El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que incorporará en el ciclo lectivo 2022 una cátedra de “educación financiera” para los estudiantes del último año de secundaria en escuelas públicas y privadas. La ministra de Educación porteña Soledad Acuña precisó que se destinarán 30 horas de cátedra relacionada con esta materia, y que los contenidos no serán brindados por docentes, sino miembros de las empresas privadas del sector “FinTech” como Ualá, Mercado Libre, la Cámara de Fintech de Argentina, Mujer Financiera, Ripio, Balanz, Afluenta y Poincenot. En cuanto a los contenidos que impartirán las empresas en las escuelas públicas: importancia de la educación financiera; buenos hábitos; orientación vocacional; billeteras electrónicas y criptomonedas; consumo responsable; plan de ahorro y productos de crédito; reglas de oro para tus finanzas. Un paso más de parte del gobierno para avanzar en la degradación y privatización educativa.

“Esto se suma al plan para desarrollar habilidades blandas y a las 120 horas de prácticas educativas en ámbitos laborales. En @educacionba queremos preparar a los jóvenes para el mundo laboral e igualar oportunidades. La educación de hoy es el futuro de los estudiantes”, agregó Acuña. Esta medida se suma al anuncio realizado por Larreta en diciembre sobre las “prácticas profesionalizantes”. Las mismas serán de 120 horas, de carácter obligatorio y gratuitas. No son políticas aisladas: ambas medidas se encuadran en las reformas antieducativas llamadas Secundaria del Futuro (SdF), la cual representa la profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES).

Bajo la impostura de “preparar a los jóvenes para el mundo laboral”, el gobierno porteño esconde su propia responsabilidad sobre la degradación educativa a favor de los empresarios. Con la Secundaria del Futuro se recortaron contenidos de economía, administración y contabilidad en las escuelas comerciales. Esta política también deja de lado a los docentes, dejando en manos de empresarios la educación.

Con este nuevo anuncio, se demuestra la política privatizadora del gobierno de Larreta y Acuña, lejos de las demandas de las comunidades educativas. Comenzando para las vacantes para todos los niveles educativos, pasando por el recorte de la educación especial (cerrando su formación integral y laboral y afectando a más de 600 personas de hasta 50 años que asisten a escuelas cuyos tramos pedagógicos los contienen en sus proyectos), el avance en la implementación de la Unicaba, la universidad privatista. Sigue vigente el reclamo por computadoras y WiFi para todos los niveles, luego de dos años de pandemia y profundo recorte presupuestario; que ha dejado como resultado a miles de pibes por fuera de la educación.

Estas reformas que han encontrado su marco nacional en la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo, son la otra cara de la moneda de la reforma laboral pretendida por el Fondo Monetario Internacional, que traerá mayor ajuste para quienes estudiamos y trabajamos. Las reformas educativas vienen a imponer modificaciones profundas que apuntan a adaptar la educación a un mundo laboral precarizado, que desconoce cualquier conquista por parte de les trabajadores y sus convenios colectivos. La falta de formación es otra pata argumental del Gobierno de la Ciudad para explicar la desocupación en la juventud. Sin embargo el discurso toyotista no encuentran línea de continuidad con la realidad. Los índices de desocupación en la Argentina son de extrema preocupación, y se deben ante todo a la carencia de trabajo genuino bajo convenio. Larreta pretende colocar entonces otra viga en favor de los empresarios y de la desocupación y precarización de la juventud, cuyos índices de pobreza son estremecedores (Prensa Obrera, 9/12/21).

Debemos rechazar esta nueva intentona privatizadora que solo busca favorecer al capital y no la educación pública.