En la apertura de sesiones legislativas del Congreso, Alberto Fernández dio un discurso sin demasiados anuncios sustanciales. Demuestra un gobierno aferrado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, aunque anunció una posible postergación para cerrarlo, privilegia el pacto de las deudas del macrismo y los que nos gobernaron en las últimas décadas mientras promueve ajustes de todo tipo entre la población trabajadora

Comenzó por congratularse con su decreto por el cupo laboral trans, sólo que olvidó contarle al auditorio y por cadena nacional que dicho decreto se incumple y que hace pocos días se realizó una movilización en todo el país reclamando que el mismo tome el status de una ley nacional, algo que el Frente de Todos viene resistiendo en su agenda parlamentaria desde hace años, cuando la diputada Del Plá presentó un proyecto en este sentido. A esto deberíamos agregar que la argentina tiene una tradición de incumplimiento de leyes que son contabilizadas en el haber del progresismo y que el reconocimiento por ley no traerá el trabajo genuino para la comunidad, (un buen ejemplo es el cupo en la provincia de Buenos Aires) lo que la llevará a tener que emprender nuevas luchas para que el Estado deje de condenarla al negocio de la prostitución o de la más extrema precariedad laboral.

Sobre femicidios AF dijo que "la justicia tiene responsabilidades" y de ahí pasó a la reforma de la Justicia Federal sobre la que quieren avanzar y que no tiene competencia sobre violencia de género.
Una tomada de pelo, digamos.
"Rompan todo"#8MParoYMovilizacion

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) March 1, 2021

El presidente colocó nuevamente la creación del Consejo federal para el abordaje de femicidos y travesticidios. Como advertimos en Prensa Obrera, la creación de más organismos gubernamentales no supone un avance para las mujeres y en este punto la formación del Consejo refiere a una coordinación que requiere la adhesión explícita de las provincias para luego dejar en manos de las y los de siempre, el accionar sobre la violencia de género. Los Sergio Berni de este país lejos de ser la solución son el problema.

Para las fuerzas represivas, hay guita, y promesas de todo tipo.
Para afrontar la desocupación, el hambre, la indigencia, y los femicidios, algunas palabras floridas. #AperturaSesiones2021

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) March 1, 2021

En la contabilización de las políticas implementadas no sumó la genial idea del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de impulsar el “Barbijo Rojo”, un marketing para eludir responsabilidades sobre los femicidios que tuvo un debut y despedida el día que Elizabeth Gómez Alcorta lo anunció en medio de la pandemia. El gobierno de Fernández asumió subestimando el problema de los femicidios y la violencia hacia las mujeres en general, y ni siquiera se había propuesto en contabilizar los casos y actuar en políticas conjuntas de manera federativa. De todos modos, dejará a merced de cada provincia y distrito la aplicación efectiva de esta ley. Como en proyectos anteriores, la ILE o la ESI, (ley con 15 años de vigencia) hay provincias enteras que se niegan a su aplicación, reforzando sus lazos con la iglesia y sus agentes.

Luego mencionó el Plan Acompañar, un anuncio del año 2020, incompatible con el Plan Potenciar por el que miles de mujeres cobran 10 mil pesos por mes en su mayoría, que al fin y al cabo hoy prácticamente no existe y que también depende de cada municipio y termina no acompañando a nadie. La suma que se otorgaría es equivalente al salario mínimo vital y móvil, $21.600 por 6 meses consecutivos, no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva (Art. 5) y su pago estaría a cargo de ANSES. Vale preguntarse cómo se podría este subsidio, fortalecer la independencia económica en camino de “ la construcción de un proyecto de vida autónomo a través de asignaciones económicas excepcionales destinadas a disminuir la condición de vulnerabilidad” a la que se aspira, según el decreto. También volvió a anunciar, como en 2020 que construiría Centros Territoriales. Todo indica que a casi 8 meses de aquellos anuncios aún no comenzaron a construir ninguno.

Dentro de sus “logros gubernamentales” colocó la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el Plan de los 1.000 días.

El plan de los 1.000 días, que fue aprobado en espejo junto al aborto legal, son migajas que no pueden sostener una maternidad deseada. Este plan se limita a la incorporación de una Asignación por Cuidado Integral a cobrarse una vez al año, equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo, la cual ha quedado congelada en la irrisoria cifra de $3.540 mensual. A su vez, se extenderá el pago de la Asignación Universal por Embarazo ($3.540 por mes) a 9 mensualidades (hoy en día solo cubre sólo 6 mensualidades); por último, quienes perciben la AUH podrán cobrar también la Asignación por Nacimiento, que se encuentra en los $4.128. Como vemos, la promocionada “política de acompañamiento” para embarazadas y niñxs impulsada por el gobierno, sólo ofrece sumas de miseria para las mujeres que se encuentran en la más extrema vulnerabilidad.

El logro histórico de la conquista del aborto legal fue fruto de la lucha del movimiento de mujeres y diversidades en nuestro país, que data de más de 30 años. En su afán de atribuirselo a su gobierno, evitó mencionar las trabas que hoy presenta la real aplicación de la ley. En varias provincias los celestes presentaron amparos, medidas cautelares y judicialización para negar su aplicación. El obstáculo más importante sigue siendo la presencia de las iglesias y sus organizaciones en la educación y la salud pública y privadas, y este gobierno es incapaz de garantizar que la ley se cumpla mientras mantiene su alianza con el clero.

Mientras que los sectores gubernamentales se encuentran agitando la responsabilidad única del Poder Judicial sobre el drama de los femicidios, el propio presidente apenas si mencionó que “hay una responsabilidad de la justicia”. Parecía que por fin iba a proponer algo novedoso frente a uno de los hechos de la agenda política que genera una profunda indignación popular, pero no ocurrió. Simplemente usó la frase para hacer un trampolín hacia el tema que realmente le interesaba: la reforma de la justicia federal, que no tiene competencia en temas de violencia de género.

 

Por todos nuestros reclamos, vamos a una gran movilización el 8 de marzo

El gobierno no tiene qué ofrecernos a las mujeres, ni en materia de erradicación de la violencia, ni de asistencia para el sector más empobrecido, ni contra los femicidios. Son los mismos estamentos judiciales, policiales y políticos quienes promueven esta violencia. Los ministerios de la Mujer, Seguridad, etc. ya lo han demostrado. Con la fuerza de nuestra movilización y organización independiente, debemos superarlo organizando un Consejo Autónomo de las Mujeres, desde nuestro propio movimiento de lucha, con presupuesto específico, con independencia de los poderes de turno, con cargos electos y revocables. Reclamamos también la puesta en pie de un fuero único de violencia de género con elección de jueces y fiscales y revocabilidad de los cargos.

Cuando AF iba a hablar sobre el Poder Judicial y los femicidios, se fue al tema que realmente le interesa, el de la reforma judicial que no atiende este tema específico y no anunció nada nuevo. #AperturaSesiones2021
El #8M tomemos esto en nuestras manos.
Paro y movilización.

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) March 1, 2021

https://prensaobrera.com/mujer/femicidios-y-el-poder-del-estado/

https://prensaobrera.com/mujer/operaciones-y-maniobras-contra-el-aborto-legal/