Políticas
8/5/2026
El lobby de la Daia por la adopción de la definición de antisemitismo de IHRA en las instituciones argentinas
Segunda nota de la serie sobre IHRA: repaso de su avance en las instituciones argentinas.
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Milei en un evento de la Daia.
El lobby del Estado de Israel y la Daia por imponer la adopción de la definición de antisemitismo emitida por IHRA, en las instituciones de nuestro país tiene como epicentro el año 2020. Como explicamos en una nota anterior, la definición fue elaborada por la Alianza Internacional por el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en mayo de 2016 y a pesar de que su postulado fomenta su total instrumentalización en favor del sionismo, la misma posee una advertencia que constituye un obstáculo para avanzar en los fines punitivistas y persecutorios que el Estado de Israel y las organizaciones representativas de dicho Estado en nuestro país persiguen.
La definición está precedida por la siguiente formulación: “El 26 de mayo de 2016, los 31 países miembros de la IHRA adoptaron la definición práctica, jurídicamente no vinculante, de 'antisemitismo'” para luego despacharse con la formulación y más adelante con los once ejemplos que la ilustran y que muestran la influencia de un punto de vista sionista en la caracterización del antisemitismo.
Tal clarificación por parte de quienes armaron la definición no es menor, ya que se trata de un texto muy breve en el que sus autores eligieron explícitamente colocar el impedimento de que fuera jurídicamente vinculante. Finalmente la Alianza se supone, independientemente del desacuerdo con la adhesión al sionismo de parte de los autores de la definición, que se trata de una organización que buscaba la formación y no el castigo estatal. En este sentido muy tempranamente uno de sus autores advirtió esta instrumentalización punitivista.
En el año 2017, a un año de la consolidación de dicha definición, Kenneth Stern compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para testificar sobre un proyecto de ley en consideración: la Ley de Concientización sobre el Antisemitismo. La definición, redactada en 2004 y adoptada en 2016 por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), una organización intergubernamental con sede en Estocolmo, afirmó. "No se redactó, ni se pretendió jamás, como una herramienta para reprimir o coartar la libertad de expresión en los campus universitarios. (...) El proyecto de ley propuesto representaba una clara amenaza para la libertad académica, advirtió Stern, al colocar al Congreso en medio de un debate en el que no le correspondía intervenir" (Elyal Press, The New Yorker, 2024).
El jurista Stephen Sidley fue más allá y afirmó en 2017 que "la adopción oficial de la definición, aunque no sea una fuente de derecho (por su explícita referencia a que no sea vinculante), otorga respetabilidad y aliento a formas de intolerancia que son en sí mismas contrarias a la ley".
En 2019 Stern afirmó en una nota: “Hace quince años, como experto en antisemitismo del Comité Judío Estadounidense, fui el principal redactor de lo que entonces se denominaba la 'definición operativa de antisemitismo'. Su creación tenía como objetivo principal que los recolectores de datos europeos supieran qué incluir y qué excluir. De esta manera, se podría monitorear mejor el antisemitismo a lo largo del tiempo y a través de las fronteras. Nunca se pretendió que fuera un código contra el discurso de odio en los campus universitarios, pero eso es precisamente lo que logró la orden ejecutiva de Donald Trump esta semana. Esta orden constituye un ataque a la libertad académica y a la libertad de expresión, y perjudicará no solo a los defensores propalestinos, sino también a los estudiantes y profesores judíos, y a la propia comunidad académica”.
El debate había avanzado tanto a nivel internacional que un grupo de 210 académicos, entre los que se encontraba el argentino Patricio Brodsky, elaboraron una definición alternativa que estuviera libre de cualquier imputación de antisemitismo a quienes criticaran al Estado de Israel. Este documento es la “Declaración de Jerusalén”, que se emitió también en 2020.
Argentina 2020, en el campo de Netanyahu
Para cuando la Daia comenzó el lobby en Argentina el debate estaba ya planteado abiertamente y la conducción derechista de la organización argentino israelí decidió inscribirse en el campo contrario al del autor de la definición de IHRA, Kenneth Stern. Quienes desde el lado del gobierno de Alberto Fernández convalidaron la aprobación institucional tanto desde cancillería como desde el parlamento y desde otras instituciones del Estado también conocían el debate y decidieron atender la posición de la derecha sionista sobre el tema. Esto no fue una decisión casual, el primer viaje al exterior del novel presidente argentino fue justamente a Israel.
En orden cronológico de la introducción de la definición en las instituciones comenzó con la resolución 114/20 de la cancillería argentina a cargo de Felipe Solá la que fue trabajada en reuniones previas según se consigna en notas periodísticas, por Marcela Losardo entonces ministra de Justicia. Este año aprobaron la definición también varios municipios y universidades nacionales, entre ellas la UBA. La UNCuyo había sido pionera en la aplicación de la definición IHRA en 2019 en un caso contra las expresiones de un docente.
