En lo que todos los medios catalogaron como una resolución exprés, el Tribunal Oral Federal 1 resolvió, en el mediodía del miércoles 4, la excarcelación de Julio De Vido. El exministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se encontraba en prisión preventiva desde octubre de 2017 por la causa que investiga un desfalco en la empresa estatal Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, por la cual cumplía arresto domiciliario. Ahora, fundamentan que no hay riesgo de fuga ni de que entorpezca la investigación judicial.

De Vido afronta también otras cuatro causas por corrupción, y está condenado a su vez a una pena en suspenso de 5 años y 8 meses de cárcel por haber sido considerado partícipe necesario en la malversación de fondos asignados a la concesionaria del ferrocarril Sarmiento, que derivara luego en la Masacre de Once. Ese fallo está a la espera de una confirmación en la Cámara de Casación, donde los familiares de las víctimas reclamaron que sea condenado por estrago culposo, alegando su responsabilidad efectiva en el hecho que ocasionó las 51 muertes aquel 22 de febrero de 2012. Por ese hecho, fueron declarados culpables los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el empresario Claudio Cirigliano.

Los negociados con la obra pública están fuera de duda, toda vez que la propia Cristina Kirchner aseguró que la patria contratista y la cartelización de la obra pública “no comenzó en 2003”. La famosa causa de los Cuadernos de Centeno salpicó no solo a funcionarios kirchneristas y macristas, sino a una inmensa porción de la clase capitalista argentina (Techint, Roggio, etc.), desnudando un régimen de enjuagues a costa del pueblo y los fondos públicos. Lo mismo sucede con el coletazo local del Lava Jato brasileño, que sin embargo sigue sin ser juzgado. Todos los implicados gozan al día de hoy de la más absoluta impunidad.

El hecho de que estos gigantescos entramados de corrupción se mantengan impunes no significa, desde ya, que quienes sí fueron llevados a los Tribunales sean inocentes. La utilización de las causas de corrupción como un elemento de presión política –una línea bajada por el imperialismo yanqui para desplazar a los empresarios locales de la obra pública y golpear en el corazón de la burguesía nativa- no exime a los funcionarios involucrados sino que incrimina a la propia Justicia, que encubrió estos negociados hasta que finalmente el kirchnerismo fue desalojado del poder.

El Partido Obrero denunció la corruptela en el ferrocarril en tiempo real, desde mucho antes de la Masacre de Once, cuando ya en octubre de 2010 este régimen siniestro se cobraba la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra en aras de defender el negocio de la precarización laboral que explotaban las privatizadas, los funcionarios y la burocracia sindical ferroviaria. La lucha contra la corrupción es una causa que solo pueden defender los trabajadores; en manos de las camarillas judiciales y de los partidos patronales solo pueden ser un elemento de extorsión política. Parte de esta realidad salió a la luz con las operaciones del fiscal Carlos Stornelli que dieron lugar a la causa de Ramos Padilla, evidenciando un entramado de espionaje y conspiraciones entre funcionarios, jueces, fiscales y los servicios de inteligencia.

Una confirmación de todo esto es la preservación de los intereses capitalistas. La ley de extinción de dominio –tan patrocinada con la campaña “anticorrupción” del macrismo- dejó intacto el patrimonio de las empresas como tal, y ni hablar que preserva el secreto comercial y sobre todo el bancario, que es a donde van a parar las ganancias de los sobreprecios. Por lo demás, basta recordar las causas que pesan sobre el propio Mauricio Macri, como la de los Panamá Papers o la del Correo, y sobre su entorno, como su primo Ángelo Calcaterra. Si los gobiernos K habilitaron un festival de corruptelas, los M no se quedaron afuera del festín. Por lo demás, el discurso anticorrupción del macrismo fue un justificativo para arremeter contra los trabajadores y ejecutar un ajuste brutal.

Sin embargo, el kirchnerismo se valió del carácter arbitrario del accionar judicial -empezando por la utilización caprichosa de las prisiones preventivas- para presentarse como víctima de una persecución política. Apoyado en esta teoría del “lawfare”, De Vido había protagonizado una cruzada pública con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionando la afirmación de que “en Argentina no hay presos políticos”. Es una impostura. Si el arresto del exministro contrastaba con la libertad de que gozaba todo el resto de los implicados en causas de corrupción, ello solo se debe a la impunidad reinante.

Las camarillas judiciales se hallan en plena efervescencia. Los vaivenes políticos producen realineamientos, como evidenció la división del Poder Judicial cuando se avizoraba una derrota electoral de Macri, que a despecho del expresidente pateó para después del cambio de gobierno los juicios que involucran a Cristina Kirchner. La reforma judicial que anticipa Alberto Fernández no va a revertir esta cuestión, simplemente porque apunta a desarmar el poder de Comodoro Py en función de erigir una Justicia que le responda. Para graficar que no hay en ello ningún beneficio para la población trabajadora, vale tener en cuenta que Fernández busca blindarse de posibles crisis como la que generaría un fallo favorable a los jubilados tras el robo que implica el congelamiento “solidario” de la movilidad.

En resumen, la Justicia es el terreno en el que operan, con los métodos más oscuros, las distintas alas de un régimen corrupto hasta la médula. Ello, preservando siempre al otro lado del mostrador de la defraudación pública, a los empresarios. La libertad de De Vido es otro retrato más de la impunidad.