Luego de que un masivo paro en CABA y en la provincia de Buenos Aires convocado por Ademys y las seccionales Multicolores de los Sutebas arrancara la resolución presidencial de suspensión de clases, los cruces mediáticos entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta desataron una crisis política que expresa la incapacidad de las fuerzas políticas patronales para dar una salida a la crisis social y sanitaria que profundizó la segunda ola.

Mientras se desarrolla un debate mediático entre el jefe del gobierno porteño, que ajustó su discurso y ahora sostiene que las escuelas “no son el mayor foco de contagio” y el gobierno nacional, que hasta horas antes a al anuncio presidencial sostenía que “las aulas no eran una fuente de infección”, las patronales de las escuelas privadas han metido la cola en el debate.

Desde las cámaras patronales, entre ellas AIEPBA, afín a Cambiemos, se presiona para mantener las escuelas abiertas a pesar de la crisis sanitaria.

Varias de las patronales de las empresas educativas convocaron junto a familias nucleadas en espacios tales como “Padres Organizados” (un espacio impulsado por sectores vinculados a Cambiemos) a las usuales movilizaciones de los anticuarentena de los sábados por la tarde. Para este lunes promueven abrazos a las escuelas y una nueva movilización a la Quinta de Olivos.

Mientras el Jefe de Gobierno porteño emprendió una cruzada mediática con el reclamo judicial frente a la Corte Suprema como bandera, los sectores anticuarentena azuzan el llamado a la desobediencia civil. Es así que algunos colegios como el Esseri de La Plata (vinculado a la familia Prat Gay), se declararon en rebeldía y sostuvieron que abrirán sus puertas el lunes a pesar del DNU. Como parte de la especulación electoral Cambiemos moviliza toda su red para cuestionar la ya socavada autoridad presidencial.

Estos sectores argumentan que los estudiantes no pueden perder otro año de escolaridad, aludiendo al fracaso de la virtualización educativa de 2020 que dejo a miles de estudiantes desescolarizados. Pero la responsabilidad de este fracaso pesa sobre el Estado que ejecutó un presupuesto de ajuste para pagar a los acreedores externos. Esta orientación de ajuste persiste y es común al gobierno nacional y al porteño en los presupuestos 2021. En las conferencias de esta semana que los titulares del ejecutivo nacional y de la Ciudad dedicaron al debate sobre la suspensión de las clases presenciales, no se anunció ninguna medida o fondo destinado a afrontar la situación.

Otro tanto les cabe a las patronales de las empresas educativas, durante un año de pandemia recibieron asistencia especial del Estado que se sumó a los subsidios y exenciones impositivas que históricamente reciben. Sin embargo, fueron los docentes los que sustentaron con sus salarios la conectividad y los equipos que permitieron el pase a virtualidad.

La supuesta baja de la matrícula y el crecimiento de la morosidad, sin apertura de libros que pueda constatarlo, fueron las excusas para plantear la emergencia del sector y aumentar la presión sobre la docencia. De esta manera, pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores con despidos, pases a disponibilidad, recortes salariales y aumento de los ritmos de trabajo. En un escenario de falta de vacantes en la Ciudad cobra especial vigencia la exigencia de que, en caso de quiebra, cierre o de declaración de insolvencia, se proceda a la estatización de los establecimientos educativos de cualquier nivel y/o modalidad del ámbito privado.

En la actualidad el 55% del sistema educativo está en manos de la gestión privada, es por esto que la organización común de todo el gremio es una tarea fundamental. Las patronales de escuelas privadas se rigen como un estado dentro del estado sustentado con fondos públicos. De la misma manera que deciden no acatar el paso a la virtualidad, no respetan el estatuto docente. En este cuadro, al ya limitado ejercicio de los derechos laborales de la docencia, se agregó el desconocimiento de las dispensas que regían para pacientes de riesgo, de las licencias por enfermedad que fueron frecuentes producto de la sobrecarga laboral. Incluso las patronales atacaron a la organización docente en defensa de la salud allí donde se desenvolvía.  Así es que la patronal de ORT avanzó con despidos ilegales y persecutorios tras la adhesión al paro que reclamó el pase a la virtualidad el miércoles pasado.

Pero el lobby patronal y los intereses de los gobiernos por mantener las ganancias capitalistas, no excluyen que existan preocupaciones genuinas de la docencia y las familias frente a la suspensión de las clases presenciales tras la experiencia frustrada de la virtualidad el año pasado. La improvisación y la falta de inversión profundizaron la preexistente crisis educativa.

Con presencialidad o virtualidad, los gobiernos de todos los signos sostienen el lema “costo cero”; tras un año de pandemia no han avanzado en la adecuación de la ya precaria infraestructura escolar, ni garantizado conectividad y equipos para los docentes y estudiantes, y han establecido una pauta paritaria que ya fue superada por la inflación. Esto expresa la falsedad ideológica que hay en las posiciones que confrontan sobre la educación. En definitiva, ambas posiciones son variantes de un mismo planteo aperturista que tiene como único objetivo resguardar la continuidad de la actividad económica a cualquier costo mientras se disparan los casos y se desborda el sistema de salud.

Los límites de este régimen para ofrecer una salida progresiva a la crisis educativa contrastan con la lucha de la docencia y la juventud por la defensa de la educación pública con un programa que incluye la vacunación para todxs, el reclamo de conectividad y dispositivos para garantizar las cursadas virtuales, las dispensas de cuidado y para familiares de riesgo, las designaciones necesarias para el acompañamiento pedagógico, la garantía de alimentación para las familias, subsidio a los desocupados, el aumento salarial y la garantía del salario para los docentes sin cargo.

La docencia de las escuelas privadas debe sumarse a este movimiento luchando contra los despidos, las rebajas salariales y por las condiciones de trabajo. La salida es la organización unitaria del conjunto de la docencia bajo un programa de independencia de los trabajadores por el salario, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y el conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores de la educación.