El exsecretario de Transporte del gobierno de Cristina Kirchner, Juan Pablo Schiavi, condenado a 5 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en la Masacre de Once, junto con otros funcionarios, empresarios y gerentes del grupo Cirigliano, salió a reivindicarse inocente, luego de que el abogado Gregorio Dalbón difundiera una declaración del maquinista Marcos Córdoba en la que menciona haber desactivado el freno de mano en el tren de la tragedia.

La declaración no es nueva, ya que consta en la causa y fue tenida en cuenta para la condena que le aplicó el tribunal. Pero ahora fue incluida en el informe de una perito psicóloga y una trabajadora social, quienes solo tenían que informar al Tribunal respecto de su comportamiento en la cárcel, a raíz de un pedido de libertad condicional.

Schiavi y su abogado Dalbón utilizan la oportunidad de este nuevo informe para pretender confundir a la opinión pública sobre sus responsabilidades en la masacre, obtener algún beneficio jurídico, pero principalmente, blanquear el papel de la trilogía responsable: los funcionarios, los empresarios y la burocracia sindical.

La responsabilidad de ese entramado de negocios que también estuvo presente en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, reside en que la masacre no hubiera tenido lugar si la infraestructura y el material rodante no hubieran sido obsoletos y sin mantenimiento al momento del choque de la formación contra los paragolpes del andén.

Un paragolpes rígido, sin amortiguación; una formación vetusta, cuya oxidación se ocultaba con capas de pintura; y un sistema de frenos de cuatro tipos, pero inactivados o con fallas comprobadas durante el peritaje, fueron responsabilidad del concesionario a cargo de la operación del servicio y de los funcionarios que subsidiaban y debían controlar.

Las fallas u obsolescencia de infraestructura también se extendían a pasos a nivel, sistemas de señales y estado de los cambios que motivaron muchos otros accidentes graves en todos los ramales durante dos décadas de privatización de los ferrocarriles. En todos los cuales esa trilogía de responsabilidad se mantuvo impune.

Dentro del funcionariado se encontraban los agentes de la burocracia sindical, como el fallecido exsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Guillermo Luna, de La Fraternidad. La burocracia convalidó el desvío de los subsidios para el mantenimiento por los intereses que tenía en la concesión del Belgrano Cargas en cabeza de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y el propio Moyano.

En la defensa de la trilogía corrupta de responsables de la Masacre, el compañero fraternal Marcos Córdoba no fue más que un chivo expiatorio. Reclamamos su inmediata excarcelación.

A diez años del asesinato de Mariano Ferreyra, seguimos reclamando por el castigo a los concesionarios Roggio, Romero y Cirigliano, responsables de Ugofe, y a los De Vido, Schiavi y Aníbal Fernández del gabinete kirchnerista.

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