Correpi presentó su nuevo informe de “Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado 1983-2022”, el cual arroja la cifra de 8.701 casos desde el regreso de la democracia. Este número se compone por el agregado de 529 casos nuevos, de los cuales 436 ocurrieron entre el 1/1/2022 y el 31/12/2022.

Al analizar modalidades, estos números responden, según el informe, “al crecimiento exponencial de muertes en luga­res de detención, consecuencia del permanente aumento del índice de carcelación en los últimos años, y a la fuerte incidencia de la pandemia, dos factores que aumentaron todos los índices de violencia y muertes intramuros”. Según los datos, las policías provinciales son las principales responsables de estos crímenes, liderado el ranking por la policía bonaerense, y la mayor parte de las víctimas no superan los 25 años de edad.

Estos datos no son menores. Los números demuestran que los gobiernos se valen del aparato represivo contra la juventud, que es preponderante dentro de los encarcelamientos, incluso mediante privaciones ilegítimas de la libertad. Es una política que no reconoce grieta entre los políticos capitalistas, ya que el propio kirchnerismo puso y defiende a Berni como ministro de Seguridad de la Provincia, responsable de desalojos y represiones brutales que terminaron con decenas de heridos, el extremo fue la cacería en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata que terminó con un muerto.

No es casual que el objetivo de estos ataques sea la juventud, sobre todo de los sectores más vulnerados, que son las principales víctima de torturas y asesinatos a manos de agentes policiales. Sucede que, en un marco de brutal ajuste, el Estado busca avanzar contra los sectores más golpeados por la desocupación, y a su vez también se ve sometida a las presiones policiales para obligarlos a delinquir para ellos.

Es el caso también de las mujeres: “En el caso de los femicidios, los dos primeros casos registrados se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 434 femicidios sobre un total de 755 víctimas mujeres. Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”. Esta política contra la población femenina ha mantenido la tendencia creciente durante todos los gobiernos, incluso a pesar de contar actualmente con un Ministerio de Mujer y Género que, claro está, no ha respondido en absoluto a las demandas del movimiento.

En tanto, la criminalización de la protesta social ha sido una política de todos los gobiernos, tanto peronistas como macristas. Es el caso de César Arakaki, quien enfrenta una condena por movilizarse contra la reforma jubilatoria de Macri, o de las represiones a las comunidades mapuche que defienden sus territorios. Vale lo mismo para los gobernadores, cuando Rodolfo Suárez en Mendoza mantiene presos a los dirigentes piqueteros Martín Rodríguez y Lorena Torres, avasallando todas las libertades democráticas mediante fallos inconstitucionales. Lo mismo sucede en numerosas provincias, siguiendo los ataques de Tolosa Paz contra las organizaciones de desocupados, como muestra el antecedente de la detención de Sebastián Copello en Jujuy por el régimen de Gerardo Morales.

A veces incluso el propio Estado terceriza esta tarea mediante sicarios y patotas para defender intereses empresarios, como fue el caso de Elías Garay en 2021 (un mapuche asesinado por sicarios vinculados a la empresa de (de)forestación que pretende sus tierras ancestrales) o de Mariano Ferreyra en 2010 (asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria por luchar contra la tercerización).

Este cuadro tiene su cara más cruda en que, según el informe, “desde 1983, se registran 92 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda”. Sobre esto se montan todas las fuerzas del régimen, como Espert pidiendo “cárcel o bala” para quienes reclaman en las calles comida para los comedores. Larreta, bajo autorización del gobierno nacional, incorporó pistolas Taser a la policía de la Ciudad, un elemento prohibido en muchos países por ser utilizado como método de tortura. Patricia Bullrich hace campaña con el recrudecimiento de la violencia y la represión policial hacia los piqueteros, y Milei y Marra promueven una brigada “antipiquetera”, fomentando la violencia contra quienes cortan la calle para combatir el hambre.

Este 24 de marzo, movilizaremos de manera independiente para condenar el ajuste y la represión de los gobiernos del FMI y contra la criminalización de las luchas. Por los detenidos y desaparecidos de ayer y de hoy.