Este 30 de diciembre se cumple el primer aniversario de la proeza popular más importante de nuestro país en las últimas décadas. Hace un año la marea verde conquistaba la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, luego de haber puesto en pie un poderoso movimiento de lucha que irradió a escala internacional. Fue una ley arrancada en las calles, en la ocupación de colegios y universidades, en manifestaciones en los lugares de trabajo, en asambleas del movimiento piquetero combativo en los barrios, con paros, con movilización política y con lucha callejera. Una ley que se abrió curso enfrentando a todos los poderes del Estado con el método de la lucha popular, sin subordinarse a ningún gobierno.

La conquista del aborto legal fue un golpe a las iglesias en el país del Papa y arrancado bajo un gobierno peronista que contó con la bendición del Vaticano para llegar al poder. Nada detuvo a la marea verde -que amenazaba ser un verdadero tsunami contra todas las instituciones. La masiva movilización que rodeó al Congreso e inundó las plazas de todo el país en diciembre de 2020 para lograr su aprobación, dio cuenta de la potencia de un movimiento que supo que sólo en las calles podría quebrar el lobby capitalista y clerical contra este derecho.

Retomar la movilización por su efectiva aplicación

A un año de la sanción, sin embargo, la efectiva aplicación de la ley aún debe defenderse en las calles. El enorme poder de las iglesias, amparado y reforzado por este gobierno, sigue siendo una traba de peso. Sin la presión del movimiento popular, las leyes progresivas bajo el capitalismo se pueden convertir rápidamente en letra muerta -o incluso dar lugar a una regresión en la legislación, como la ofensiva en curso contra el aborto legal en EE.UU.

En nuestro país el procesamiento de Miranda Ruiz en Tartagal por haber garantizado una IVE -la única médica no “objetora” del norte salteño-, es el testimonio de la persecución que siguen sufriendo las y los trabajadores de la salud que garantizan derechos. La otra cara de la moneda es el bloqueo al acceso a este derecho en regiones enteras de nuestro país. Recordemos que Alberto Fernández introdujo la objeción por ideario institucional en la ley aprobada, que no obliga a los centros de salud a garantizar la práctica, sino a “derivar”, lo que puede significar trasladarse a otras provincias y muchos kilómetros de distancia.

El Ministerio de Mujeres no protege a las Miranda y a las mujeres privadas de sus derechos. Es impotente para enfrentar al oscurantismo clerical, porque es una superestructura más de un Estado y un gobierno que refuerzan a cada paso el rol de las iglesias y su prédica de resignación, sometimiento y tolerancia ante las humillaciones. La contención social que los gobiernos de todos los colores tanto valoran no es otra cosa que los servicios prestados para hacer pasar el ajuste y el pago de la deuda con el hambre del pueblo. En buena parte del territorio nacional, la Iglesia Católica tiene el monopolio de la educación, la salud y del poder judicial y los templos evangélicos se abren paso en las barriadas más precarizadas realizando las tareas de asistencia a las que el Estado renunció.

Antes de que se cumpla un año de la ley, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner designaron a Manzur como jefe de gabinete -un símbolo de la cruzada contra nuestros derechos y de la tortura a niñas obligadas a ser madres. El “empoderamiento” en el gobierno del ala más derechista del PJ expresó la voluntad de avanzar más decididamente en un rumbo reaccionario y de ofensiva contra los intereses populares.

Con amparo y protección estatal, la iglesia continúa bloqueando la educación sexual en la mayor parte del sistema educativo, a 15 años de la sanción de la ley. Lo mismo hacen impunemente con al aborto legal, actuando por fuera de la ley en las clínicas y obras sociales que gestionan.

Un reciente informe de Amnistía Internacional da cuenta de las múltiples trabas que existen para el cumplimiento de la ley a un año de su vigencia. Señala que no ha habido en todo este tiempo ninguna campaña de difusión destinada a garantizar este derecho. Ni el Estado nacional, ni las provincias, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron nada en materia de garantizar el acceso -que empieza por la posibilidad de contar con información certera y fiable sobre las garantías que incluye la IVE. Ni sobre la población en general, ni para la capacitación de los profesionales de la salud -muchos de ellos sometidos a la imposición patronal proclerical que es un verdadero cáncer de nuestro sistema de salud. La línea 0-800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación no da abasto para dar respuestas a la alta demanda. Amnistía también alerta sobre la falta de producción de datos y estadísticas oficiales, desagregadas por jurisdicción -lo cual funciona como un verdadero tapadero de los atropellos.

Una lucha indisociable: separar a las iglesias del Estado y enfrentar el ajuste

La epopeya de la marea verde fue un golpe a uno de los pilares ideológicos más valiosos del régimen para la contención y la regimentación social. Porque -con sus secuelas brutales de muertes, mutilaciones y vejámenes sobre la salud- la clandestinidad del aborto es ante todo un instrumento de disciplinamiento político sobre las mujeres, un recordatorio de su lugar subordinado, de la tutela del Estado, sus instituciones y las iglesias sobre sus vidas y lo más íntimo de ellas. La criminalización del aborto fue siempre la cara más perversa de esta imposición, para condenar a mujeres pobres y trabajadoras que debían interrumpir un embarazo porque el mismo régimen que las condenaba les había quitado previamente la posibilidad de ejercer una maternidad deseada y planificada: precarizadas, privadas de trabajo o de un sustento suficiente, sin protección frente a la violencia de género, sin acceso a educación sexual, a información y métodos de cuidado.

La realidad de las mujeres hoy se ha agravado. El ajuste fondomonetarista, la violencia, los femicidios, la pobreza y el hambre hacen estragos sobre la clase obrera y las mujeres trabajadoras en particular.

El gobierno, con la colaboración de los gobernadores cambiemitas, se han empeñado en desmovilizar a la marea verde. En un país sacudido por los femicidios diarios, el kirchnerismo y sus agrupaciones se borraron de toda instancia de organización y lucha por las mujeres. No se puede estar de los dos lados del mostrador: erradicar la violencia y el machismo no es posible si se gobierna con las iglesias y el FMI.

La marea verde lejos está de haber agotado los propósitos de su movilización. Vino a cuestionar un régimen fundado en la violencia y la opresión. Abrió un potencial de transformación social que debe seguir abriéndose paso. Y mostró cuáles son los métodos para triunfar: los de la clase obrera, los de las piqueteras que ganan las calles contra el hambre y el pacto con el FMI, los de la victoriosa rebelión popular en Chubut.

Este 30 salimos a las calles.