El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, informó que a mediados del próximo mes volverá a reunirse el Consejo del Salario para establecer una nueva suba del salario mínimo. Los anuncios de Moroni aparecen en medio de una estampida inflacionaria que está causando estragos sobre el ingreso de los trabajadores. Con esto, el gobierno, la burocracia sindical y los empresarios, los cuales son los partícipes de la convocatoria, se preparan para asestarle otro golpe a los salarios.

La última vez que se reunió el Consejo fue en marzo de este año, una sesión que resolvió un aumento del 45% en cuotas para un salario mínimo que venía cayendo en picada. En ese entonces, la medida antisalarial fue enfrentada por una contundente medida de lucha. Las disposiciones que tomó ese cónclave terminaron convirtiéndose en un fiasco, ya que los aumentos tuvieron que ser adelantados, en buena medida por la presión que generó el movimiento piquetero combativo.

Así, el salario mínimo está ubicado desde el primero de junio en 45 mil pesos y todavía resta sumarle una cuota en agosto. Se trata de una cifra equivalente a menos de la mitad de la canasta de pobreza, la cual rondó en mayo los 100 mil pesos. Con el aumento por venir y habida cuenta la situación económica, el salario mínimo quedará rezagado otra vez con respecto a la dinámica inflacionaria. La inflación ha venido operando como un mecanismo de confiscación del salario en beneficio del Estado y de las patronales. Según los analistas, la inflación de junio podría cerrar rondando un 5,5%, mientras que la de julio superaría el 8%. De acuerdo a las estimaciones de la consultora LCG, existe la probabilidad de que la inflación piso para fin de año sea de un 90%.

El valor del salario mínimo es determinante para todo un universo de trabajadores. Por un lado, su aumento impacta en aquellos sectores obreros que se encuentran en la esfera de la informalidad, los cuales constituyen un 40% de la fuerza de trabajo del país, y, por el otro, en los montos del plan Potenciar Trabajo (la mitad del salario mínimo) y en los haberes jubilatorios básicos. Estos recortes forman parte de la política de ajuste fiscal en función del pago de la deuda externa que se encuentra desenvolviendo el gobierno nacional.

Moroni, mientras confirmaba la convocatoria al Consejo, aprovechó la oportunidad para respaldar a Silvina Batakis, la novel ministra de Economía. El funcionario destacó que “Batakis ratificó un rumbo que ya habíamos adoptado”, y señaló que “es el programa del Presidente y de todo el Gabinete” (Política Argentina, 11/7). Además negó que los anuncios de Batakis significaran un ajuste. Si se tiene en cuenta que los lineamientos económicos de Batakis efectivamente constituyen un ataque contra los trabajadores, el ministro de Trabajo, sin quererlo, admitió que la política de entrega y de ajuste es compartida por todo el elenco oficial. Y que el gobierno va a continuar fijando aumentos en cuotas y por debajo de la inflación, lo que a su vez licuará aun más el gasto en asistencial social.

Esto revela la impostura del kirchnerismo, que ha llegado a posar de anti-FMI votando en contra del pacto en el Congreso. El ala de Máximo Kirchner buscó incluso adjudicarse el adelanto de los aumentos del salario mínimo como una conquista propia. Lo que impera en el kirchnerismo, sin embargo, es una línea de ataque contra el salario. Su jefa política, Cristina Kirchner, ha refrendado esta orientación planteando la necesidad de avanzar en aumentos paritarios por decreto y con sumas fijas.

Entretanto, la burocracia sindical observa con pasividad cómo se desarrolla esta política de confiscación salarial. Su rol en el lugar que comparte con el gobierno y las patronales en el Consejo, que es una mesa de acuerdos antisalariales, es defender el interés empresarial. A diferencia de sindicatos como el Sutna, el cual lleva adelante asambleas donde los obreros participan en el delineamiento de las políticas y medidas a desenvolver, los gordos de la CGT y los burócratas de la CTA Autónoma irán a la sesión sin haber consultado nada a los obreros y evitando impulsar cualquier deliberación sobre cómo arrancar aumentos salariales. La burocracia cegetista se ha transformado en el principal sostén de la política ajustadora del gobierno.

Reclamamos un salario mínimo de 100.000 pesos y que sus aumentos estén indexados a la inflación. Al ajuste en curso hay que enfrentarlo ahora, en las calles, con un paro nacional y un plan de lucha.

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