En junio de 2011, el Sitraic, acompañado de otros organismos de derechos humanos y patrocinado, entre otros, por Apel, radicó la denuncia para que se investigue la participación de Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra y sindicalista “oficialista”, como agente de inteligencia civil de la dictadura en el Batallón 601, en cuya lista oficial figura.

El juez Lijo pasó más de un año sin contestar ninguno de los escritos de los denunciantes; ni siquiera admitiendo o rechazando su carácter de querellantes.

En noviembre de 2012, dictó una resolución archivando la causa, sólo veinticuatro horas después de un pedido del fiscal Di Lello en ese sentido.

Esa resolución fue apelada por el Sitraic y los otros denunciantes.

Pero la presión oficial para el archivo de la causa no se agotó en el fallo de primera instancia. Además, se postergó largamente el tratamiento de la apelación.

Todo este proceso fue acompañado por la denuncia y la movilización. Finalmente, la Sala II de la Cámara Federal en lo Correccional y Criminal, en un contundente fallo, ordena reabrir la causa, permitir el acceso a los denunciantes a ella (incluido los registros de inteligencia), y admitir como querellantes a las organizaciones de derechos humanos que acompañaron al Sitraic, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y otras.

Apoyémonos en esta victoria para garantizar el avance de la investigación con una campaña política que acompañe el impulso judicial.