Un informe reciente del Banco Central reflejó que la morosidad bancaria asciende en la actualidad al 7,7% sobre el total de los prestamos privados. Significa un salto en relación a diciembre 2020, donde la misma se ubicaba en el 5,5%. Se trata de atrasos en el pago mayores a 30 días, donde se destaca el endeudamiento contraído por empresas. A su vez, aparece nítidamente una creciente dificultad por parte de las familias en saldar sus deudas, debido a la caída real de los salarios.

Así las cosas, la morosidad bancaria de las empresas pasó del 6,8% al 8,1%, y, en el caso de los préstamos al consumo, el aumento fue más pronunciado, trepando del 3,2% al 7,1% en la actualidad.

Endeudamiento familiar

Por un lado, lo anterior muestra el fracaso de la política gubernamental de intentar recomponer la depresión en el consumo apelando a un mayor endeudamiento de las familias trabajadoras, en lugar de promover una recomposición salarial. En eso consistió el lanzamiento del programa Ahora 12 -y su ampliación a 30 cuotas- que implicó mayores prerrogativas para las entidades bancarias y un horizonte plagado de deudas para el bolsillo popular.

Con estos datos, se pone de relieve la incapacidad por parte de los trabajadores de hacerle frente a las deudas contraídas, en un escenario donde los salarios son corroídos por la escalada inflacionaria; y, como consecuencia, se ven obligados a asumir nuevos intereses que agrandan la hipoteca original. Aquí vemos como la usura -por parte de las entidades bancarias y no bancarias- funciona como un mecanismo más del capital para confiscar el ingreso de la población trabajadora. Sin ir más lejos, un plan muy común que ofrecen los bancos para refinanciar deudas consiste en un nuevo crédito a 36 meses a una tasa del 52,5%, donde el cliente termina devolviendo casi el doble de lo que pidió (Iprofesional, 22/3).

El mismo destino tendrán los créditos a tasa cero para monotributistas, los cuales pueden estimular el consumo a corto plazo, pero a costa de hipotecar el porvenir de los sectores más inestables económicamente, ya que o no poseen ingresos fijos al ser cuentapropistas o son trabajadores informales cuya patronal encubre la relación laboral existente por medio del monotributo. Ni hablar de las líneas de crédito del Banco Nación dirigidas a trabajadores jubilados y pensionados -anunciadas por el gobierno en el mes de septiembre- mientras el haber mínimo se mantiene por debajo de la línea de indigencia.

Por otra parte, teniendo en cuenta que durante la pandemia el 50% de los hogares adquirió un préstamo para cancelar deuda vieja y el 70% lo hizo para comprar alimentos (según un estudio elaborado por Idaes-Unsam), podemos inferir que en la morosidad bancaria actual también están incluidos estos casos. Es decir, ya no estamos hablando solamente de que los trabajadores no llegan a pagar a tiempo las cuotas de un electrodoméstico que compraron con tarjeta, sino que además, el endeudamiento para sobrevivir se termina transformando en una bola de nieve imposible de costear.

La situación es mucho peor para las personas que no tienen acceso a una tarjeta de crédito bancarizada debido a sus bajos ingresos, que, a la hora de pedir un crédito, se ven obligadas a acudir a entidades no bancarias -empresas fintech, por ejemplo- donde la tasa de interés es considerablemente superior. Según un informe de la consultora Curat-Martínez Larrea, en las entidades no bancarias el nivel de morosidad alcanza el 13,5% en el caso de los préstamos personales. Como vemos, la “soga al cuello” del endeudamiento familiar aparece en su máxima expresión entre los sectores más vulnerables.

Deuda empresarial

Por otro lado, la morosidad bancaria registra niveles más altos en el caso de los créditos contraídos por empresas. Un dato preocupante es que la morosidad de las empresas asciende al 15,6% en los créditos otorgados por bancos públicos, poniendo al desnudo cómo la banca local está seriamente comprometida en el endeudamiento empresario; y, por lo tanto, corre mayores riesgos en caso de default. A su vez, cuando estos ocurren, como sucedió con Vicentín que tenía al Banco Nación como principal acreedor, el gobierno se niega a abrir los libros de dichas compañías en función de comprobar que la quiebra no haya sido resultado de una operación de vaciamiento, y, mucho menos, procede a expropiar su patrimonio.

Por el contrario, se pone a disposición de rescatar ese pasivo, como lo muestra el ofrecimiento de “ayuda” por parte de Alberto Fernández frente al caso de Molino Cañuelas, que acaba de llamar a concurso de acreedores producto de la crisis de deuda que atraviesa, parte de la cual fue contraída con el Banco Nación y el Banco Provincia. Mientras tanto, se desconoce qué hizo la patronal con las ganancias acumuladas en todos estos años.

Un trato diametralmente opuesto al de las grandes alimenticias reciben los pequeños productores agrícolas, quienes, además de verse asfixiados por la concentración económica del campo en manos de un puñado de monopolios, el único financiamiento que ofrece el Estado son unas miserables líneas de crédito otorgadas por el Banco Nación, cuyo monto no supera los $3 millones, cifra completamente insuficiente para realizar cualquier inversión productiva (El Cronista, 17/8).

El cuadro descripto se inscribe en un fenómeno más amplio donde la deuda empresarial en Argentina (externa y local nominada en dólares) alcanza la friolera de USD 80.237 millones en total. El 18% de esa cifra, USD 14.150 millones, es deuda financiera, es decir, los acreedores son bancos u otras instituciones financieras. Una hipoteca muy difícil de financiar en el escenario actual, signado por la crisis capitalista y la bancarrota nacional, donde las reservas del Banco Central se encuentran en estado crítico como resultado de la fuga de capitales y el pago sistemático de la deuda externa.

Una salida de los trabajadores

En definitiva, detrás del aumento de la morosidad bancaria se encuentran todas las contradicciones de la realidad nacional, donde la banca termina de expoliar los ya derrumbados salarios del pueblo trabajador, mientras se mantiene intacto el secreto capitalista al servicio de ocultar las prácticas de saqueo por parte de las patronales, las cuales acumulan una deuda sideral que pone contra las cuerdas al conjunto de la economía.

Necesitamos recomponer el ingreso de los trabajadores garantizando un salario y jubilación mínima igual a la canasta familiar, 82% móvil, paritarias sin techo indexadas a la inflación, trabajo bajo convenio para todos, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo; no queremos más endeudarnos para consumir. Por otra parte, es preciso nacionalizar bajo control obrero la banca para terminar con la usura contra los sectores populares y redireccionar el crédito del país hacia un plan de desarrollo nacional y en favor de un interés mayoritario. Abrir los libros de las empresas, nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior, romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria forman parte fundamental de este programa de salida a la crisis por parte de los trabajadores que defendemos desde el Frente de Izquierda Unidad.