Sin invertir un solo centavo en materia edilicia y tras haber cerrado paritarias de hambre, el Ministro de Educación de la provincia, Walter Grahovac, pretende que las clases comiencen el 19 de febrero para los últimos años de cada ciclo y el 1º de marzo, para el resto de los cursos.

Grahovac declaró que “estamos trabajando para tener nivel de presencialidad; estamos viendo las cuestiones sanitarias, los edificios. Nuestra idea es que aún no teniendo totalmente normalizada la pandemia podamos ir aplicando clases no a lo mejor con el mismo régimen de cuando no había pandemia que era de lunes a viernes, pero seguramente estamos apuntando a que los chicos tengan combinación entre presencialidad, la mayor posible, con mantener cierto nivel de virtualidad”, (Radio Mitre 11/1).

Además, reiteró que el 1º de marzo comenzarán las clases en Córdoba con una “combinación” entre la presencialidad y la virtualidad. El funcionario deseó que la vacuna -que se aplicará también a docentes- “mitigue los riesgos de contagio y podamos tomar la actividad” (Ídem 11/1).

Se pretende, así, adoptar el paquete de medidas aprobado por la provincia a finales del pasado año y que fuera aceptado sin miramientos por Juan Monserrat, secretario general de la UEPC (Unión de educadores de la provincia de Córdoba). La presión por la vuelta a clases de sectores que se manifestaron incluso en las puertas de la Legislatura provincial, no fue puesto a debate en las escuelas ni con les docentes. Incluso fracasaron en un intento de organización de actos de fin de curso, con protocolos impracticables y sin ninguna garantía por parte del Estado en su implementación.

Pretendieron y pretenden dejar librado a la suerte de cada escuela y su equipo directivo las responsabilidades de aperturas aunque sea parciales, lo que demuestra la total improvisación y la falta de inversión en materia educativa antes y durante toda la pandemia. Mientras eso ocurría, el sindicato Uepc diseñó junto al gobierno un ataque sin precedentes al Estatuto docente, abriendo la puerta a la reforma laboral que ya había implementado con pruebas piloto.

Mientras miles de docentes permanecerán en condiciones de interinos o suplentes sin poder alcanzar la estabilidad laboral, en nivel Superior, un Memo reacccionario emitido por la dirección de Nivel plantea un cupo de 30 alumnes para abrir cursos en los Institutos de formación superior, o sea el cierre liso y llano de varios de ellos. Esto desató a fin de año una manifestación generalizada, sobre todo en varios lugares del interior, como Bell Ville, Río Tercero o Villa María, rechazando el memo 03/20. En este clima y con un repudio avanzado a la conducción de Uepc por todos estos ataques, finalizó el 2020.

La medida de la apertura a como dé lugar va en línea con las declaraciones del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien afirmara que el 1 de marzo empiezan las clases presenciales en todo el país. Las escuelas de la provincia no están en condiciones.

Como ya hemos denunciado sobradamente, no ha habido inversión alguna materia educativa durante el pasado año 2020. Nada se está haciendo en las escuelas durante el periodo de vacaciones y se pretende una vuelta a clases que solo muestra la incapacidad de manejar sanitariamente la pandemia generada por los rebrotes de Covid-19 que se están multiplicando exponencialmente en todo el país y el mundo.

A contramano de Europa y otros países, que han decidido cerrar las escuelas por encontrar en ellas un vector de propagación del virus, aquí, el mensaje expresado es el contrario. Pese al desmadre, las escuelas se abren, sin que en la discusión tengamos voz ni voto los y las docentes, alumnos ni familias, es decir, la comunidad educativa no es consultada y las medidas se toman en una oficina de la casa de gobierno, con la complicidad de la burocracia sindical.

Las y los docentes debemos organizarnos. Tenemos una gran cita en el próximo Congreso Nacional de Tribuna Docente del 20 y 21 de febrero, en el que delegado-as de todo el país vamos a debatir y aprobar un plan de lucha para derrotar en ajuste en curso y exigir por las condiciones sanitarias y de seguridad para toda la comunidad educativa.

Una parte esencial de ese plan de lucha será la conformación en todas las escuelas de Comités de Salubridad, Seguridad e Higiene electos, que lo garanticen; la defensa de la educación pública y de las condiciones salariales y laborales de la docencia. Un punto central es continuar la lucha que emprendimos para dar por tierra con el Memo de educación Superior, para derrotar este intento del gobierno de seguir destruyendo nuestras condiciones laborales y la educación de les alumnes, en este punto ya está organizada un asamblea de docentes y estudiantes de Superior en lucha, para febrero.

Debemos, también, exigir que se cubran absolutamente todos los cargos y horas cátedra, para que ningún alumno o alumna esté sin docente y ningún o ninguna docente sin trabajo. Exigir que se lleven adelante todas las obras de infraestructura necesarias para garantizar una apertura de escuelas segura para toda la comunidad. Hay que luchar por el 82% móvil para jubilados y jubiladas y que se deroguen todas las leyes que no lo garantizan.