La tentativa del gobierno, y en particular del kirchnerismo, por encubrir que hay un ajuste en marcha se estrella contra la realidad. El empeño puesto por el aparato oficial -dentro del cual se destacó el despliegue de La Cámpora y el Movimiento Evita- en la movilización al Congreso cuando se trataba el impuesto a la riqueza no alcanza a disimular el feroz recorte en curso contra las condiciones de vida de los millones de argentinos que viven de su trabajo.

Estamos en presencia de un salto de la inflación. En estos días, los combustibles aumentaron un 2,5% y las carnes subieron entre un 10 y un 20%. La variación de precios viene subiendo mes a mes. En septiembre fue de casi el 3% y un mes más tarde se acercó al 4%. Pero en el caso de los alimentos y productos de primera necesidad, que son los que más consume la población trabajadora, orilló el 6%. Esto incluso es engañoso, pues en la estadística oficial se toman los precios máximos de productos que en muchos casos escasean en las góndolas o directamente no se consiguen. Además, la liberación de las tarifas a partir de enero anticipa un nueva escalada.

Importa señalar que estos números se dan cuando atravesamos una recesión, lo que atenúa el traslado de los aumentos a los precios. De modo tal que cualquier atisbo de reactivación o reanimamiento económico podría provocar una estampida. Por lo pronto, el incremento en los precios internacionales que se viene registrando en el maíz y el trigo, que ha despertado el entusiasmo del gobierno porque implicaría un mayor ingreso de divisas, va a ir de la mano con un encarecimiento del pan y harinas para el consumo interno, como ya se vaticina. Si tenemos en cuenta lo expuesto, está a la vista el dibujo que representa el Presupuesto que proyecta un 29% de inflación.

Salarios de pobreza

La realidad es que el promedio de los salarios en blanco apenas supera la línea de la pobreza.

Durante octubre, la canasta básica para una familia tipo alcanzó los 50.000 pesos. El promedio de los salarios está apenas un poquito por encima de esa cifra. Esto significa -como lo destaca un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa)- que “mucha gente, aún teniendo un empleo privado registrado, no logra salir de la pobreza”. En otras palabras, esta no solo engloba a quien trabaja en negro, informal, al desocupado o los precarizados, sino en forma creciente a los trabajadores en blanco.

Esta aceleración de la carestía pone al descubierto, por otra parte, el perjuicio que representa el nuevo régimen de movilidad jubilatoria, pues el cambio principal consiste en desvincular el haber jubilatorio de la inflación… justo cuando esta pega un salto.

La política oficial apunta a valerse de la escalada inflacionaria para licuar los salarios de su propio personal. El Estado nacional viene disponiendo aumentos sensiblemente inferiores a la inflación, incluidas verdaderas provocaciones, como el 7% que se ofrece en la universidad y a los estatales -lo que fue acompañado por las jurisdicciones provinciales y municipales. Las dependencias públicas son la punta de lanza de la ofensiva contra los salarios, que constituyen una parte esencial del recorte del gasto público que se está discutiendo con el FMI. Se suma a la supresión del IFE, el ATP y los recortes ya señalados a las jubilaciones, además del aumento de tarifas para ir reduciendo los subsidios del Estado. Habría que agregar a esto el achicamiento de las plantas funcionales, que se está implementando a través de la no renovación de contratos y despidos encubiertos.

Paquete en gestación

Las negociaciones con el FMI están lejos de ser un paseo. Es necesario tener presente que el Fondo reclama un ajuste superior al presupuestado, lo cual ha pulverizado rápidamente las expectativas de Alberto Fernández en un trato “amigable” y una atenuación de las exigencias del organismo -que venía siendo exhibido como un “aliado” de la Argentina. Por lo pronto Martín Guzmán recibió un primer baldazo de agua fría con la noticia de que la aprobación del acuerdo se estiraría hasta febrero del año entrante, a la espera de la asunción del nuevo presidente norteamericano. Kristalina Georgieva le recordó al gobierno argentino, por si hacía falta, que la concreción del acuerdo depende del visto bueno de Washington, del Salón Oval de la Casa Blanca. El FMI oficia de representante de los intereses del capital internacional y de las grandes potencias capitalistas, en primer lugar de Estados Unidos. El gobierno ya lo experimentó amargamente cuando tuvieron lugar las tratativas con los bonistas.

