El llamado “Consenso” Fiscal, firmado entre los gobernadores y Alberto Fernández, implica un impuestazo contra los trabajadores. En el marco de la renegociación de deuda con el FMI, a nadie se le escapa que dicho pacto ha sido escrito a la medida de las exigencias de aumentar la recaudación fiscal, para que cierren las cuentas para garantizar el repago a los acreedores internacionales. Es el complemento del ajuste para reducir el déficit.

La disposición, a la cual adhirieron el conjunto de las provincias, prorroga la suspensión del esquema de bajas de las alícuotas sancionado en diciembre de 2017 y elimina las alícuotas máximas para el período fiscal 2020 y 2021 sobre Ingresos Brutos, a los Sellos, Inmobiliario, a aquellos que gravan la nómina salarial y a tributos específicos. Asimismo, fija una serie de restricciones a las provincias para la adquisición de deuda en dólares, en nombre del “endeudamiento responsable”, pero establece nuevos mecanismos de endeudamiento en pesos a tasas verdaderamente usurarias. La Ciudad de Buenos Aires es la única que no firmó, ya que el gobierno de Larreta se encuentra en plena cruzada judicial por el recorte de fondos coparticipables.

Lejos de tratarse de una política “federal”, el nuevo acuerdo quita el mecanismo de coparticipación ante cualquier reasignación de recursos nacionales que pueda surgir, es decir que centraliza aún más la arbitrariedad presidencial. Lo único verdaderamente federal es el impuestazo que han lanzado los Estados provinciales sobre los contribuyentes.

La naturaleza del pacto es liberar de manos a los gobiernos provinciales para aumentar la recaudación mediante impuestazos a discreción, y facilitar así la renegociación de las deudas locales empantanadas en la mayoría de las provincias. Por este motivo los gobernadores, incluso los más opositores, firmaron con gusto el compromiso de renunciar a cualquier tipo de acción judicial por la coparticipación, una condición impuesta como moneda de cambio por Fernández para bajar la litigiosidad con las provincias.

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Deuda para deuda

Uno de los puntos centrales del pacto es la prohibición por un año de incrementar el stock de deuda en dólares, la cual según un informe de Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) llegó en 2019 al 70% del total de endeudamiento de las provincias, y de hecho “en algunas como Buenos Aires, Córdoba, La Rioja o Neuquén la deuda en dólares representa hoy alrededor del 90 por ciento de la deuda total”. Sin embargo, dentro de las excepciones para la adquisición de deuda en moneda extranjera se encuentra la que surja en el marco de las reestructuraciones de deuda. Se trata de otro rescate a los acreedores internacionales, quienes a cambio de extender los plazos de vencimientos capitalizan los intereses e imponen sus condiciones.

Otra de las excepciones es la de aquellos títulos de deuda que establecen como contraprestación la sesión de recursos propios, como pueden ser las regalías mineras o petroleras. Es una verdadera entrega al gran capital financiero, justo cuando las renegociaciones en curso muestran la crisis de este esquema. Omar Gutiérrez de Neuquén viene de sucumbir en el intento de abandonar las garantías a costa de las regalías petroleras. El gobierno de Mariano Arcioni en Chubut directamente se juega a fondo por habilitar la megaminería para ofrecerla como carta de repago a los bonistas cuando está en virtual default. En Córdoba, en situación también muy comprometida, Juan Schiaretti pretende poner como garantía los recursos de la coparticipación federal. En suma, se refuerza la subordinación al capital financiero.

Por último también se excluye de la restricción la deuda en moneda extranjera que se tome con los organismos multilaterales de crédito, la cual como hace el gobierno nacional será destinada a pagar vencimientos. Es la apuesta de Kicillof, cuando los bonistas buscan imponer todas sus condiciones en la renegociación, ya que acaba de conseguir el aval de Nación para tomar un crédito de 100 millones de dólares con la coparticipación nacional como garantía. El “endeudamiento responsable” que pregona el presidente en el pacto fiscal apunta a reorientar todos los recursos a financiar los negociados de los especuladores financieros. Esto vale en particular para la previsión de nuevas herramientas para el endeudamiento en moneda local… linkeado al dólar.

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Impuestazo federal

En el afán de ocultar esta completa subordinación, los gobiernos provinciales han colocado el aumento de Ingresos Brutos como una cruzada contra los bancos. Al eliminarse los topes máximos a Ingresos Brutos, el pacto habilita automáticamente el incremento de las alícuotas a las transacciones financieras.  En Córdoba esta ya subió de 7% a 9% y en la provincia de Buenos Aires se prevé un incremento similar, mientras que en La Pampa y Tucumán el impuesto se encuentra en el 14% y 10% respectivamente, los más altos del país.

