El último fin de semana, la prensa coincidió en caracterizar que se habría producido un ‘vuelco’ en el esclarecimiento del asesinato de María Soledad.

La Nación decía que “se comenzó a ver la punta del iceberg del encubrimiento policial”(24/8). “Puede sonar extraño, pero ocurrió exactamente así: esta vez fueron los bomberos los que comenzaron el incendio” (21/8). Tres subordinados de la institución acusaron al tercero en la jerarquía de haber ordenado el lavado del cadáver de María Soledad (violando todas las normas legales en estos casos): “si cayera el ex-comisario Leguizamón (el acusado), no tardaría en hacerlo su jefe, el otro era mandamás de la policía brava del saadismo, Miguel Angel Ferreyra … muchos son los que ahora se preguntan qué distancia habrá que recorrer para llegar al propio ex-gobernador Ramón Saadi” (ídem).

No se había secado la tinta de este ‘augurio’, cuando los diarios del lunes 25 informaban del atentado que sufrió “a la madrugada” la casa del denunciante, que “quisieron incendiarle” (Clarín, 25/8), y se producía una ola de amenazas en la provincia (ídem).

Las “pruebas borradas, pericias (falsas), contradicciones” que se ponen ahora a la luz del día, por otra parte, no indican aún nada: “ninguna de las pruebas acumuladas hasta el momento compromete a alguno de los imputados. Los resultados de esta semana no hacen suponer que a lo largo del juicio pueda saberse quiénes fueron los autores del crimen” (Página 12, 24/8).

Este nuevo juicio se inició … después de las elecciones legislativas y municipales provinciales, realizadas dos meses atrás, y “prolongará sus sesiones por lo menos hasta noviembre próximo” (Ambito, 15/8), es decir, hasta después … de los próximos comicios.

Ambito habla de una “trastienda” de “oro y barro” (ídem). Lo del oro, va por los negociados de la explotación de Bajo La Alumbrera, que interesan por igual al gobierno nacional —peronismo— y al provincial ‘aliancista’; lo del barro, por las denuncias de la maffia de los autos ‘truchos’, “más de la mitad de los autos oficiales” bajo la era del saadismo —La Nación, 21/8—, “autos robados que van hacia Bolivia, por Salta, y —que según declaró en su momento el ex-interventor Prol— … pueden ser la moneda de pago de la droga” (ídem).

El principal acusado, Guillermo Luque, ha amenazado virtualmente con encender el ‘ventilador’: “yo no era el único hijo del poder”, declaró (Clarín, 25/8), y si es cierto que María Soledad murió por una sobredosis de cocaína, advirtió que “ésta ‘es una droga social, que rara vez se toma de a uno solo … Si es todo como dicen, que encubrieron de esta forma, sería para proteger a alguien mucho más poderoso que yo’ ” (ídem).

Los políticos patronales que posan de ‘demócratas’ tienen un ‘prontuario’ que no deja margen para ninguna confianza, pues los otros dos juicios resonantes por “complicidades entre poderosos, jueces y policías” (La Nación, 24/8), se encuentran completamente empantanados.

En el caso Cabezas, “después del pacto Menem-Duhalde … la vertiente Yabrán no avanza ni un milímetro en tanto que la pista policial nunca fue investigada en serio” (Página 12, 24/8).

En el caso Carrasco, “el juez frenó la investigación: la parálisis de 80 días sobrevino cuando su profunda investigación trepó hasta la cúpula del Ejército y la defensa del general Carlos Díaz, el procesado de mayor grado, le pidió que investigara si una presunta cadena encubridora podía llegar al comandante general Martín Balza” (La Nación, 25/8).

La situación no puede ser más clara. Hay que reforzar la movilización popular independiente hasta llevar al banquillo de los acusados a todos los ‘poderosos, jueces e instituciones represivas’.