Políticas
25/1/2025
Chubut: Torres, pichón de Bullrich y de Milei
Seguir
Torres, en el intento de desalojo de una comunidad mapuche
A lo largo del 2024, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres fue mostrando cuál era el perfil de su política. Alineado a la presidencia de Javier Milei y en el ala partidaria y represiva de Patricia Bullrich, fue el principal ejecutor del ajuste en la provincia y garante de la aprobación y aplicación de las medidas de atraso en materia de derechos a nivel nacional, como la Ley Bases, la reforma laboral, el RIGI (régimen preferencial de inversiones), entre otras. Particularmente, en el segundo semestre de su primer año de gestión, el ataque fue dirigido especialmente a los trabajadores estatales. Con escasas y bajas paritarias, con el lema de austeridad, “transparencia” y “reordenamiento” de la administración pública, Torres desplegó una serie de ataques que afectaron a la gran masa de trabajadoras y trabajadores del Estado.
La última de sus jugarretas, tiene que ver con un decreto que firmó antes de finalizar el 2024 para obligar a los empleados de la administración pública provincial a jubilarse, lo que se suma al presupuesto de ajuste 2025 que fijó aumentos previsionales y de obra social, a la ley del “3×1” y al censo persecutorio de empleados provinciales.
Torres se muestra cada vez más amalgamado con Milei, en tanto lleva a cabo su propio plan motosierra, como digno súbdito al gobierno nacional. En la última sesión del año, la Legislatura provincial aprobó la Ley de Presupuesto 2025 enviada por el Ejecutivo apenas una semana antes. La misma fue cuestionada por amplios sectores políticos, gremiales e independientes, por incluir dentro de la misma una suba de casi el 40% de los aportes que realizan los trabajadores estatales a la obra social provincial (SEROS), entre otras modificaciones a leyes vigentes, como por ejemplo el cambio de destino de los Fondos Especiales, lo cual está prohibido por la ley de administración financiera. Si bien el presupuesto fue acompañado en general por el bloque del PJ y el Partido Libertario de Chubut, el oficialismo de Juntos por el Cambio – con su fracción de la UCR provincial- hizo uso y abuso de la mayoría automática para aprobar también estos artículos que no tenían el apoyo legislativo del resto de las bancas, pero por sobre todo, que no contaba con el apoyo social de los sectores de trabajadores que se movilizaban afuera del recinto con amplia presencia policial y de gendarmería, y que habían hecho llegar sus pronunciamientos de repudio a la medida.
En consonancia con todas las medidas antiobreras que propulsó el Ejecutivo chubutense, la única banca que rechazó en su totalidad el presupuesto de ajuste de Torres, fue la del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U), ocupada actualmente por Santiago Vasconcelos del Partido Obrero. El legislador de la izquierda denunció en su intervención que era inadmisible ese aumento de aportes en un contexto de desvalorización brutal de salarios y jubilaciones que en su gran mayoría no cubren la canasta familiar patagónica y de la existencia de una deuda histórica de los organismos públicos con la caja provincial que no fue reconocida a pesar de haber sido promesa de campaña del actual gobernador. Señaló además, la contrapropuesta de aumentar el conjunto de los salarios y mejorar las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores a través de la aplicación de impuestos progresivos a las grandes ganancias de las petroleras, de la pesca, de Aluar y los negociados capitalistas (en la misma sesión se discutiría la baja de las regalías petroleras a pozos poco productivos). Finalmente, marcó el contrapunto de las abultadas dietas de los diputados provinciales -que mediante un proyecto de ley propio, se buscó equiparar con el salario de un directivo docente- y de ítems que se perciben en negro y por tanto no pagan aportes. “Diputados de los 4 millones están decidiendo que los jubilados que cobran 350 mil, cobren menos”, sentenció Santiago Vasconcelos.
La última medida tiene que ver con el decreto 1965/2024 publicado en el Boletín Oficial del 9 de enero pasado, en el cual Torres instruye a las reparticiones públicas para solicitar a los agentes que cumplan las condiciones de acceder al régimen jubilatorio que inicien los trámites del mismo, justificando que es necesario “reducir el personal activo” para “ordenar” y “modernizar” la Administración Pública, al mejor estilo de la ola de despidos masivos que existe en el Estado Nacional de Milei, recortando el gasto público en personal y sosteniendo un superávit de cartón a través del vaciamiento y desfinanciamiento de diversas áreas fundamentales como género, salud, educación y derechos humanos.
