Como parte del cronograma de actividades políticas del Partido Obrero ante la crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus, adaptado a las condiciones del aislamiento social obligatorio en todo el país, se realizó el Facebook Live (charla on line) titulada “El sistema de Salud de la Ciudad frente a la pandemia”.

La primera en tomar la palabra fue Mayra Coatz, residente de Trabajo Social del Hospital Argerich. Comenzó destacando cómo la lucha del colectivo de residentes y concurrentes, que salió a la calle a fines del año pasado para enfrentar la degradación de sus condiciones de trabajo, se entrelaza con la pelea que libran hoy quienes lidian con el impacto del virus en los hospitales de la Ciudad. En efecto, resaltó cómo los reclamos por las condiciones laborales forman parte indispensable para combatir la pandemia. Ejemplificó ello con la situación de los concurres, que por trabajar ad honorem y sin ART debieron decidir –en asamblea- no seguir concurriendo a trabajar ante el aislamiento obligatorio y la indefensión en que se encuentran. Cuestionó también el hecho de que, más allá de postergarse los exámenes, no hay continuidad laboral. Mayra debió abandonar temprano la actividad para participar de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA.

Luego siguió Alejandro Lipcovich, delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. Describió cómo el Hospital, muchas veces presentado como modelo, no escapa a la precaria situación que se sufre en el conjunto del sistema de salud. Comentó que desde la Junta Interna realizaron numerosas denuncias públicas: exigiendo el otorgamiento de las licencias para los empleados que pertenecen a los grupos de riesgo, reclamando la contratación de personal para cubrir las bajas en los planteles que ello implica, y alertando sobre la precariedad de los insumos con que trabaja el personal expuesto al virus -como gafas y camisolines que no cumplen las normas de la OMS. Enfatizó en la situación que sufre el personal tercerizado que no accede a las licencias, cuyo trabajo –como el caso de limpieza- es insustituible; mencionando además que el personal administrativo no cuenta con el reconocimiento por realizar tareas insalubres y riesgosas. Cuestionó lo escaso de la partida de emergencia asignada por el gobierno nacional para todo el país, ya que los $1.700 millones apenas representan la cuarta parte solo del presupuesto del Garrahan. Agregó que desde la Junta Interna se encuentran impulsando la constitución de un comité de higiene y salubridad con delegados de cada sector, recogiendo los reclamos.

Matías de Iuliis, médico del Hospital Gutiérrez, se centró en denunciar cómo el gobierno se rehúsa a intervenir sobre las clínicas y sanatorios privados -para contar con sus recursos frente a la crisis- e incluso que evalúa subsidiar a estas empresas. Detalló cómo con la complicidad de los sindicatos fueron vaciadas las sobras sociales, permitiendo menores aportes patronales y estimulando convenios con las agencias de medicina prepaga, aportando así al proceso de privatización de la salud. Por eso, planteó, son los trabajadores quienes deben gestionar las obras sociales y el sistema sanitario de manera integral. Denunció también el régimen de negociados en los hospitales públicos alrededor de la tercerización de las áreas de comida, seguridad y limpieza. Además sostuvo que las pésimas condiciones laborales y los bajos salarios del personal de enfermería los lleva complementar su jornada en institutos privados; y explicó que el hecho de que los residentes no tengan continuidad laboral deriva en que este personal altamente calificado termine integrando también el plantel de clínicas y sanatorios.

Por último Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, argumentó que la Ciudad no está en condiciones de afrontar una situación crítica como la que estamos atravesando. Ejemplificó ello con el dato de que todo el sistema público cuenta solo con 120 camas de internación, las cuales previamente a la pandemia ya tenían una ocupación casi total, por lo que no existe margen para una contingencia. Denunció que no hay ningún organismo público que esté testeando los posibles casos de infección con coronavirus, a excepción del Instituto Malbrán que tiene una capacidad limitada de 60 testeos por día.

Sostuvo además que el gobierno de Rodríguez Larreta no tiene un plan de contingencia real, ya que hasta los anuncios de tomar nuevo personal de enfermería choca con la definición de no afectar al sector privado. Explicó que desde la banca del FIT presentó un proyecto de pase a la carrera profesional de ese sector de trabajadores, que cobra por debajo de la canasta familiar y se ve forzado o a complementar su jornada en privados o mediante módulos (horas extra) de $120 por hora, generando un estrés laboral que no solo perjudica al trabajador sino también a los pacientes. También destacó el proyecto de ley para integrar a los 1.400 residentes a la planta de los hospitales públicos.

Finalizó denunciando el cuadro de desigualdad que caracteriza al sistema de salud de la Ciudad, comentando que en la Comuna 8 –de las más pobres- no existe ni una cama de internación cuando viven allí 200.000 personas; y agregó que presentó un proyecto para habilitar 200 camas en el hospital de Lugano. Como alternativa para afrontar la pandemia, planteó la necesidad de unificar todos los recursos sanitarios (públicos, privados y obras sociales) para maximizar su utilización en el combate contra el virus.