El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó en Washington las metas del primer trimestre del año del acuerdo que firmó con la Argentina, lo que permitirá un desembolso de US$ 4.000 millones que serán destinados a pagar los próximos vencimientos con el organismo. A su vez, el programa exige un mayor ajuste fiscal para el segundo semestre del año, que incluye a jubilaciones, pensiones y obra pública: “El FMI pide que el gasto público pase de crecer 12,8% real a caer 7,8% en el segundo semestre. Mientras el gasto destinado a los jubilados se calculaba inicialmente en 8,5% del PIB, ahora pasará a 8,1%. En tanto, los gastos de capital por su parte disminuyen de 2,2% del PIB a 1,8%” (Ámbito, 27/6). Las políticas de ajuste continuarán exprimiendo el bolsillo popular para garantizar el pago de una deuda usuraria y fraudulenta.

Los datos oficiales confirman que las prestaciones sociales y los haberes jubilatorios, que se actualizan mediante la misma fórmula de movilidad, han perdido estrepitosamente su poder de compra frente a la escalada inflacionaria como parte de la política ajustadora del gobierno, con el fin de cumplir con las metas fiscales impuestas por el FMI.

En los primeros cinco meses del año, la inflación acumuló 29,3%, mientras que los haberes y las prestaciones que se actualizan mediante la fórmula de movilidad apenas se “actualizaron en marzo” con un 12,28%, menos de la mitad. Con el aumento del 15% a partir junio la jubilación mínima quedó en $37.524 por debajo de la línea de indigencia. En este cuadro, el FMI señala que se “debe iniciar el trabajo en la preparación de opciones de reforma para fortalecer de forma duradera la equidad y la sostenibilidad del sistema jubilatorio”, que a fin de cuentas es la exigencia de un mayor recorte redoblando la presión para que el gobierno vaya por una reforma de los regímenes previsionales especiales que involucra a una enorme cantidad de sectores de trabajadores, como es el caso de los docentes universitarios.

Además, el recorte en obra pública profundizará aún más el ajuste que ya se viene llevando adelante en la materia, y que se estipula en el Presupuesto 2022, lo que impactará de lleno en la generación de empleo y en la construcción de viviendas y de centros de asistencia. El directorio del FMI sostiene que estos ajustes compensarán en parte los mayores gastos en energía producto del aumento del precio internacional del gas, combustible que argentina importa.

Ante el fuerte aumento de los subsidios energéticos por los altos precios internacionales, que pone en cuestión los recortes que habían sido acordados con el Fondo, y cuando incluso tienen dificultades para poner en marcha la segmentación, el informe del organismo insiste en que para fines de septiembre el gobierno debe tener completado un “plan de mediano plazo”, a partir del “trabajo (que) se lleva a cabo en conjunto con el Banco Mundial”. Es decir que la salida al problema crucial de cómo se afronta la crisis energética y se desarma la pelota de subsidios a las privatizadas y las petroleras será digitada por el capital financiero.

A su vez, el organismo también reiteró que se deben mantener tasas de interés positivas, en momentos donde existe una fuerte corrida contra los bonos en pesos, lo que traerá mayor recesión; y un tipo de cambio competitivo para fomentar el acopio de reservas, lo que significa acelerar la devaluación y por lo tanto más inflación. La medida llega en momentos en que las reservas del Banco Central están en una situación compleja. La entidad no logra acumular dólares, aun cuando las liquidaciones del agro vienen marcando récords. En números: la semana pasada perdió US$250 millones, mientras que en el mes acumula un rojo por US$600 millones.

Queda claro que, contrario a lo que postulaba el gobierno, el acuerdo con el Fondo no encarrila al país hacia un ciclo de crecimiento económico sino al contrario, nos condena a un dislocamiento cada vez mayor de la economía mientras el país se sumerge en la miseria. Con paritarias que promedian el 60%, en cuotas, los salarios se la ven negra, sobre todo contra una proyección inflacionaria anual de más del 70%. Cumplir con la meta del déficit fiscal va a implicar que, quienes vivimos de nuestro trabajo, seamos los responsables de pagar la deuda. Por ello es que estamos impulsando una gran campaña por un paro nacional para derrotar esta ofensiva ajustadora, que solamente sucumbirá en la medida en que impongamos una ruptura del pacto con el FMI.

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