La película vuelve a repetirse. Alberto Fernández confiaba cerrar rápidamente un acuerdo y arrancar una nueva etapa con un aval internacional. En cambio, va tener que transitar en la cuerda floja estos meses de verano, que pueden volverse interminables en medio de la zozobra económica y social que crece día a día. La extrema vulnerabilidad en que se encuentra el gobierno, devaluado, que viene a los tumbos, es el campo ideal para la extorsión del FMI. No olvidemos, además, que el acuerdo que se está negociando es de “Facilidades Extendidas”, cuyos requisitos son superiores al acuerdo de stand by firmado en la época de Macri.

El relato nac&pop sucumbe frente a los hechos: la promesa de Fernández de recuperar soberanía y autonomía en las decisiones del país se desvanece. Las principales variables económicas van pasar por el filtro y el monitoreo del exterior. El ascenso de Joe Biden no va a alterar la política imperialista que Estados Unidos venía implementando en su “patio trasero”. La bancarrota capitalista acentúa la presión y los condicionamientos coloniales y leoninos sobre los países emergentes y las tendencias a apropiarse de sus recursos, en el marco de políticas proteccionistas y de una intensificación de la guerra comercial entre las potencias capitalistas; en especial entre Estados Unidos y China.

El paquete que se está negociando incluye cuatro proyectos, que son “el propio acuerdo que se firmaría con el organismo, la reforma previsional, la tributaria y el compromiso fiscal plurianual. En la intención del gobierno, estos cuatro proyectos, junto con el Presupuesto 2021, incluirían todas las metas a las que se comprometería el Ejecutivo ante el organismo que maneja Kristalina Georgieva” (Ambito Financiero, 24/11).

El paquete de ajuste no excluye una devaluación. Si bien Guzmán desmiente que el FMI reclame una depreciación del peso, lo cierto es que sus representantes vienen insistiendo en la necesidad de poner fin a la “brecha cambiaria”, un eufemismo para referirse a la necesidad de una corrección del tipo de cambio. Las presiones devaluatorias siguen siendo muy importantes, y el gobierno se encuentra cada vez más contra las cuerdas. La emisión de deuda atada al dólar, que ha promovido para neutralizar la corrida contra el peso, no ha logrado detener la caída de las reservas del Banco Central y es insostenible en un tiempo prolongado.

Consenso político

El visto bueno del FMI está condicionado a que los proyectos nombrados sean aprobados por el Congreso. Los funcionarios del organismo internacional plantean el requisito de un acuerdo político que garantice que se cumpla con lo que se eventualmente se firme. Pretende que los principales bloques y coaliciones de la burguesía metan sus huellas digitales. El gobierno de Fernández no ha dejado pasar el tiempo, y siguiendo esa línea, ha convocado a poner en funcionamiento un Consejo Económico y Social, que venía siendo pateado para adelante.

No puede pasar desapercibida la coincidencia de este planteo con las manifestaciones de la propia Cristina Kirchner. En la carta que tanto ruido provocó, esta hizo un llamado a un entendimiento político con la oposición y los empresarios, que se extiende al propio Magnetto.

Más allá de cierta vocinglería nacional y popular, que no deja de ser tibia y a cuentagotas, Cristina está jugando un papel activo para allanar el camino hacia el acuerdo con el FMI. Hace como el tero, grita por un lado y pone los huevos en el otro. No sorprende, si tenemos presente que el kirchnerismo viene acompañando al gobierno en sus decisiones más trascendentes y estratégicas, como el papel determinante de CFK en la aceptación del arreglo leonino con los bonistas.

Antes de la partida de la misión del FMI hubo un cónclave entre los funcionarios de la misma, Martín Guzmán, el representante de la Argentina en el Fondo Sergio Chodos, y representantes de la Asociación Empresaria Argentina (Paolo Rocca, entre ellos), que hace poco habían mantenido un encuentro con el ministro de Economía. En el cónclave se le dio un guiño al acuerdo en marcha, aunque no dejó de aparecer el reproche empresario con respecto al impuesto a la riqueza.

De todos modos, es un rompecabezas difícil de armar, pues hay demasiados intereses encontrados: los apetitos son muy grandes y la caja demasiado exigua en tiempos de default. La negociación en curso va a ser, sin lugar a dudas, una fuente de tensiones y choques al interior de la clase capitalista.

