11/11/2020 | 1609
EDITORIAL

De la carta de CFK al pacto con el FMI

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Cuando el pasado 27 de octubre Cristina Fernández de Kirchner proclamaba en una carta pública la necesidad de avanzar en un pacto con el poder “económico y mediático”, desde Prensa Obrera advertíamos que la expresidenta se ponía a la cabeza de un giro político del gobierno hacia los grandes capitalistas, que alcanzaba incluso a su rival Magnetto. Pasadas varias semanas de esa misiva, el pronóstico formulado se ha verificado con la velocidad del rayo. Los gestos en favor de esa “unidad nacional” han sido abrumadores. Desde reuniones entre Guzmán y el dueño de Clarín en el Ministerio de Economía, los nuevos acuerdos con Techint en Vaca Muerta, la aprobación en Diputados de un Presupuesto 2021 ajustador y, lo más importante de todo, la represión en Guernica a las familias que carecen de un pedazo de tierra para vivir, son decisiones de fondo que muestran el intento de zafar de la grave crisis del gobierno por medio de un rescate del gran capital nacional e internacional.

Alfombra roja

La parte más importante del giro del gobierno tiene que ver con la búsqueda de un rápido acuerdo con el FMI. Este fue concebido como una tabla de salvación luego de que la onerosa reestructuración de la deuda sellada por el gobierno fracasara en su intento de normalizar la economía y frenar la fuga de capitales y las presiones devaluatorias. La reducción de la brecha cambiaria de estas últimas semanas no llama a engaño a nadie, porque ha sido lograda gracias a un festival de colocación de deuda en pesos y en dólares, el remate de títulos en manos de la Anses y la creciente venta de dólares futuros. Se trata de medidas insostenibles en el tiempo y que tienen un claro signo recesivo, lo cual es mortal para una economía cuyo PBI caerá alrededor del 12 puntos. Los grandes beneficiados de estos negociados han sido los fondos de inversión que gobernaron bajo el macrismo, empezando por Templeton y Pimco, que recibieron un bono en dólares al 17% anual, para poder salir del peso y fugar sus capitales.

Dentro del menú de los posibles acuerdos con el FMI, el gobierno ha decidido solicitar el de “facilidades extendidas”, que incluye la necesidad de las llamadas reformas estructurales, un eufemismo para referirse a las reformas previsionales, laborales e impositivas que reclaman los capitalistas. Anticipándose a la llegada de la misión del Fondo a la Argentina, el gobierno presentó su proyecto de reforma previsional, que consiste en eliminar la indexación por inflación de las jubilaciones, justo cuando todos los analistas prevén un crecimiento inflacionario para el año 2021. Sería una vuelta a la fórmula que rigió en Argentina bajo los gobiernos kirchneristas. Las propias encuestas que realiza el Banco Central muestran que las expectativas inflacionarias para los próximos 12 meses promedian el 52,1%, y esto siempre y cuando el gobierno logre evitar una megadevaluación. El ajuste por el índice de salarios y por la recaudación de la seguridad social estará claramente por debajo de esa cifra, sea porque las paritarias que se firman son mayormente a la baja, sea porque los ingresos de la Anses se ven perjudicados adicionalmente por las excepciones de aportes promovidas por el gobierno mediante sumas fijas o bonos. El golpe a los jubilados se ha convertido en una cuestión de Estado, que incluye a todas las alas del gobierno. Recordemos, por si hiciera falta, que la titularidad de la Anses está en manos de una funcionaria de La Cámpora, es decir, de lo que se presume es el sector izquierdista de la coalición gubernamental.

Hasta el momento, el macrismo ha salido a rechazar el cambio de la fórmula de movilidad, defendiendo la aprobada por su gobierno en diciembre de 2017. Sin embargo, ocultan que en esa oportunidad se le robó a los jubilados un semestre entero, que no fue computado para establecer los aumentos correspondientes. De todos modos, el debate sobre la fórmula macrista vs. la kirchnerista no puede ocultar que ambas han servido para condenar a millones de jubilados a la miseria. Quienes nos han gobernado en las últimas décadas son los responsables directos de que en la actualidad 5,5 millones de jubilados reciban un haber que ronda los 18.000 pesos, cuando la canasta básica de la tercera edad ya está cerca de los 50.000. La modificación de esta situación requiere de una actualización de las jubilaciones hasta llevarlas al 82% móvil. Si de fórmulas se tratara, habría que establecer una en que, teniendo en cuenta la inflación y el aumento de los salarios, rija el índice más alto. Solo así los jubilados evitarían perder con la inflación y a la vez recibir un aumento real en el caso de que los salarios también crezcan por encima de los precios.