A los pocos días (18/6) el tema se llevó a la Legislatura de CABA y allí se produjo un contrapunto con los legisladores del FITU, Gabriel Solano del PO y Myriam Bregman y Alejandrina Barry del PTS. El proyecto de aprobación había sido colocado de manera silenciosa y confusa entre decenas de tablas: “Como explicamos en nuestro comunicado, (señaló Solano en una nota de Prensa Obrera) la causa del error (los diputados votaron a favor por equivocación) es que la votación se hizo de modo subrepticio, pues el asunto fue tratado en un segmento de tablas sin debate referidas a los temas más diversos” y a través de un comunicado público rectificaron su voto, lo que les hizo ganar la amenaza de la OSA (Organización Sionista de Argentina) de iniciarles una demanda legal, algo que finalmente no ocurrió.
En el comunicado los legisladores planteaban una definición que luego de dos años y medio de intensificación del genocidio palestino conviene recordar: “nuestra lucha a muerte contra el antisemitismo la hemos desarrollado siempre sobre la base de la denuncia al sionismo y del Estado de Israel, construido a partir del genocidio y la ocupación y el robo de tierras y bienes al pueblo palestino”. Está claro que el Partido Obrero y el FITU no imprivisaron una posición con posterioridad al 7 de octubre de 2023 sino que desde siempre tuvo una definición antisionista sobre la ocupación del territorio palestino.
Ese mismo año, el tema se trató en la legislatura de Córdoba y nuestra compañera Soledad Díaz votó en contra con fuertes argumentos: “El momento de la elaboración de esta definición que defiende al Estado genocida no es casual y debe analizarse en el marco de la situación internacional, caracterizada por una de las peores crisis del capitalismo, donde se busca profundizar la política imperialista, es decir la guerra y el saqueo de los pueblos. Alberto Fernández no deja dudas de su alineamiento a la estrategia del imperialismo norteamericano, al mantener a Hezbollah como organización terrorista”.
Un par de meses después Cristina Kirchner y Sergio Massa, como presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, también firmaron la adhesión a la definición de IHRA. En este mismo año el gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur, adhirió a la resolución 114/20 de cancillería por decreto.
La Daia comenzó entonces una carrera por encontrar lo que Pablo Soskin, dirigente de la filial Entre Ríos, llamó la única manera de contravenir el postulado de que IHRA no sea vinculante: la creación de jurisprudencia. El primer fallo que fundamenta su planteo en la definición de IHRA fue, justamente, uno de la provincia de Entre Ríos en 2022, cuando se juzgó a una persona (por supuesto que alguien sin poder ni contactos en el Estado) por pintar esvásticas en el Parque Urquiza de Paraná. Una reivindicación del nazismo que más allá de la crítica a si este tipo de acciones deben tramitarse en el plano de la justicia penal, se puede inscribir en un caso de antisemitismo tradicional al reivindicar un símbolo del régimen exterminador de judíos.
Luego de este caso la Daia no tuvo más que fracasos judiciales en las causas por antisemitismo que impulsó: la de los hermanos Salomon, la de Beica, la causa Saboulard se resolvieron en favor de los acusados, la de Norman Briski fue desestimada por el Poder Judicial, la de Bodart, que tramita en la Justicia porteña, tuvo el cuarto fallo favorable hace apenas un mes. Por el único motivo que dejaron mi caso en la Justicia Federal (procesamiento por aplicación de Ley Antidiscriminatoria acusándome de “difundir odio religioso” por criticar al Estado de Israel en los mismos términos que lo hacen decenas de miles en todo el mundo y aquí) fue justamente porque en este fuero tienen a todos sus hombres como Rafecas, Borinsky, Stornelli, Taiano, Bruglia, Bertuzzi y más. Un poder judicial construido por las fuerzas políticas gobernantes a medida del sionismo.
En 2022 adhirieron a la definición de IHRA la provincia de Santa Fe, la de Entre Ríos y varios consejos de magistraturas provinciales y otros organismos. La faena sionista se desarrolló bajo el gobierno del Frente de Todos con toda su fuerza. Bajo el gobierno de Milei y con la anuencia de todos los bloques políticos, la Daia terminó la tarea llevando el tema al Consejo de la Magistratura nacional que aprobó la definición en 2024 y el Ministerio Público Fiscal en 2025, lo que sirvió de puntapié para la aprobación de la definición por parte de la OEA también en 2025.
Bajo el gobierno de Alberto Fernández las definiciones prosionistas fueron muchas y de alto impacto, mostrando que se trató de un gobierno en donde todas sus alas fueron tributarias de esa política reaccionaria. En 2022 el ministro del interior Wado de Pedro viajó a Israel con gobernadores dando a las relaciones con Israel un impulso importante a través de la firma de un convenio con Mekorot que abrió las puertas a que la empresa protagonista del apartheid y del genocidio palestinos, estuviera a cargo de la regulación del agua en 14 provincias del país.
Hay mucho más para aprender y analizar cómo ha sido el accionar del sionismo y qué sectores políticos son responsables de esos avances. En próximas notas analizaremos opiniones de personas y organismos de relevancia a nivel internacional, veremos más puntualmente argumentos planteados en las otras causas y más información sobre la acción de la Daia y sus operaciones para conseguir institucionalizar de manera definitiva la censura a la crítica del Estado de Israel.
