Uno de los caballitos de batalla de las campañas políticas de Patricia Bullrich, quien será la ministra de Seguridad del gobierno del ultraderechista Javier Milei, es la promesa de combatir tanto el narcotráfico como la inseguridad, dos flagelos que afectan duramente a los trabajadores. Bullrich suele decir que desde su lugar como funcionaria de la cartera de seguridad, bajo la gestión de Mauricio Macri, contribuyó a disminuir considerablemente el delito en Argentina. Pero en realidad mantuvo las bases materiales sobre las cuales se levantan y desarrollan los negocios turbios que dan lugar al incremento de la inseguridad. Los datos lo demuestran.

En el terreno de la “lucha contra el narcotráfico”, los resultados de la política de Bullrich-Macri fueron negativos. Las imágenes de las fuerzas de seguridad reventando villas e “incautando” droga no fueron manifestaciones de una política de combate contra las redes narco sino más bien expresiones del desenvolvimiento de una política de terror y amedrantamiento contra los sectores más pobres de la clase trabajadora. El volumen de droga secuestrada en los procedimientos fue bajo y la persecución se concentró especialmente contra los consumidores y los pequeños vendedores. Entretanto, el consumo ha ido en aumento: según Sedronar, del 3,6% de la población consumidora de alguna droga ilícita en el año 2010 se pasó al 8,3% en 2019.

Casi el 90% de las personas involucradas en la “violación a la ley de drogas” fue imputado por tenencia simple para consumo personal. “Las fuerzas federales no secuestraron más de 1 kilo de cocaína en el 80,4 % de los operativos realizados en 2016, porcentaje que se mantuvo estable durante toda la gestión de Bullrich” (Página 12, 6/2/2020). Asimismo, mientras más se incrementaron los “operativos antidrogas”, menos volumen de droga se incautó: “En 2017 se realizaron 296 operativos contra 749 realizados en 2019, sin embargo, las cantidades de dosis secuestradas cayó de 192 mil a 103 mil en 2019, con un piso de 66 mil en 2018” (ídem).

Bajo Macri-Bullrich las bandas narco se enriquecieron muchísimo. Es lo que le ocurrió a Los Monos, la mafia rosarina, que “inauguró durante el año 2018 unas 40 empresas fantasma bajo el régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), una figura creada durante el gobierno de Macri para ser utilizada por emprendedores para registrar compañías en 24 horas, sin controles, sin capital inicial y sin necesidad de especificar un objeto claro. Con ese procedimiento, la banda narco emitió unas 12.000 facturas apócrifas y lavó más de $1.200 millones” (Ámbito, 6/3).

La política de Bullrich fracasó, no alteró de ninguna manera el desarrollo del negocio narco. Los pequeños vendedores o los “soldaditos” fueron (y son) rápidamente reemplazados por otros. Los promotores reales del narcotráfico –los grandes narcos, los capitalistas– quedaron intactos y amparados por un Estado que protege este negocio porque es una fuente de beneficios extraordinarios para sectores burgueses. Los principales resortes de la economía capitalista –banca, puertos privados– viabilizan el comercio ilegal de drogas y además contribuyen al blanqueo del dinero turbio circulante. Sin una transformación de fondo de la estructura económica del país –es decir, sin atacar las relaciones de propiedad vigentes y sin colocar la economía bajo control de la clase obrera– no hay salida.

Bullrich no tiene ninguna autoridad para mostrarse como adalid de la lucha contra el narcotráfico. Su compañero del PRO, Cristian Ritondo, fue denunciado por Elisa Carrió por proteger negocios narco en la provincia de Buenos Aires. Además, las salidas que propone son reaccionarias y han fracasado en otros países. Una de sus propuestas más radicales es la introducción del Ejército en el “combate” contra el narcotráfico. Esta política se aplicó en países como Colombia y México. Y sus resultados son lapidarios: han aumentado los desplazamientos forzosos, los asesinatos, las desapariciones y la violencia en general, a la par que el Ejército se convirtió en un factor de impulso y de defensa del narcotráfico.

Reforzar el carácter represivo del Estado –a través de un reforzamiento de su espina dorsal, las FF.AA.– cómplice del narco solo puede conducir a un fortalecimiento de ese negocio. En Argentina se ha venido avanzando en este sentido y las contradicciones han saltado rápidamente a la vista. Las avionetas que llegan con droga desde países limítrofes –o que parten hacia ellos– y aterrizan en los campos privados de Santa Fe “eluden” el control de la Fuerza Aérea, que es un brazo de las Fuerzas Armadas. Hay otras fuerzas que colaboran con este esquema; la cocaína que llega a la Argentina desde Bolivia y Paraguay atraviesa los pasos fronterizos terrestres de Corrientes, Formosa y Salta, que se encuentran bajo control de Gendarmería; y el tránsito fluvial del río Paraná, otro colador, está en manos de Prefectura Naval Argentina.

En el terreno de la “lucha contra la inseguridad” tomada de conjunto, los resultados han estado en la misma sintonía. El delito aumentó un 12,6% entre 2018 y 2019, después de haber disminuido un 5,1% entre 2015 y 2016, según cifras del Sistema Nacional de Información Criminal. El macrismo empeoró el cuadro que dejó el kirchnerismo tras 12 años de gobierno. Actividades como el robo, las entraderas y las salideras han pegado un salto a escala nacional; en la provincia de Buenos Aires este fenómeno fue más profundo, en 2019 hubo un incremento del 46% en los “delitos contra la propiedad”. Asimismo, subió la violencia sexual y también la violencia contra las mujeres en general.

Bullrich y Milei nunca van a poder terminar con la inseguridad porque van a gobernar para la clase social –la burguesía– que se beneficia del delito en todas sus formas. La clase dominante no solo se favorece a través de su involucramiento directo en alguna actividad espuria, sino también a veces gracias al dinero que ingresa al fisco como producto de los blanqueos que suelen impulsar los gobiernos capitalistas –una vía para legalizar dinero sucio–, el cual luego se utiliza para enriquecer a diversos grupos patronales –a través de subsidios o del pago de la deuda, etc.

La “campaña contra el narcotráfico” de Bullrich fue una cortina de humo para ocultar que su gobierno dejó intacto el gran negocio narco y reforzó a las fuerzas represivas que están al servicio de sostener la supremacía política, social y económica de la burguesía. El gobierno de Macri utilizó a las distintas policías, a la Gendarmería y a la Prefectura para atacar a los trabajadores y defender los negociados de los patrones; así lo demostraron las represiones en Cresta Roja, AGR-Clarín, Siam, Interpack, etc. Por otro lado, bajo estos 4 años de gobierno peronista no hubo cambio alguno; por el contrario, se produjo una mayor descomposición social; Rosario y Buenos Aires se convirtieron en grandes epicentros del narcotráfico; allí, vecinos de algunos barrios –Los Pumitas en Rosario, Villa Celina en La Matanza– se movilizaron para desbaratar búnkeres narco por su propia cuenta, ante la inacción de la policía cómplice.

El gobierno de Milei se apresta a reforzar la represión para poder hacer pasar el plan de guerra que la clase capitalista quiere llevar adelante contra la clase obrera. Los trabajadores debemos abrirnos paso con nuestros reclamos y luchar por una transformación social de fondo.

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