Ituzaingó: abuso sexual de un docente y encubrimiento estatal

En 2012 comenzaron los acercamientos indebidos hacia Alejandra Bermúdez durante un campamento del Instituto Nuestra Señora de Lourdes de Ituzaingó (Buenos Aires) que tenía como docente a cargo a Marcelo Díaz, quien ya en sus clases aprovechaba su posición para generar situaciones de aislamiento y confianza con sus alumnas. En 2014 se produjo el primer abuso sexual con acceso carnal y, desde ese entonces, las situaciones de violencia se prolongaron durante años a partir de la extorsión por supuestas fotografías y videos que fueron utilizados para sostener el sometimiento.

En junio de 2024 Alejandra realizó la denuncia penal en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó. Ante la falta de avances, recurrió a la abogada María Florencia Bisaccia y en agosto de ese año amplió la denuncia ante la UFI Nº 12 de Morón.

La investigación incluyó pericias psicológicas y psiquiátricas a Alejandra, testimonios, documentación sobre su escolaridad y elementos relacionados con las comunicaciones que mantuvieron durante esos años, incluyendo mails que él le enviaba pidiéndole que levante la denuncia y que hagan una mediación privada.

Sin embargo, mientras la denunciante debía atravesar todas estas instancias siendo desmentida por las autoridades de la institución de la que fue estudiante, Díaz había concursado para inspector y accedido al cargo en el distrito de Ituzaingó mientras mantenía licenciadas sus horas en la escuela. Ante la falta de medidas, habiendo pasado un año y medio, Alejandra hace pública su denuncia y relevan al docente de su cargo, pero lo trasladan a la Jefatura de Inspectores de Merlo. No fue apartado, fue una simple reubicación administrativa que le permitió continuar dentro del mismo entramado institucional.

Su jefa, María Fernanda Pennise, el 18 de junio de 2026 fue desplazada de la Jefatura Distrital de Inspectores. Su gestión venía siendo cuestionada dentro del ámbito docente por la falta de advertencia en la denuncia por este abuso sexual y la detención de un profesor de Geografía acusado de grooming en Hurlingham. Además, la inspectora jefa de Región, Eliana González de Martino, mantendría un vínculo personal con Díaz, quien sería actualmente su entrenador personal.

Esto plantea interrogantes sobre las relaciones personales dentro de la estructura de inspección y la posible existencia de conflictos de intereses. Es necesario esclarecer si las funcionarias intervinieron en la continuidad laboral del imputado y qué responsabilidad tuvieron en las decisiones administrativas que lo hicieron permanecer dentro del sistema educativo casi dos años posteriores a ser denunciado penalmente.

Hace menos de un mes, Díaz finalmente fue apartado también de estas tareas administrativas.

Después de que la víctima hizo público su caso, comenzaron a llegarle mensajes de exestudiantes que describieron episodios de acoso y situaciones de violencia por parte del mismo docente. Algunas de estas personas se incorporaron a la investigación como testigos y se suman así nuevas voces a una causa que ya no puede ser abordada como un episodio aislado.

También surgieron testimonios sobre el comportamiento de Díaz durante sus clases de Ética y Cristología. Algunas exestudiantes señalaron que el profesor defendía al sacerdote Julio César Grassi y sostenía que los chicos que lo denunciaban mentían. No se trata solamente de una opinión personal del docente, hablamos de discursos transmitidos dentro de una institución educativa a estudiantes, en un contexto donde las denuncias de abuso sexual infantil deberían ser escuchadas y atendidas, nunca desacreditadas.

La escuela debe ser un espacio de conocimiento, libertad y protección, no de reproducción de prejuicios religiosos ni de silenciamiento de las víctimas. Por eso reivindicamos la lucha por la efectiva implementación de la ESI laica y científica en todas las escuelas, y por la separación de la Iglesia del Estado. Defendemos un sistema educativo nacional, único, estatal, público, gratuito y de calidad, sin subsidios a la educación privada ni injerencia de las instituciones religiosas en los contenidos educativos. La educación debe estar al servicio del conocimiento y de los derechos de las infancias y adolescencias, no de los intereses de la Iglesia.

La responsabilidad no termina en las autoridades del colegio. El Instituto Nuestra Señora de Lourdes es una institución católica, pero está sujeto a la supervisión del Estado y la Dirección General de Cultura y Educación, que tiene obligaciones concretas respecto al funcionamiento de los establecimientos educativos y de la protección de las infancias y adolescencias.

La causa penal tuvo una llamada a indagatoria para Díaz en abril de 2026, continuó con nuevas declaraciones testimoniales y medidas de investigación. Marcelo Díaz ya está imputado por este crimen y la resolución judicial, dependiente de los tribunales de Morón, tenía tiempo hasta el 24 de octubre para expedirse y elevarlo a juicio o declarar la falta de mérito. Más de una semana después, Alejandra sigue esperando la respuesta de un sistema que la postergó en todas las instancias.

El caso no puede leerse aislado ni como un problema que se resuelve únicamente con la investigación sobre los hechos perpetrados por un abusador. Lo que la denuncia de Alejandra expone es el funcionamiento de un entramado institucional y estatal que, en lugar de garantizar protección, permitió que la situación se prolongara y que un docente denunciado por pederastia continuara ocupando funciones dentro del sistema educativo.

La Iglesia, las autoridades escolares y la DGCyE deben dar respuestas no solo a la sociedad, sino también a la Justicia. ¿Qué hicieron cuando conocieron los hechos? ¿Qué medidas tomaron para proteger a las estudiantes? ¿Por qué las respuestas llegaron tarde? No alcanza con que avance una investigación penal: también es necesario establecer las responsabilidades institucionales y de quienes tenían la obligación de actuar y proteger. El tribunal llamando a un violador de menores a indagatoria casi dos años después de una denuncia penal y rompiendo sus propios plazos para expedirse también debería rendir cuentas.

Desde el Plenario de Trabajadoras, agradecemos a Alejandra Bermudez por confiarnos su historia y le reiteramos nuestro apoyo incondicional a su lucha y al de todas las mujeres víctimas de un sistema que nos quiere amordazadas y solas. Su decisión de hablar también abrió la posibilidad de que otras estudiantes se animaran a contar lo que vivieron con el mismo perpetrador. Ninguna debería tener que atravesar sola el camino de denunciar. Por eso, invitamos a todas las mujeres a acercarse al PdT a organizarse y luchar contra el Estado que oprime a las mujeres trabajadoras, contra los gobiernos ajustadores, tanto nacionales como provinciales, para defender la ESI y el aborto legal.

Por Alejandra y por todas lxs que atravesaron situaciones similares: basta de silencio y encubrimiento. Que se investigue hasta el final, que respondan los responsables del abuso y también quienes, desde las instituciones y el Estado, tenían y siguen teniendo la obligación de protegernos.

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