El decreto en cuestión es la cola de una serie de ataques que se vienen dando contra los empleados provinciales. Uno de ellos, fue el Censo que se realizó a empleados públicos con el supuesto fin de dar con la existencia de “ñoquis” de los gobiernos anteriores pero que en verdad, constituyó una herramienta persecutoria y de cuyos resultados se toman estas iniciativas de ajuste y de reducción de personal. Otro, y con el mismo fundamento de aumentar la eficacia y dinamismo de la administración pública pero sin explicar de qué manera, fue la denominada ley del “3×1” sancionada en diciembre pasado, donde se suspenden los ingresos al Estado y se habilita una vacante cada 3 bajas de la misma categoría de escalafón, dejando afuera todo el esquema de recategorizaciones atrasadas que fue tema de debate a lo largo de todo 2024 y en el que, en varios casos se tomó el compromiso de regularizar la situación de los agentes precarizados y en plantas transitorias que ya están en condiciones de ser pasados a planta permanente. La única excepción que contempla la ley 3×1 es la de cargos técnicos o profesionales, habilitando la discrecionalidad en el nombramiento de los mismos. Por si no fuera poco la vigencia está prevista hasta el 2027, lo que permite nuevamente utilizar el “kiosquito” de los ingresos al Estado con fines electorales.
Por su parte, Rosa Contreras, vocal del sector pasivo del ISSyS, en diálogo con Diario El Chubut criticó el decreto que calificó como un “retroceso” y señaló además, el impacto económico que tendría sobre los trabajadores, ya que no todos los agentes en condiciones de jubilarse pueden acceder al 82 % móvil porque este beneficio requiere de 30 años de aportes exclusivamente en la provincia, no contemplando los aportes realizados en otros distritos o en otros sistemas, lo que reduce el haber jubilatorio. Por otro lado, expresó que el traspaso de empleados al sistema previsional puede agravar aún más la situación financiera del Instituto y que la medida se impuso con una falta de consulta y sin números claros.
Sin embargo, en la ley de presupuesto que el Ejecutivo envió a la Legislatura para su aprobación express y sin admitir debate alguno, ya contemplaba una reducción de más de 3.000 puestos laborales, lo que da a las claras la intención de ajustar aun más los bolsillos de la clase trabajadora que pelean el día a día para cubrir los gastos de alimentación, los tarifazos en los servicios, el aumento de los alquileres y el transporte, mientras se gastan millonadas en aparatos represivos, en publicidad, mientras todos los beneficios impositivos habidos y por haber fueron dados al sector empresarial mediante programas de incentivos, al turismo, a la industria naval, mediante la adhesión al RIGI que abre las puertas a grandes negociados extractivistas con exenciones por 30 años.
También en la ultima sesión legislativa, se aprobó la adhesión a la Ley 27.348 del macrismo en el 2017 que restringe la doble vía de reclamo de la que gozaban los trabajadores ante un accidente de trabajo o enfermedades laborales, debiendo ahora agotar todas las instancias administrativas antes de acceder a la judicial ante el mal desempeño de patronales y aseguradoras. La banca del FIT-U denunció que se trata de un entramado para proteger al negocio de las ART y engrosar los mecanismos de los empleadores para reducir costos y no hacerse cargo de las propias condiciones que generan en un contexto de profundización de la precarización laboral a través de la reforma, la superexplotación, las pésimas condiciones de higiene y seguridad, el régimen de beneficio permanente a las patronales y ataque brutal a trabajadores y jubilados.
El gobernador de Chubut arranca el 2025 envalentonado pero protagonizando un verdadero papelón con el frustrado desalojo de la Lof Pailako, movilizando un escuadrón multimillonario de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para montar un show racista en el intento de desalojo de las familias mapuches que habitaban territorio ancestral, impulsando un discurso criminalizador de los pueblos originarios que reivindican su preexistencia en los territorios, pasando el gobierno por encima de la legislación vigente que los protegen, y sumándose a la línea fascitizante del gobierno nacional de Javier Milei. En este momento, con los incendios en el oeste de la provincia, desde el Estado se lanza una campaña racista y de persecución en vez de atender de manera urgente las necesidades de las más de 70 familias damnificadas y de los salarios de pobreza de los brigadistas, para dirigir el foco a responsabilizar a las comunidades indígenas.
Ignacio Torres está gestando el propio caldo de cultivo de su crisis. Es momento de organizar las luchas y plantarse contra los ataques del gobernador del Chubut. Rechacemos en la calle el ajuste y la política criminal de Torres.
