El Presupuesto 2023, al cual oficialistas y opositores dieron media sanción en la cámara de Diputados, contiene un ajuste en toda la línea en áreas que, desde el punto de vista de los trabajadores, son sensibles. Entre ellas se encuentra Discapacidad, cuyo gasto se reduce un 8,1% con respecto al presupuesto del año pasado. Los datos surgen de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Las erogaciones destinadas a personas con discapacidad representan, en el Presupuesto 2023, un 3,5% del gasto total. Si se lo compara con las partidas incluidas en la “ley de leyes” anterior, el recorte equivale a 0,2 puntos. Es que se avanza en la reducción del dinero que se gira para la Prestación Alimentar (prestación que reciben, entre otros sectores, aquellos con discapacidades que perciben la AUH), no se contemplan subsidios a los beneficiarios de pensiones no contributivas, y no se prevén bonos para las asignaciones familiares.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la Anses son los organismos que concentran casi la totalidad del gasto en el área, más de un 80% en el primer caso y casi un 14% en el segundo. El resto de los organismos, según la OPC, utiliza un porcentaje mucho menor de recursos. La Andis sufriría una poda del 6,5%; si se discrimina este porcentaje en los distintos eslabones del sector, “el programa de prevención y control de discapacidades presenta una caída real de 4,8% y el correspondiente a las acciones de integración de personas con discapacidad una caída de 24,7% real”, señala el informe de la OPC.

Asimismo, la tijera se utiliza para recortar el presupuesto destinado a ciertas instituciones médicas dedicadas a la atención de personas con discapacidad, como la Colonia Montes de Oca, a la cual se le quita alrededor de un 7% real. A otros establecimientos, como el Hospital Laura Bonaparte o el Instituto Otimio Tesone, se les aumenta tan solo un 2,5% y un 1% con respecto a la inflación proyectada por el presupuesto. Esto, sin embargo, es una trampa, porque las previsiones inflacionarias reales, y no las dibujadas por el gobierno, estiman que el índice de precios del próximo año podría cerrar en más de un 80%, por lo que estamos ante recortes en todos los casos.

De este modo, el gobierno profundiza su ofensiva contra uno de los sectores más vulnerables del país. Massa ya había recortado anteriormente el presupuesto para Discapacidad. La Superintendencia de Servicios de Salud dejó de girar dinero a las obras sociales y diversas dependencias estatales montaron un espectáculo lamentable en el cual varios funcionarios se pasaban las responsabilidades entre ellos para no hacerse cargo del ajuste brutal en cuestión.

Lo mismo ha hecho la oposición. El gobierno porteño oficializó, en julio de este año, un proyecto para construir una cafetería dentro del Palacio Ceci, un predio público en el que funcionó hasta fines de 2021 una escuela para sordos. A su vez, el alcalde Larreta y su ministra de Educación Acuña echaron a jóvenes y adultos de las escuelas de formación especial.

La política oficial tiene su traducción, entre otras cosas, en que profesionales y prestadores se encuentran ejerciendo sus tareas bajo regímenes laborales precarios. En 2020, un relevamiento realizado por la agrupación Prestadorxs Precarizadxs en Salud y Educación (PPSyE) dio cuenta de que el 60% de los prestadores carecía de obra social pues al ser monotributistas sus aportes eran insuficientes para que pudiesen acceder al Plan Médico Obligatorio (PMO). Como denunciaran los trabajadores en las protestas de este año, la mayoría de las prestaciones a nivel nacional dejaron de funcionar, a la vez que no se estaban otorgando los certificados de discapacidad necesarios. A los trabajadores, por otro lado, se les adeudaba meses de pago de salarios.

Las luchas que tuvieron lugar por todo el país y que fueran protagonizadas por prestadores de salud, transportistas, y chicos con discapacidad y sus familias, tuvieron su detonante en esta política. Asambleas, movilizaciones y una gigantesca campaña de denuncia contra el ajuste caracterizaron buena parte del mes de septiembre.

El ajuste al servicio del FMI que llevan adelante oficialistas y opositores es incompatible con las necesidades de la mayoría de la población. Retomemos el camino de la lucha de discapacidad para derrotar este nuevo atropello.