La orientación ajustadora no se limita a los jubilados. Junto con la reforma previsional, el gobierno anunció la eliminación de la IFE, a pesar de que el crecimiento de la pobreza y la indigencia han superado todas las previsiones. También se anticipa un tarifazo para 2021, que sería el resultado de la reducción de los subsidios a la energía y al transporte público. Mientras se autoriza el aumento de tarifas a las privatizadas, el gobierno las habilita a retirar utilidades, computándolas al tipo de cambio oficial. En función de alcanzar el acuerdo con el FMI y dar señales de limitación de la emisión monetaria, Guzmán anunció que la reducción del déficit fiscal será mayor a la que establece el Presupuesto 2021. Ese déficit rondaría el 3 o el 3,5%, cuando este año supera el 8%. Semejante ajuste dejará en ridículo hasta a López Murphy, que fue expulsado en pocos días del gobierno de De la Rúa cuando quiso imponer una reducción del presupuesto universitario.

Paro nacional contra el ajuste

El ajuste que está en marcha golpea al conjunto del pueblo trabajador. La muestra más cabal de ello está en la nefasta paritaria firmada por UPCN con el gobierno nacional que, oficiando como parte patronal, impuso un ridículo 7%. Con una inflación anual superior al 30%, ese porcentaje no es un aumento sino una reducción salarial significativa. Una pauta similar se le quiere imponer también a los docentes universitarios, a quienes el “gobierno de científicos”, les desconoció una paritaria ya firmada, como Rodríguez Larreta lo hizo también con la docencia de la Ciudad de Buenos Aires. Este nefasto 7% fue tomado también por los gobernadores e intendentes para imponer una rebaja salarial a los empleados públicos provinciales y municipales, trabajadores de la salud y la docencia.

Después de hacer un acto el 17 de octubre en apoyo al gobierno, la CGT acaba de sacar un comunicado criticando algunas de las medidas anunciadas. La eliminación de la ATP podría derivar en un nuevo salto de los despidos, en momentos que la desocupación bien medida ronda el 29%. En este punto, la burocracia sindical actúa como vocera de las patronales, en primer lugar de la UIA, que había solicitado la extensión sin plazo de la ATP para que el Estado pague los sueldos de las empresas, sin antes verificar sus estados contables y la posibilidad real de pago. Pero el pacto con el FMI opera con la lógica de la manta corta y el ajuste alcanza también a sectores de la clase capitalista, aunque de modo desigual. Es que sectores enteros de esta se han visto beneficiadas con reducciones impositivas, como ser los exportadores y las mineras. La posición de los trabajadores debe ser rechazar todo despido y reducción salarial y reclamar la apertura de las cuentas de las empresas para evaluar su verdadera situación económica y financiera.

El comunicado de la CGT, sin embargo, refleja objetivamente el choque que se avizora entre los trabajadores y el gobierno, y más allá de él con el conjunto del régimen. No es casual que Guzmán aclarara que enviará al Congreso el paquete ajustador pactado con el FMI. Sabe perfectamente que las fracciones patronales, empezando por las que integran el Frente de Todos, darán su consentimiento. Estamos ante un desafío para los trabajadores, que deberán enfrentar una coalición ajustadora que amenaza el salario, el trabajo, las jubilaciones y las partidas que deben destinarse a salud, educación y el gasto social. Esto plantea la necesidad de una campaña por asambleas en los lugares de trabajo y el reclamo de plenarios en todos los sindicatos con mandatos de base para enfrentar el ajuste en marcha mediante un paro nacional en defensa de las jubilaciones, el salario y el trabajo. La campaña por un paro nacional debe ser llevada a todos los sindicatos y debe servir para promover acciones de lucha, incluso parciales, por las reivindicaciones de todos los colectivos de trabajadores.

Para el Plenario del Sindicalismo Combativo se presenta la obligación de tomar la iniciativa, llamando a una acción de lucha que convoque al conjunto de los trabajadores, con un fuerte trabajo de agitación en la base. El Frente de Izquierda-Unidad también debe tomar nota de la situación y convocar a un acto político de masas. A partir de estas consideraciones reiteramos el llamado que ya le hemos hecho a los partidos del FIT-U en una carta especial.

El acto del Partido Obrero en Plaza de Mayo del próximo 14 de noviembre y los que realizaremos en todo el país están en función de desarrollar esta política.

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