A pesar de que se descartó la versión trucha de la Bonaerense acerca de que Chano Charpentier estaba armado cuando recibió un disparo en el estómago, y se confirmó que fue un caso de gatillo fácil, el ministro de Seguridad Sergio Berni sigue avalando el accionar criminal del policía que tiró a sangre fría. Es decir que mientras el músico se encuentra internado en grave estado de salud, el gobierno de Kicillof reafirma que se trata de un política definida, como se expresó también en el encubrimiento del caso Facundo Castro. ¿Esto es lo que había prometido en su campaña el Frente de Todos cuando era oposición?

Durante la campaña electoral de 2019 Alberto Fernández prometió “escapar a la lógica del gatillo fácil y de justificar los tiros por la espalda”, y Axel Kicillof llegó a pedir la renuncia de la ministra de Seguridad macrista Patricia Bullrich tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ahora que gobiernan ajustando en plena crisis económica y social vemos cuál es su accionar real: solo en 2021 se registra un asesinato cada 20 horas a manos de las fuerzas represivas.

En la causa de Facundo Astudillo Castro, desaparecido y asesinado por la Bonaerense, la jueza a cargo no bloquea sistemáticamente los planteos de la querella para investigar a la policía local, que incluso colocó testigos y pistas falsas durante toda la instrucción. El resultado de esta obstrucción sistemática es que las pericias que recién ahora se están llevando adelante son reclamadas desde hace varios meses. Como expresa la madre del joven, Cristina Castro: “Nos reunimos en la Casa de Gobierno, con el presidente y el gobernador. El rol del Estado fue siempre bancar a Berni, que nos amenazó públicamente. Y bancar a Berni es bancar la muerte”.

A pesar de que Alberto Fernández derogó el protocolo dictado por Patricia Bullrich para el uso de armas de fuego, que habilitaba a los agentes a disparar para impedir una fuga, lo cierto es que la “doctrina Chocobar” sigue vigente y con el fallo contra este policía fue “revalidado en los hechos”.

Estamos realmente ante una política de Estado. El gobierno de Alberto Fernández ha profundizado una orientación represiva, de amedrentamiento y persecución a la juventud, de violencia y revictimización hacia las mujeres, porque agrava el hambre y la miseria de la población para ajustar el gasto en función de pagarle la deuda al FMI. Si ayer Bullrich y Macri encubrieron a Gendarmería y Prefectura tras la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel; hoy Berni y Kicillof encubren a la Bonaerense ante nuevas desapariciones y casos de gatillo fácil. Alberto Fernández y su secretario de Derechos Humanos avalan estos atropellos, como se expresó también en el escandaloso respaldo a Gildo Insfrán tras bestiales represiones a movilizaciones populares.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad rechazamos el reforzamiento represivo del gobierno y su oposición de derecha, desde el terreno mismo del movimiento de lucha por los derechos humanos y las libertades democráticas, que se organiza de manera independiente de los partidos patronales y la cooptación estatal. Contra el manto de impunidad que protege a Berni y la Bonaerense, y se apoya en la represión y persecución de lxs trabajadores y la juventud, hay que apostar por una alternativa política contra los ajustadores.

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