandié, un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, en el que presentó su “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático para 2030”. La iniciativa de Fernández contiene una serie de medidas para “reducir la emisión de gases de efecto invernadero” y “disminuir la vulnerabilidad de Argentina frente al cambio climático”.

El gobierno montó una cortina de humo, ya que su política económica se reduce a intentar cumplir con las exigencias del FMI sobre la base del remate de los activos del país y del saqueo de los recursos naturales, algo incompatible con cualquier tipo de cuidado del ambiente. La explotación de Vaca Muerta con el método del fracking, la tentativa de establecer la exploración petrolera offshore en las costas de Mar del Plata, la promoción abierta del agronegocio a nivel nacional, el cajoneo sistemático de la Ley de Humedales, y la entrega del litio a empresas corruptas como Livent, son tan solo algunos ejemplos de esta orientación.

En su alocución, Fernández dijo que la región latinoamericana “no es culpable de las crisis ambientales que azotan al mundo”, y utilizó a Argentina como demostración de aquello, señalando que el país solo emite un 0,8% de los gases de efecto invernadero. Lo de Fernández es una verdad a medias, toda vez que los gobiernos capitalistas, como el del peronismo, son cómplices de los Estados imperialistas y sus empresas, las cuales destruyen el ambiente de continentes como América Latina. Asimismo, en Argentina se han producido verdaderas catástrofes ambientales, varias de ellas bajo su mandato.

Hace poco nueve provincias del país quedaron bajo el fuego del agropower y del capital inmobiliario, lo que tuvo consecuencias devastadoras para las poblaciones locales, la fauna y el ambiente tomado de conjunto. Solo en Corrientes, por ejemplo, se destruyeron 300.000 hectáreas de humedales. Esto fue el producto de la política oficial de entrega de los recursos del país a los grandes grupos económicos contaminadores. En este cuadro, organizaciones ambientales han denunciado recientemente que en el Delta, una de las regiones afectadas por los incendios, se avanzó en la construcción de terraplenes, en desmontes y en el ingreso de maquinarias, “todas actividades prohibidas por un amparo de la Justicia federal” (Infobae, 2/11).

Cabandié también tomó la palabra en el evento, para decir que la gestión de Fernández “aumentó por 10 el presupuesto asignado a la problemática (ambiental)” y creó la cartera que el ministro actualmente conduce. La realidad muestra lo contrario, el gobierno ha venido recortando el dinero destinado a las áreas que tienen que ver con el ambiente; incluso el de algunas muy sensibles como las que se hallan relacionadas al combate contra el fuego. En el fondomonetarista Presupuesto 2023, caen en términos reales (descontando los efectos de la inflación) los recursos previstos para Ambiente, a la vez que “los fondos para la conservación de los bosques continúan siendo inferiores a los dispuestos por ley” (Chequeado, 28/10).

Mención especial merece el momento de la jornada en el que el jefe de Estado saludó la victoria de Lula da Silva en los últimos comicios que se desarrollaron en el país carioca. Fernández aprovechó la oportunidad para reivindicar la política ambiental del gobierno del PT; en ese sentido, dijo “gracias a Dios (ahora) hay alguien que va a cuidar el Amazonas”. Sin embargo, bajo su mandato, Lula entregó la Amazonia al capital sojero y la deforestación avanzó considerablemente, sobre todo en 2008, año en el que se deforestaron 12.911 kilómetros cuadrados; ese récord solo fue superado por el gobierno del ultra Jair Bolsonaro.

Entretanto, este jueves 3, organizaciones defensoras del medio ambiente se movilizarán al Congreso para reclamar la implementación de la Ley de Humedales, la cual fue cajoneada nuevamente luego de un pacto entre el gobierno y la oposición derechista. Es una acción de lucha que hay que masificar, siguiendo el camino de las grandes puebladas contra la megaminería y la depredación ambiental, como las que tuvieron lugar en Chubut y Mendoza. El gobierno, con su política, no hará más que agravar el desastre ambiental; no tiene ningún plan para luchar contra el cambio climático, porque es tributario de un régimen social incompatible con el cuidado del ambiente. Luchemos contra ello y para echar a Cabandié.