La dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) es responsable de miles de ejecuciones, torturas, violaciones y desapariciones. Un baño de sangre que estuvo al servicio de los grandes grupos económicos chilenos y del imperialismo. Gracias a una ley de autoamnistía que preservó el régimen democrático, esos crímenes se mantienen en la impunidad, excepto por algunas condenas a cuentagotas que fueron arrancadas por la lucha de los organismos de derechos humanos, como la de los militares que torturaron y asesinaron al cantante Víctor Jara, recientemente condenados a prisión.

A casi cincuenta años del golpe que derrocó a Salvador Allende, el diario argentino La Nación publicó este domingo 10 un reportaje al exministro del interior británico, Jack Straw, quien estuvo en el ojo de la tormenta en los años 1999-2000, cuando el juez español Baltasar Garzón solicitó la extradición de Pinochet –quien se encontraba en el Reino Unido supuestamente por motivos médicos- por 94 casos de torturas contra ciudadanos españoles y el asesinato del diplomático Carmelo Soria.

El pedido de Garzón sacudió el tablero político internacional. En aquellos días, los periódicos y noticieros de la televisión de todo el mundo seguían a diario las novedades, los entretelones de un culebrón diplomático en el que se jugaba el destino del dictador chileno. Un operativo de los gobiernos del Reino Unido, España y Chile evitó finalmente esa extradición, y el 3 de marzo de 2000 Pinochet volvía a Santiago.

En la entrevista con La Nación, Straw –funcionario del gobierno laborista de Tony Blair- asegura haber recibido múltiples presiones, empezando por la exprimer ministro conservadora Margaret Thatcher. “Thatcher recordaba que Pinochet fue extremadamente colaborativo proveyéndonos inteligencia durante la Guerra de Malvinas y creía que aunque habían cometido algunos excesos, debíamos ignorarlos en favor del interés británico”, afirma Straw -si alguna infamia le faltaba a Pinochet, la cumplió con el rol jugado en el conflicto en el Atlántico Sur.

Al mismo tiempo, Straw indica que por aquellos días trascendió una investigación para apartarlo del caso como supuesta parte interesada. Esta afirmaba que en su juventud, en 1966, había participado de una delegación estudiantil que visitó el país trasandino. La investigación, indica Straw, fue financiada por la CIA y el MI6, el servicio de inteligencia británico. Vale señalar aquí que el presidente estadounidense, George Bush, se pronunció públicamente por la liberación del dictador chileno.

A comienzos de 2000, “cuando ya era inminente su extradición”, según la versión de Straw, la embajada chilena en Londres presentó un informe que aseguraba que Pinochet no estaba en condiciones de salud para afrontar un juicio en su contra. Un segundo informe, encargado por el ministro del Interior británico, coincidió con los argumentos. Pese a que es materia de discusión si estaba obligado a aceptar dichos informes, Straw prefirió liberar a Pinochet -dice- por temor a ser enjuiciado él mismo. “Sé que el gobierno de mi país, el de España [en manos de José María Aznar, del PP] y el de Chile tenían posiciones muy claras al respecto. Pero la decisión fue absolutamente mía”, resume Straw. Sin embargo, resulta claro que se trató de una decisión de Estado, y que él mismo fue un engranaje en la coartada que favoreció al genocida.

Cuando Pinochet regresó a Chile, tras 17 meses de arresto, bajó del aeropuerto en silla de ruedas para, inmediatamente después, levantarse de ella, mostrando que su delicado estado de salud había sido una puesta en escena. El dictador murió impune algunos años más tarde.

Reflexionando sobre ello, Straw dice: “Me puse furioso (…) Sentí que yo y el sistema británico habíamos sido engañados”. Pero el “sistema británico”, al igual que el gobierno chileno y el gobierno español, fueron los artífices del operativo de impunidad. Se encuentran documentadas por los medios las conversaciones entre los cancilleres Juan Gabriel Valdés, Abel Matutes y Robin Cook (de Chile, España y Reino Unido, respectivamente) que fueron avanzando en ese objetivo, y en las que ya se barajaba el pretexto del estado de salud de Pinochet. Ya en septiembre de 1999, Cook le pide a Valdés que le remita dichos informes. También se sabe que los tres diplomáticos se reunieron durante la cumbre de Río de la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos, a fines de junio de 1999. Allí, Cook habría dicho: “no dejaré que muera en Reino Unido”, y Matutes, “no lo dejaré venir a España”.

Todo este episodio es indicativo de hasta dónde llega el amparo y el operativo de impunidad para los represores. Hoy que el discurso negacionista es reimpulsado a ambos lados de la Cordillera, vale recordarlo.

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