Desde hace casi dos semanas se desarrolla en el país canalero un proceso de protestas y huelgas contra el ajuste del gobierno de Laurentino Cortizo. El detonante directo fue el impacto de la inflación en una serie de productos básicos de consumo popular como consecuencia de la crisis mundial. Pese al congelamiento de precios anunciado por el mandatario, la lucha de clases no se ha atenuado.

Las protestas tuvieron su origen con un paro dispuesto por el gremio de maestros y profesores en la provincia de Veraguas, lo que fue seguido por acciones de lucha del movimiento indígena y del poderoso sindicato de la construcción Suntracs. Estas tomaron la forma de piquetes, movilizaciones y construcción de barricadas en diversos puntos del país.

Los obreros de la construcción han avanzado en la realización de una huelga por un aumento salarial, que fue de la mano de un corte en accesos a la capital. Entretanto, los maestros han ido a la huelga y movilizado a la Asamblea Nacional, reclamando un aumento generalizado de salarios. Los trabajadores de la construcción ya han protagonizado luchas contra el otrora gobierno de Juan Carlos Varela, el cual implementó en 2018 un paquete de ajuste que trajo consigo un aumento del 8% en la tarifa de luz y adeudaba millones de dólares en materia de salarios.

Las acciones de lucha que se desarrollaron en las inmediaciones de la Asamblea fueron antecedidas por acampes y cacerolazos. El corte de carreteras por parte de sectores de la clase obrera tuvo lugar en lugares como Santiago, Aguadulce o Penonomé; y se han potenciado cuando la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá sumó su aporte a las medidas de fuerza.

Las protestas actuales no se reducen simplemente a demandas de características económicas, sino que también apuntan contra el régimen político tomado de conjunto, el cual es visto por importantes franjas de la población laboriosa como corrupto.

En este marco, los movilizados han rechazado las disposiciones gubernamentales y se encuentran reclamando por una rebaja mayor de los precios. Los sindicatos se hallan exigiendo que el precio del galón baje hasta los 3 dólares y que se lleve adelante una reducción más pronunciada de los precios de los productos básicos.

Una porción de la burguesía, como la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (Apede), ha dicho que las medidas dispuestas por el gobierno no surtirán ningún efecto en los precios de las mercancías y ha levantado un planteo represivo contra las protestas. Cortizo ha tomado nota de las presiones de los capitalistas y convocó a una mesa de negociaciones con las direcciones de los sectores en lucha, lo que estará mediado por la Iglesia católica.

Asimismo, el gobierno de Cortizo aprovechó las medidas que tomó frente a la crisis para introducir un nuevo ataque contra los trabajadores, con una reducción del 10% de la planta estatal. Esto lo ha hecho bajo el velo de una avanzada contra los “privilegios” de los funcionarios, los cuales están en la mira del movimiento popular. Las remarcaciones de precios en las que se ha embarcado la burguesía que opera en el país fueron justificadas en nombre de los sacudones que produjera la guerra en Europa.

Cortizo es miembro del Partido Revolucionario Democrático, una tendencia política “socialdemócrata” que gobierna el país desde julio de 2019. La administración de Cortizo se distingue por su carácter marcadamente proimperialista y por haber introducido en 2020 una reforma laboral reaccionaria. El presidente ha mantenido el carácter colonial de la economía panameña y no ha ido contra la influencia que posee Estados Unidos en el estratégico Canal de Panamá, que usufructúa los beneficios del 72,5% de la carga. Se trata de una región codiciada por grandes jugadores del tablero político internacional, como China, que tiene importantes inversiones allí.

El impacto de la bancarrota capitalista internacional ha causado estragos en la dolarizada economía del país canalero y la inflación mundial puede terminar asestándole un golpe demoledor, ya que le resta liquidez al sector agroexportador y encarece el préstamo internacional, dos componentes fundamentales de su ingreso. Además, Panamá es un gran importador de energía, una materia prima cuyo precio se encuentra en ascenso.

Panamá fue incluida en 2017 por el Banco Mundial en el top 10 de países más desiguales del mundo; en ese informe se destacaba que una de cada cuatro personas no tenía acceso a servicios de salud y una de cada cinco vivía por debajo de la línea pobreza. Según un informe de Wealth X elaborado en 2012, 115 millonarios en el país poseían una riqueza de $16 mil millones, casi la mitad del PIB de ese año (WSWS, 9/5/2019).

Las masas panameñas se han subido a la ola de protestas que recorren el globo, como en Ecuador y Sri Lanka. La crisis capitalista es el caldo de cultivo para el desarrollo de grandes convulsiones sociales.

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