En el sexto aniversario de la masacre de Once, Macri recibió a los familiares de las víctimas en la Casa Rosada. Los llamó un "ejemplo de constancia y de lucha". Se trató, a ojos vista, de un acto de manipulación política, ya que la ´patria contratista´ y la burocracia sindical que articularon De Vido y Schiavi, hoy es socia del macrismo.

Durante la década kirchnerista, un triángulo integrado por la Secretaría de Transporte, grupos empresarios y la burocracia sindical ejecutó fabulosos negociados a partir de los sobreprecios en las obras, coimas, subsidios y vaciamiento en el transporte, que iba acompañado de la precarización de los trabajadores, como dejó en evidencia el crimen de Mariano Ferreyra.

El gobierno macrista se ha valido de las denuncias contra Schiavi, Jaime y De Vido, artífices de aquellos negociados, como eficaz herramienta de propaganda, pero ha soslayado en forma interesada a otros responsables de ese esquema de corrupción. Por caso, la empresa Iecsa, que pertenecía al primo de Macri, Angelo Calcaterra, está investigada (junto a Odebrecht) por coimas al gobierno anterior para quedarse con la cuestionada obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El Grupo Roggio, otro de los grupos beneficiados durante el gobierno anterior, ha sido beneficiado por éste con la prolongación de la concesión del subte.

Macri tampoco agita las aguas sobre la responsabilidad de las conducciones sindicales porque éstas le prestan sus servicios. Las burocracias de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad se atienen a los techos salariales del gobierno y en el caso de Sergio Sasia, de la UF, ha avanzado en la reforma laboral en su gremio por medio de un convenio colectivo flexibilizador que ataca las categorías, amplía la tercerización y liquida otras conquistas. Estas burocracias no se movilizaron el 21.

El desfalco ferroviario del kirchnerismo, a su vez, continúa por otras vías. Lo que queda del sistema ferroviario se ha transformado en uno de los objetivos del plan de ajuste: el gobierno de Vidal, que estuvo presente en la reunión con los familiares, ordenó el cierre de Ferrobaires que amenaza 1.000 puestos de trabajo; Macri intentó avanzar en la clausura de ramales ferroviarios (lo que esconde, dicho sea de paso, grandes negocios inmobiliarios) por medio de un decreto –finalmente derogado– que transfería esa potestad al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

A la luz de todos estos hechos, deben considerarse desafortunadas las declaraciones de Leonardo Menghini, abogado de los familiares, quien afirmó que “el único apoyo que tuvieron luego de la tragedia fue el de Macri, Vidal y Avruj” (Télam, 22/2). De este modo se blanquea a un gobierno tan vaciador como el de los K, y disminuye el rol central que ha jugado en estos años la movilización popular –empezando por la valiente lucha de los familiares- para llevar a juicio a algunos de los responsables de la masacre.

Por el juicio de Once, hubo 21 condenados (incluyendo Schiavi, Jaime, y el empresario Sergio Cirigliano, de TBA) pero no están detenidos porque aún debe expedirse la Cámara de Casación. Jaime está preso, pero por otros motivos.

El ex ministro De Vido es investigado en una causa aparte (Once II) que, afirma Perfil, marcha “con otros tiempos políticos” (22/2). Allí deben declarar los ex ministros de economía Roberto Lavagna y Miguel Peirano.

La masacre de Once destapó una enorme olla de negociados.