Se cumplen 15 años de la sanción de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI). Luego de este período es importante hacer un balance: el resultado ha sido que solo 2 de cada 10 estudiantes tienen acceso a la ESI en sus colegios (esto sin contemplar la educación superior). Al día de hoy, son 17 de las 24 jurisdicciones las que han adherido a la ley. Para el año 2018 eran solo 13. Desde Néstor y Cristina, pasando por Macri y llegando al gobierno actual del Frente de Todos, todos los gobiernos se opusieron a los proyectos presentados para la aplicación real en todas las escuelas. Los mismos que en ese entonces armaron una ley consensuada con la Iglesia Católica, hoy gobiernan bloqueando su aplicación.

El movimiento de mujeres se levanta por el Fuera Manzur, el nuevo jefe de Gabinete del Frente de Todos, y enemigo declarado de los derechos de las mujeres. El exgobernador de Tucumán fue un ejecutor directo de los peores flagelos hacia las mujeres y niñas. Fervor defensor del aborto clandestino, hizo declarar a la provincia como “provida”y es una de las provincias donde se imparte educación religiosa en la escuela pública

Todos los bloques políticos subejecutan el presupuesto para la ESI, refuerzan la injerencia de la Iglesia en educación pública y restringen la formación docente, atacando los postítulos y cursos de formación en las universidades nacionales.

Es que el gobierno nacional destina migajas actualmente al presupuesto para su aplicación, una muestra de la ausencia de políticas. Como analizamos en este artículo, la presentación del presupuesto 2021 a fines del año pasado contó con la celebración, por parte de las feministas oficialistas o en el gobierno, de un “presupuesto con perspectiva de género” que esconde que el supuesto carácter progresivo del etiquetado PPG es decir, partidas consideradas “con perspectiva de género”, se encuentra distorsionado. El crecimiento de estas etiquetas no significa un aumento de las políticas destinadas a eliminar la discriminación laboral de las mujeres, ni a prevenir la violencia o fomentar la formación en ESI, sino que se asignaron estas etiquetas a políticas o asignaciones presupuestarias que ya existían y que ahora son “resignificadas” como un aporte a resolver cuestiones de género, como por ejemplo la moratoria previsional. Hay que decir, además, que el primero en incorporar etiquetas PPG en los presupuestos fue el macrismo en 2018.

Un poco de historia

La ESI se sancionó durante el gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2006. Recién un año y medio después se aprobaron los lineamientos curriculares básicos de la normativa. En esta nota comentamos qué es lo que estaba sucediendo en la Argentina en el momento de su sanción. Si bien la educación sexual no fue fruto directo de un proceso de movilizaciones, se sumó al pliego de reclamos que incluían el derecho a la anticoncepción y por supuesto, al aborto legal, por lo menos desde los 80. La profunda ligazón del gobierno en ese entonces con la Iglesia Católica se coló en la elaboración de la ley. Es así cómo aparece el aspecto más importante: las adaptaciones de la ley a las demandas del clero. “A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos” (Art. 1). Una sexualidad “biológica” deja por fuera a la comunidad travesti-trans. Una sexualidad “ética” le abre las puertas a los planteos oscurantistas del clero, tal como sucede en los comités de bioética de los Hospitales. Pero el punto más importante aparece mediante la formulación del artículo 5, que define los contenidos al “ideario institucional”. Con él se refuerza un bloqueo para el acceso a las identidades y sexualidades, la criminalización del aborto, etc.

En la lucha por la implementación, cabe destacar la historia de las pibas secundarias y el estudiantazo del 2017, retratada en este artículo. En invierno del 2017, cuando explotó en la Ciudad de Buenos Aires la lucha estudiantil contra la reforma antieducativa de la Secundaria del Futuro de Larreta y Acuña, orientada a atacar los planes de estudios y a hacer pasantías obligatorias de forma gratuita para las empresas privadas, se comenzó a expresar con contundencia la necesidad de la implementación de la ESI de forma laica y científica. La consigna fue una de las 3 centrales en el estudiantazo que implicó la toma de más de 30 colegios, cortes de calle zonales y movilizaciones masivas al Ministerio de Educación para denunciar que no existía la ejecución del presupuesto necesario para garantizar las formaciones docentes ni ningún contenido propio salvo una jornada anual sobre el tema. Las “hijas” del estallido social del «Ni Una Menos» en junio del 2015 fueron las primeras en tomar la palabra y denunciar que en los colegios se dictaba la antiESI.

En el año 2018, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) presentó un proyecto para que se trate el proyecto de ley de modificación de la Ley Nacional para garantizar su efectiva aplicación en todos los niveles educativos y una educación sexual laica y científica, libre de prejuicios oscurantistas. La propuesta plasmaba la exigencia de la separación de la Iglesia del Estado que la enorme lucha de las mujeres puso en primera plana como una condición indispensable para avanzar en sus derechos. Planteaba la modificación del artículo 5, para impedir que la Iglesia Católica, en sus colegios, siga impartiendo una educación sexual reñida con los principios más elementales de la ciencia y el respeto a la diversidad. El proyecto jerarquizaba los contenidos curriculares dándoles un espacio específico dentro de la currícula, con formato de talleres, que se complementen con contenidos transversales. A su vez, proponía la impartición de información y educación en materia de anticoncepción y los métodos científicos disponibles para ello, ya que son la clave para el ejercicio libre, responsable y gozoso de la sexualidad por parte de la juventud, incorporando así el derecho de acceso a la anticoncepción, la salud sexual, abortos seguros y la atención sanitaria adecuada para la juventud.

La lucha continúa

Hoy mismo, en la mayoría de las escuelas son inexistentes los contenidos acerca del uso de los métodos anticonceptivos y únicamente se habla de reproducción de forma biológica. Todavía perdura la discriminación a las diversidades sexuales y la falta de contenidos por fuera de la heteronorma, como detallamos en este artículo. La necesidad de su aplicación es urgente, y la discusión de sus contenidos entre docentes, estudiantes, profesionales y organizaciones de mujeres y LGBTI+ es vital para lograr la ESI que necesitamos.

La razón de fondo de esta situación es que el dictado de educación sexual integral, científica, laica, con perspectiva de género, respetuosa de la diversidad y libre de prejuicios, es incompatible no solo con la jerarquía jurídica y política con la que cuenta la Iglesia Católica, sino con la naturaleza de clase del Estado, resorte último y principal para preservar un orden social basado en la explotación, la opresión, la violencia y la discriminación.

Durante todo octubre se realizarán encuentros regionales de mujeres y diversidades en distintos puntos del país. Desde el Plenario de Trabajadoras, que luchamos por la ESI hace más de 20 años, realizaremos talleres de ESI laica y respetuosa de las diversidades y separación de la Iglesia y el Estado. Será una gran oportunidad de reagrupamiento sin concesiones al gobierno, que privilegia los acuerdos con los acreedores internacionales y los lazos con las iglesias a costa de someter a las mujeres, diversidades y juventudes a todo tipo de violencias, educando en el sometimiento y la discriminación.