El gobierno de la India está llevando a cabo sangrientas represiones, detenciones masivas y demoliciones de viviendas contra musulmanes que se movilizaron en rechazo a una serie de comentarios antiislámicos por parte de referentes del partido de gobierno, el BJP (Bharatiya Janata Party), una fuerza de orientación hinduista.

En el curso de las protestas indicadas, dos adolescentes fueron asesinados por la policía. También se produjeron cientos de arrestos y en el populoso estado de Uttar Pradesh los organizadores de las manifestaciones sufrieron la demolición de sus casas por parte de las autoridades. Es el método que aplica el sionismo en la Palestina ocupada (el año pasado se echaron abajo allí 937 estructuras –Monitor de Oriente, 14/6).

Desde el acceso al poder del primer ministro Narendra Modi, en 2014, los ataques contra la minoría musulmana (alrededor de 200 millones de personas) se han extendido. Además de las agresiones organizadas por las bandas que abrevan en el supremacismo hindú, el gobierno lanzó en 2019 una ley de ciudadanía que discriminaba a los musulmanes del extranjero y un registro de población que ponía en peligro de deportación a musulmanes nativos. Ello desató manifestaciones y enfrentamientos que dejaron cerca de 30 muertos. En medio de ese clima de inflamación sectaria, la Corte Suprema ordenó la construcción de un templo hindú en el preciso lugar en que se erigió durante siglos una mezquita que en 1992 fue destruida por grupos hinduistas. La resolución del máximo tribunal echó leña al fuego, desestimando incluso un fallo judicial previo que dividía el lugar entre los cultos.

La población musulmana en la India no solo padece la persecución y la represión. El 90% está en la pobreza y el 74% es analfabeta (El País, 26/2/20).

Para Modi, el aliento de las tensiones religiosas es un modo de dividir a las masas explotadas. Es un recurso precioso para un gobierno que ha enfrentado una rebelión campesina contra la eliminación de la compra de las cosechas a los agricultores por parte del Estado, y varios paros generales y huelgas parciales contra sus políticas privatistas y de precarización laboral.

Una de las medidas emblemáticas del primer ministro fue la anulación -en 2019- de la autonomía de la Cachemira india, una de las pocas regiones donde los musulmanes son mayoría. El territorio se encuentra totalmente militarizado y el gobierno promueve una política de asentamiento en la zona de población hindú. A fines de mayo, fue condenado a cadena perpetua un dirigente partidario de la independencia. Cerca de 200 militantes de ese sector fueron asesinados en lo que va del año.

El imperialismo mantiene un silencio cómplice frente a la represión, dado que India es un aliado contra China (forma parte del Quad, conglomerado que recientemente emitió una declaración contra Beijing por las tensiones en el Pacífico). De todos modos, las relaciones entre Washington y Nueva Delhi no atraviesan el mejor momento, debido a que el gobierno indio se mantiene neutral frente a la guerra en Ucrania -esto porque tiene un vínculo histórico con Rusia (proveedora de armamento) e incluso ha empezado a comprarle petróleo.

Los crímenes y la represión contra la población musulmana deben ser repudiados. Y, frente a las tensiones sectarias incentivadas desde el Estado, promovemos la unidad de las masas oprimidas contra el régimen capitalista.