Se cumplen 12 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, en manos de la policía bonaerense de Sergio Berni. El 15 de agosto de 2020 fue hallado su cuerpo en un cangrejal en la localidad de Cerri, confirmando posteriormente que su muerte fue producida por asfixia por sumersión.

Hoy la madre y los abogados insisten en avanzar en la investigación por desaparición forzada de persona de Facundo en manos de la policía de la provincia, que estuvo los dos primeros meses a cargo de la investigación. Desde los primeros rastrillajes, que fueron tardíos, la querella advertía la posibilidad de que la policía implantara un cuerpo en la zona. Hay un hilo de encubrimiento al servicio de la impunidad.

Mediante testigos implantados e incongruentes, la policía al mando de Berni negaba haberlo detenido. Pero resulta que en la última foto de Facundo con vida aparece esposado en un patrullero. Con el correr de la investigación, y la Bonaerense apartada, surgen un sinfín de elementos que la comprometen directamente. Es el mismo intendente de Villarino, el massista Carlos Bevilacqua, quien está señalado por entregar listas falsas de patentes con horarios cambiados, desviando la investigación.

Los “cabos sueltos” de la investigación brotan por todas partes. En febrero, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca hizo lugar a un pedido que realizaron los fiscales Silvestre, Heim y o Azzolín, que sistemáticamente era rechazado por la jueza Marrón: el secuestro de los teléfonos celulares de los cuatro policías mencionados en la causa como sospechosos, Alberto González, Gabriel Sosa, Xiomara Flores y Jana Curuhinca.

Recién en el mes febrero, también allanaron la comisaría de Origone, donde Facundo había estado detenido ilegalmente. El allanamiento dio como resultado restos de piedra de turmalina, compatibles con el collar que llevaba puesto Facundo en todo momento, según reconoció su mamá, Cristina Castro.

Durante toda la investigación, fueron constantes las amenazas hacia la familia y amigos de Facundo y el abogado del caso. Incluso durante el mes de marzo estuvo desaparecido por varios días un testigo clave.

El encubrimiento por parte del poder político de conjunto tiene un hilo conductor.

Ninguno de los cuatro oficiales directamente comprometidos fueron siquiera investigados. En el mismo sentido, la querella denuncia al ministro de Seguridad Sergio Berni y pide que se separe al fiscal a cargo, funcionario al servicio de la impunidad de la Bonaerense.

El Estado es responsable

El accionar de las fuerzas de seguridad no se puede escindir del Estado al que representa. El gobierno de Alberto Fernández ha profundizado una orientación represiva, de amedrentamiento y persecución a la juventud. El gobierno de Axel Kicillof en la provincia ni siquiera amagó con desplazar a Sergio Berni,  el ministro que repite la doctrina Chocobar, que todos los días le dice a la policía que actúe y que intervenga con manos libres y que es el responsable de que no se identifique a los efectivos de la Bonaerense involucrados. El gobierno nacional puso todos los recursos al servicio del encubrimiento de la Bonaerense en el caso, no en la búsqueda de Facundo y de juicio y castigo a los responsables de su muerte.

La lucha por justicia continúa

Tempranamente, desde el Partido Obrero planteamos el Fuera Berni en masivas movilizaciones, charlas, festivales y encuentros. Levantamos alto este reclamo en  el acto del Partido Obrero realizado en Plaza de Mayo en el mes de noviembre. La lucha por justicia por Facundo estuvo presente en la única convocatoria de movilización este último 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida.

Es que hoy queda en el campo independiente de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos salir a luchar exigiendo justicia por Facundo y que se vaya Berni. Contra el manto de impunidad que protege a Berni, la Bonaerense y la represión y persecución de lxs trabajadores y la juventud como política de Estado.