Es en este cuadro que no debe pasarse por alto que el cónclave contó con el visto bueno de Cristina. “Guzmán tomó sus recaudos antes del encuentro y la fue a ver a Cristina, a quien le hizo un informe sobre la reunión y le explicó cómo está la situación con el FMI. Ella lo bendijo, lo cual muestra que el ministro sigue teniendo el apoyo de la vicepresidenta” (La Nación, 24/5).

Paro nacional y plan de lucha

En momentos en que el salto inflacionario está haciendo estragos en los bolsillos populares, la lucha por un aumento de emergencia pasa a ocupar un lugar central. Se impone el reclamo de un bono de emergencia de fin de año, equivalente a un medio aguinaldo para todos: ocupados, jubilados y desocupados. En este último caso debería ser de al menos 15.000 pesos. Esta reivindicación está integrada en la lucha por la reapertura de las paritarias, partiendo del hecho de que las paritarias al 17% anualizado, como las estatales y las del resto de los gremios -salvo honrosas excepciones como el Sutna- han hundido el salario.

La CGT manifestó semanas atrás su malestar frente a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y las medidas de ajuste del gobierno, pero como es costumbre viene haciendo la plancha. A pesar de este bloqueo de la burocracia, se están desatando luchas. En la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores y profesionales de salud vienen ganando las calles, lo que tuvo continuidad esta semana con un paro hospitalario y movilización, y el Hospital Garrahan viene de ser protagonista de un contundente paro. Una caravana ferroviaria convocada por el cuerpo de delegados del Sarmiento marchó al Ministerio de Transporte en repudio al acuerdo salarial firmado por la burocracia. Movilizaciones y paros se replican en el interior, como la lucha de los enfermeros de Neuquén o la de los trabajadores de la salud de Córdoba, que vienen del segundo paro provincial y preparan nuevas jornadas de paros y movilizaciones. Esto se da en medio de la resistencia heroica de sectores del movimiento obrero, como la metalúrgica Gri Calviño, que viene desafiando un lock-out patronal. A su vez el Sutna lanzó una campaña contra el impuesto a las ganancias sobre el salario, y el plenario de la Multicolor docente bonaerense de 500 activistas votó movilizarse para rechazar el presupuesto de ajuste de Kicillof.

El movimiento de desocupados independiente del gobierno, que integra el Polo Obrero, continúa la lucha ante la eliminación del IFE, levantando el reclamo de un seguro al desocupado de 30.000 pesos al mes. En los barrios, la inquietud es generalizada, porque las medidas anunciadas por el gobierno (ayuda alimentaria y bono para la AUH) están muy alejadas de las necesidades, que se han vuelto desesperantes.

Las urgencias de los trabajadores no coinciden con las de la burocracia. Este contraste es marcado y eso está alimentando una deliberación en el movimiento obrero. En este cuadro, el reclamo de paro nacional y plan de lucha cobra una gran relevancia. El Plenario del Sindicalismo Combativo debe ponerse a la cabeza de este reclamo.

La campaña por un paro nacional debe ir de la mano del impulso a todas las luchas en curso. Ante el pacto de la burocracia con el gobierno y las patronales, las luchas reivindicativas parciales son una vía para la acción de los trabajadores en oposición a la ofensiva capitalista. Estas luchas van planteando un programa de transición que debe ser tenido en cuenta para la etapa, porque combinan reclamos de diferente tipo y profundidad, pero que tiene el valor de movilizar a sectores amplios de la clase obrera. El reclamo de paritarias que compensen la inflación, de bonos para fin de año o doble aguinaldo, el rechazo al impuesto al salario, la lucha contra despidos y suspensiones, la defensa de los convenios colectivos de trabajo, son aspectos centrales de este programa. El clasismo debe jugar un papel protagónico en estas luchas, esforzándose por involucrar a la mayor cantidad de trabajadores. Es por esta vía, junto con una agitación política de conjunto, que se producirá una maduración de sectores amplios de los trabajadores y su evolución a posiciones más combativas.

El acuerdo de sometimiento al FMI es incompatible con las necesidades populares. Un nueva rebelión, esta vez en Guatemala, donde el pueblo salió a desafiar en las calles el acuerdo fondomonetarista firmado por el gobierno y que implicaba recortes brutales en materia de salud y educación, señala en forma descarnada esta encrucijada. La lucha planteada pasa a ser una cuestión de sobrevivencia, como lo marca la dramática experiencia de América Latina. El clasismo y la izquierda deben colocarse al frente de la batalla, dirigida a impulsar la intervención de la clase obrera en la crisis, y abrir paso a una salida política de los trabajadores.