Políticas
5/8/2026
Funcionarias de Milei hasta las manos por su responsabilidad en el fentanilo contaminado
Un régimen de beneficios armado por el gobierno a medida de laboratorios.
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Dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) fueron detenidas este martes en el marco de la causa penal que investiga la comercialización de fentanilo contaminado por parte de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Ese negocio, que está detrás de la muerte de 90 personas y de afecciones sobre otras 41, muestra la existencia de un régimen de beneficios armado por el gobierno a medida de laboratorios que obtienen superganancias a expensas de la población.
La causa
Una de ellas es Nélida Agustina Bisio, exresponsable del organismo, y la otra Gabriela Mantecón Fumadó, extitular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), quienes serán indagadas este miércoles. La investigación está en manos del Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cuya cabeza está Ernesto Kreplak. Para las autoridades involucradas, la producción y comercialización del producto contaminado "solo fue posible por un manto de cobertura estatal que les permitió funcionar" (La Nación, 4/8). Las funcionarias estaban al tanto de los riesgos que implicaba e incluso estaba en riesgo la vida de personas.
Esto encuadra penalmente en el delito "contra la salud pública, por contaminación, falsificación o envenenamiento de alimentos o medicamentos, con el agravamiento de las penas que implica las lesiones ocasionadas a los pacientes" (ídem). En su momento, el gobierno se vio obligado a apartar de su puesto a la directora del Iname, que también fue parte de la gestión en Salud del Frente de Todos, luego de que se conociera en marzo de 2025 un informe que daba cuenta de las irregularidades de HLB y Laboratorios Ramallo. El Ministerio de Salud, que dirige Mario Lugones, a raíz de una ordenanza de Kreplak, debería presentar documentación sobre el registro de ingreso y egreso de personas al edificio durante 2024 y 2025.
A Bisio, por su parte, le ofrecieron la posibilidad de renunciar en enero de este año, ocho meses después del alerta oficial sobre el desvío de un cargamento de fentanilo. Hay trece imputados procesados por adulteración de sustancias medicinales agravada por las lesiones y muertes ocasionadas. También se dispusieron detenciones contra Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma Group; Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo, entre otras personas. Ansaldi cumple prisión domiciliaria, al igual que Javier Tchukran, consultor de los laboratorios.
Responsabilidades políticas
El escándalo se destapó en mayo del año pasado por las muertes que se produjeron en el Hospital Italiano de La Plata. Anmat, en los últimos ocho años, emitió 139 alertas de retiro de productos comercializados y abrió 128 expedientes para evaluar sanciones por "malas prácticas de manufactura" (ídem). O sea que el problema atravesó a distintos gobiernos capitalistas. El año pasado, el Instituto Malbrán alertó sobre "procesos de producción con graves falencias estructurales".
Con todo, al igual que bajo Milei en la actualidad, el Estado jamás intervino sobre la producción –para garantizar condiciones adecuadas de elaboración de medicamentos- ni activó mecanismos de prevención. Milei y Lugones son responsables directos de las tragedias. Además, son los garantes de los negocios de los grandes laboratorios que también perjudican a los trabajadores aumentando el precio de los medicamentos con la complicidad del gobierno –que los habilita.
Esos vínculos se han visto con crudeza en el caso Andis, con el régimen de coimas orquestado por los hermanos Milei y Spagnuolo, en el que participaba la farmacéutica Suizo Argentina. Sturzenegger, en este sentido, presentó una iniciativa para desregular el comercio de medicamentos y que puedan ser comprados por personas en kioscos, supermercados y plataformas online.
El problema, asimismo, se entrelaza con el narcotráfico, ya que el fentanilo es utilizado por los productores de droga para "cortar" otras. Hace poco trascendió la dramática noticia sobre el crecimiento de la venta de éxtasis, cocaína y tusi con ketamina y fentanilo. Se trata de un negociado favorecido por el gobierno a través de los blanqueos de capitales y con un aparato de seguridad que, por acción u omisión, deja operar a los capos narco –sobre todo en los barrios.
Milei, Lugones y todos los responsables políticos de esta tragedia sanitaria deben comparecer ante la justicia.
