A partir de hoy rige un aumento del 40% en el transporte público. El boleto mínimo del colectivo pasará a $25,20, mientras que el máximo se irá a $32,20; en el caso del tren interurbano, el pasaje mínimo, por ejemplo, en los ferrocarriles Mitre, Sarmiento, San Martín y el Tren de la Costa ascenderá a $17,25 y el tercer tramo llegará a $26.

Esta política forma parte de los compromisos que asumió el Ejecutivo con el FMI, lo que implica el recorte de subsidios y una suba de las tarifas para compensar esa quita. En la pulseada que el gobierno mantiene con las patronales del transporte, el primero no baraja ni por casualidad la posibilidad de abrir los libros contables de las empresas para ver a dónde fue a parar el dinero que obtuvieron en materia de subvenciones estatales, por lo que la crisis se descarga sobre los usuarios.

Con esto, por ejemplo, los trabajadores que hasta ayer realizaban dos viajes (ida y vuelta) por un monto de $54 (teniendo en cuenta el 50% de descuento que se aplica desde el segundo viaje), con el aumento pasarán a abonar $75,6 en total (boleto mínimo). Por su parte, aquellos obreros que combinen un colectivo cuyo recorrido sea de hasta 3 km (mínimo) con uno cuyo trayecto sea de más de 27 km (máximo), deberán abonar $82,6, cuando antes pagaban $59.

Prepagas

Por otro lado, las prepagas anunciaron una suba del 11,34% en sus prestaciones, lo que es el séptimo aumento de las cuotas en lo que va del año; en dos meses las cuotas volverán a incrementarse y aun así resta un aumento antes de finalizar el 2022.

Los empresarios de la medicina reciben el aval del gobierno para estas subas, el cual además los benefició con la exención del pago de aportes patronales y los Repro, que son un subsidio a libro cerrado con el que pagan salarios con plata del Anses. Estas prebendas se combinan con los recortes que las patronales han realizado en las cartillas y prestaciones, empeorando la atención que reciben los trabajadores.

La política del gobierno del Frente de Todos beneficia a la salud privada mientras el sistema público sufre el recorte presupuestario que exige el FMI.

Alquileres/expensas

Los contratos de los alquileres, a su vez, tendrán un aumento que llegará al 60%. Aquellos inquilinos que estuvieron pagando $50.000 durante el periodo agosto 2021-2022, con esta actualización pasarán abonar $80.500. A esto se suma el incremento del precio de las expensas, el cual rondará entre el 6% y el 10% según las características del edificio. Un ataque brutal contra el salario, que en promedio no llega ni por asomo al costo de vida (que no tiene en cuenta el valor del alquiler).

Con la fracasada Ley de Alquileres, los aumentos en el precio de los inmuebles han estado superando los niveles de inflación, negando a los trabajadores el derecho a la vivienda. En CABA, por ejemplo, hay casi 400 mil personas que viven en villas o asentamientos, y el 40% de la población alquila. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, el déficit habitacional supera el millón de viviendas. Esta política es funcional a la expulsión de la población hacia la periferia o la calle.

La modificación de la ley que debaten los partidos patronales en el Congreso no altera el carácter proinmobiliarias y proespeculación de la misma.

Es por ello que este martes se desarrollarán en más de 10 puntos de CABA piquetazos por el derecho a una vivienda digna, procesos que debemos apoyar y acompañar.

FMI

Esta política tiene como telón de fondo el pacto con el FMI, que implica entre otras cosas tarifazos y devaluación, o sea, una transferencia de los ingresos de la clase obrera hacia la clase capitalista.

Los aumentos y tarifazos golpearán brutalmente a los trabajadores, que vienen sufriendo los estragos de la inflación, la cual según la mayoría de los analistas cerrará en julio en un 8%, en un cuadro donde los capitalistas han avanzado en el desabastecimiento de las góndolas, la remarcación de precios y la especulación. A esto se suman los incrementos en las boletas del gas y de la luz, y pronto hará lo mismo el aumento del subte que se está pergeñando para CABA, el cual llevaría el boleto a los $42. Mientras tanto, los salarios corren por detrás de los precios.

Queda claro nuevamente que el principal formador de precios es el gobierno nacional, lo que demuestra la impostura de la CGT, que se moviliza el 17 de este mes contra “la inflación” en abstracto para encubrir la responsabilidad del elenco oficial en la estampida inflacionaria. La megacartera que se le ha otorgado a Massa será puesta al servicio de profundizar esta orientación de ajuste y tarifazos.

Se hace cada vez más necesario derrotar este ajuste con un paro nacional y un plan de lucha. Que la crisis la paguen los capitalistas.