Muchos afirman que Argentina sufre una escasez de dólares, pero mientras tanto continúa el “boom” exportador. Los datos del Indec arrojan que en septiembre el superávit comercial fue de USD 1.667 millones y, el acumulado en los primeros nueve meses del 2021 se ubica en los USD 12.322 millones, lo que constituye el saldo comercial más alto de la última década. Medido en dólares, las ventas al exterior de septiembre tuvieron un incremento del 59,8% en términos interanuales. Sin embargo, el Banco Central tuvo que endurecer el cepo para dejar de perder reservas, mientras que el puñado de multinacionales exportadoras sostiene una huelga de inversiones. Es decir que al país no le queda nada.

Sin embargo el gobierno, en el afán de ofrecer garantías de contar con las divisas para “honrar” la deuda externa, asegura que el incremento de las exportaciones va a resolver los problemas de la economía nacional. Allí apuntaron las recientes declaraciones del titular del Banco Central, Miguel Pesce, donde sostuvo que para que el país crezca la ventas al exterior debían promediar los USD 90 mil millones anuales (un 50% más que en 2020); o del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien se mostró partidario de aumentar la cantidad de soja que se exporta hasta alcanzar las 70 millones de toneladas (30 millones más que en la campaña comercial 2020/2021). Además de falso, este anhelo aparece como inalcanzable.

Resulta que el factor determinante del auge exportador viene siendo los altos precios internacionales de las commodities del agro, particularmente de la soja, cuyos productos y subproductos derivados presentaron un superávit comercial en septiembre del doble que hace un año). De los USD 7.553 millones que ingresaron al país mediante las exportaciones de septiembre el 30,4% (USD 2.299 millones) provino de productos primarios y otro 37,8% (USD 2.858 millones) de manufacturas de origen agropecuario, con un aumento interanual del 106,4% y del 43,8% respectivamente. Todo esto sin récord alguno en las cantidades exportadas, cuando de hecho el número de hectáreas cultivadas y la cantidad de toneladas cosechadas vienen en declinación.

Según los datos de la Bolsa de Cereales, en la campaña 2014/15 fueron sembradas 18 millones de hectáreas y se cosecharon 60 millones de toneladas; mientras que en el período 2020/21 la superficie sembrada se redujo a 17,2 millones de hectáreas y la cosecha se ubicó en las 43,5 millones de toneladas. Para el ciclo agrícola 2021/22 se prevé cultivar 16,5 millones de hectáreas de soja, la superficie más baja de los últimos 15 años, y obtener una producción de 44 millones de toneladas (Clarín, 21/10).

A esta huelga de inversiones se suman otros elementos de incertidumbre, como los anuncios de posibles sequías fruto del fenómeno climático conocido como La Niña, la volatilidad del precio internacional de los granos (en la bolsa de Chicago la tonelada de porotos de soja se hallaba en los USD 600 a mediados de junio descendiendo a USD 499,75 en la actualidad) e incluso la potencial suba de la tasa de interés de la FED amenaza con profundizar la tendencia bajista.

Esto porque los grandes beneficiados por este fenómeno, un puñado de pulpos internacionales que acaparan el complejo agroexportador argentino, no tienen intención alguna en un desarrollo productivo sino en sostener el negocio y fugar la mayor parte de las ganancias. Según un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, hasta septiembre las empresas agroexportadoras liquidaron en el mercado local USD 25.600 millones (lo que significa un salto del 69,62% en relación al año pasado), concentrado en un 15% por la firma Cofco de capitales chinos, un 14,31% en Cargill, en ADM con el 13,8% de los envíos y detrás Bunge con el 11,73% de las exportaciones de granos sin procesar -estas últimas tres multinacionales tienen su casa matriz en Estados Unidos.

A pesar de esto el gobierno insiste en adicionar beneficios para los capitalistas del agro, como lo muestra la presentación de la Ley de Agroindustria, es decir que acentúa el rumbo que nos ha conducido a la debacle actual, por el pago sistemático de la deuda externa y la fuga de capitales (incluida la subfacturación de exportaciones).

Por el contrario, necesitamos nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior, junto con la banca, para preservar los recursos del país y destinarlos al desarrollo nacional y a la satisfacción de las necesidades populares. Ello implica romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria, como elementos constitutivos de este programa de salida a la crisis por parte de los trabajadores.

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