Políticas
30/7/2024
El gobierno libera el uso de drones para fumigar
Sturzenegger otorga licencia libre para envenenar.
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Drone de fumigación.
Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció por Twitter que desde ahora cualquier persona habilitada a utilizar un drone, también lo estará para fumigar, según lo establece el decreto 663/2024. Los productores no van a ser regulados por el Estado y van a poder fumigar cómo, cuándo y dónde quieran.
En Argentina se utilizan diferentes tipos de agrotóxicos para la producción de alimentos “fitosanitarios”, pero la liberación total y la falta de control en su aplicación, sobre todo fuera de la vía terrestre, pueden tener un impacto gravísimo tanto en las tierras como en la salud de los pobladores.
Se estima que en Argentina existen sólo 50 drones fumigadores pero con esta nueva liberación podrían llegar a ser 500. Esto es gravísimo, hoy en día no se controla que las fumigaciones se den lejos de las poblaciones y las escuelas rurales, el aumento de la cantidad de equipos permitirá fumigar más a menor costo.
Las políticas anunciadas por Sturzenegger fueron respaldadas por Milei desde sus discurso en el palco en la Sociedad Rural Argentina, otro guiño para pedirles a los explotadores del campo que liquiden sus cosechas para el ingreso de dólares, a cambio de más libertad para contaminar. Aún cuando el gobierno les ruega y los libera de acción, el agro es reservado en cuanto a la cosecha a liquidar.
Las fumigaciones a poblaciones rurales y escuelas, que derivan en consecuencias catastróficas tanto para la salud de los habitantes como para el ambiente, ya tenían escasos controles, lo que lógicamente derivó en miles y miles de pobladores rurales siendo envenenados lentamente por los pesticidas que se utilizan en las plantaciones que, en contra de toda lógica, cada vez se usan más y son más fuertes para sostener la productividad en tierras completamente saqueadas.
Estas fumigaciones, que someten a todos los organismos vivos al contacto con los agrotóxicos para obtener cosechas con volúmenes altamente rentables para los capitales y poco rentables para la salud del ambiente y de las personas, son una política de Estado de larga data y que han tomado todos los gobiernos.
Inevitablemente los vecinos se organizan en contra del saqueo y el envenenamiento, pero el Estado interviene en favor de los capitales reprimiendo y persiguiendo a quienes luchan en la defensa de nuestros bienes comunes. La lucha de las madres de Ituzaingó o de los vecinos de Exaltación de la Cruz, son claros ejemplos de organización en torno a la defensa de los bienes comunes y de la salud, que el Estado trató de aplacar con palos.
Ya vimos las consecuencias, un ejemplo clarificador del Estado, con las diferentes fuerzas políticas que lo integran, defendiendo a los capitales agrarios a costa de la salud de las mayorías trabajadoras, es el caso de Exaltación de la Cruz, donde peronistas y radicales boicotearon un proyecto de ordenanza que prohíbe la fumigación a menos de 1000 mts de zonas pobladas. 1000 mts ya es sumamente escaso y peligroso para la vida a su alrededor, pero ni ese reparo tiene el capital para saquear y generar ganancias.
En la Argentina se detectaron hasta 10 venenos en sangre por las fumigaciones a las producciones de alimentos. El 100% de la muestra de población urbana tenía agroquímicos en sangre, actualmente se tiran 12 litros de agroquímicos por persona, más que en todo el mundo, y la liberación del uso de los drones solo puede aumentar este récord.
Un empuje para la utilización de más agroquímicos son las semillas transgénicas. Argentina cuenta con un récord de 80 semillas transgénicas aprobadas, de las cuales una gran mayoría se ven reguladas por su uso ilegal por parte de los productores que contrabandean semillas, a los cuales el Estado desea amparar.
Es criminal que se sigan reglamentando los usos de venenos sin tener evaluaciones de impacto ambiental y ver cómo repercuten en la salud física de las personas y también en la del ambiente. Esta política descarada de desregulación es solo la legalización del envenenamiento en curso, que fue garantizado por los gobiernos de todo tipo y color, que solo puede profundizar la política contaminante y saqueadora de Milei y la Libertad Avanza.
Este panorama de saqueo y contaminación se ve profundizado por el RIGI, que fue aprobado en convivencia del gobierno nacional con la “oposición” peronista y ya cuenta con adhesión de varias provincias.
También queda expuesta la orientación que el gobierno nacional pretende para la ciencia: que esté al servicio de las necesidades empresariales y no de las necesidades sociales. Se ve en la intervención de las empresas en las universidades y en los planes de estudios condicionados por las mismas, como la carrera de ingeniería agrónoma en la UBA, que no tiene ni una sola materia de agroecología.
Es una necesidad invertir en ciencia que este al servicio de las necesidades sociales, financiando los entes de investigación, que nos permitan encontrar formas no solo de producir alimentos para todes, sino también el cuidado de la salud y el ambiente, con una transición hacia el menor uso de agroquímicos.
El capitalismo en decadencia ofrece contaminación, represión y saqueo, incluso trata de postular el fin del planeta antes del fin del sistema. Tenemos que luchar en defensa de nuestros bienes comunes, en contra del RIGI y de todos los modos de saqueo, que ponen en peligro nuestro ambiente y nuestra salud.
Vemos que la libertad es a costa de sacarle todo a los que menos tienen y dejarlos sin ningún tipo de bien común para el desarrollo de sus economías regionales. Los que luchamos en defensa del ambiente y los bienes comunes, tenemos que arrancar un plan de lucha en contra del saqueo, el hambre y la represión.