La farsa “popular” contrasta con la realidad. Ingresos Brutos es uno de los impuestos más criticado por los especialistas por su “efecto cascada”, porque las empresas trasladan los mayores costos de comercialización a los precios, es decir que finalmente se carga sobre los consumidores. Es parte de una estructura tributaria regresiva que se descansa sobre las espaldas de los trabajadores, como sucede también con impuestos nacionales al consumo como el IVA o el gravamen de Ganancias sobre los salarios. En el caso de la banca privada, todo incremento en la alícuota de Ingresos Brutos se traslada al costo de los créditos, o sea sobre el bolsillo de ahorristas y cliente del sistema bancario. En conclusión, el aumento de la recaudación que auguran las provincias no saldrá de los bancos sino de sus usuarios.

Este es apenas uno, de una larga lista de incrementos que serán liberados tras la aprobación de los presupuestos provinciales y la adhesión de las legislaturas y los municipios al pacto fiscal. Esto fue advertido por Claudio Del Plá, legislador salteño del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, quien señaló durante el tratamiento de la adhesión de Salta que el impuesto a las patentes podría incrementarse hasta tres veces su valor, debido a que se tomarían como base imponible el valor del mercado con una alícuota del 2%. Lo mismo sucede con el Inmobiliario Urbano, que alcanza a las familias con una vivienda única. La contracara es la mínima contribución que hacen los terratenientes en todo el país, porque la valuación fiscal de los terrenos rurales es una ínfima parte de su valor de mercado.

Para terminar, apuntemos que en todas las jurisdicciones se aprueba además el llamado Gasto Tributario, en función del cual se exime a los principales capitalistas de cada territorio. Es decir que las grandes empresas tienen sus recursos para evadir el impuestazo. Es lo mismo que hace el gobierno nacional, que acaba de reconocer que la moratoria impositiva tendrá un costo fiscal de 133.000 millones de pesos, un subsidio fenomenal al bolsillo de las capitalistas -que retuvieron el dinero de terceros, sean de consumidores o los aportes de sus empleados.

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Un programa de los trabajadores

El nuevo consenso fiscal, preanunciado con los presupuestos de ajustes que aprobaron las legislaturas provinciales, fue rechazado de plano por los legisladores del Partido Obrero y el Frente de Izquierda. El mencionado Claudio Del Plá advirtió que es absolutamente antipopular: “tenemos al gobierno nacional bajo la presión del Fondo Monetario, a las provincias bajo la presión del Estado nacional, a los municipios bajo la presión de los Estados provinciales, y a todo el pueblo argentino como víctima para hacerle pagar la crisis”. Asimismo, denunció la farsa del “shock productivo” que se pronostica, en la medida que en lugar de bajar impuestos a la producción se incrementa la presión tributaria, trasladada íntegramente a los consumidores, por lo cual acicateará la recesión.

En la misma línea, la legisladora cordobesa Soledad Díaz denunció durante el tratamiento del presupuesto provincial que la Ley Tributaria no hace más ofrecer una nueva vía de confiscación a los cordobeses que ya han sido atacados con los tarifazos en servicios esenciales como la luz y el agua, y con un rodo a los jubilados provinciales sin precedentes.

Patricia Jure también rechazó la aprobación del pacto fiscal en la Legislatura neuquina, señalando que se trata de un elemento más dentro de un paquete de medidas de ajuste sobre el pueblo trabajador, cuyos antecedentes son la aprobación del propio presupuesto provincial, del fondo de garantía, la reforma tributaria y todas las inyecciones que tiene la clase capitalista en esta provincia. A su vez, denunció que se trata de un “pacto de gobernabilidad” para ajustar las finanzas federales a las demandas del FMI.

La firma del pacto fiscal hecha luz sobre el norte de la política económica de oficialistas y opositores. Se trata de una ofrenda en el marco de la reestructuración de deuda con el FMI y con los acreedores de la provincias, en la cual se enfilan el kirchnerismo, el PJ y Cambiemos, ordenando al conjunto del arco político patronal.

El Partido Obrero ha rechazado en legislaturas provinciales como la hará en las calles esta nueva política de “consenso” contra la clase obrera. En su lugar planteamos un esquema de impuestos progresivos a las grandes fortunas y rentas capitalistas, la revaluación fiscal de las tierras rurales a valor de mercado y la eximición del gravamen inmobiliario a los propietarios de vivienda única; la eliminación de los impuestos al consumo y a Ganancias sobre los salarios. Es una transformación tributaria que altera la base sobre la que reposa la recaudación el Estado capitalista, y solo puede llevarse a cabo como complemento del repudio de la deuda externa y la nacionalización del comercio exterior, como parte de una reorganización social que ponga bajo control obrero los recursos estratégicos de las provincias y del país.

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