El gobierno de Milei avanzó en subas de hasta el 500% en el precio de la energía para hogares de altos ingresos y grandes usuarios –como industrias y comercios– y también para escuelas, hospitales y universidades. Se trata de una política superinflacionaria y de ajuste contra los trabajadores.

El Ejecutivo implementa estas políticas para reducir subsidios y cumplir con las metas fiscales que reclama el FMI. Los empresarios han dicho que aumentarán el precio de los productos que venden, para atemperar el impacto de la medida. Muchos de ellos podrán cubrirse; los trabajadores no pueden hacer lo mismo en lo inmediato porque dependen de las paritarias (si es que están en el ámbito formal), las cuales mayormente vienen cerrando a la baja gracias a la política entreguista y propatronal de las burocracias sindicales.

Por otro lado, algunos empresarios pymes están preocupados por el hecho de que las ventas minoristas ya han caído hasta un 50% y advierten que si proceden a aumentar más los precios ese derrumbe podría profundizarse. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, señaló que a partir de abril o mayo “posiblemente enfrentemos una situación de cierre de empresas”.

Claro que –dejando de lado que muchas pymes son subsidiarias de grandes compañías capitalistas– esto probablemente dé lugar a una extorsión contra los trabajadores para que limiten sus reclamos en nombre de la defensa de la “industria nacional” y así “evitar” que miles se quedan en la calle, lo que derivaría en mayores ataques contra el salario y las condiciones laborales.

La política de Milei es un cóctel explosivo de recesión e inflación. Este aumentazo impactaría sobre los “grandes clientes”, que integran el denominado Nivel 1. Para los usuarios que forman parte del Nivel 2 (sectores de ingresos bajos) y del Nivel 3 (ingresos medios) habrá aumentos a partir de abril. Quienes forman parte del N3, sin embargo, están obligados a pagar un adicional si superan los 400 KWh por mes; y esa marca no es muy difícil de romper.

Esto, hasta que se defina un nuevo esquema de tarifazos en el transporte y la distribución eléctrica, basado en la fijación de una “canasta energética” que en caso de no superar el 10% del ingreso de todo el grupo familiar ocasionará la pérdida de subsidios.

A esto se suma el zarpazo contra las escuelas, los hospitales y las universidades, que tendrán que afrontar la suba de las tarifas con el mismo presupuesto de 2023. Esto, en un cuadro de altísima inflación, la cual en diciembre fue de casi un 26%; y es probable que en enero se mantenga en los mismos niveles. En el horizonte aparece un recrudecimiento del descalabro inflacionario, puesto que el gobierno se apresta a avanzar en una devaluación mayor.

La asfixia presupuestaria contra la salud y la educación se combina con una política privatista. En el caso de las universidades, Milei busca ir hacia su arancelamiento y su sometimiento total a los designios del capital. Y en el caso de la salud, ya ha mostrado su defensa de los intereses de las clínicas privadas y de las prepagas; lo que conspira contra los hospitales. que están colapsados debido al ajuste de los distintos gobiernos.

Los trabajadores tenemos el desafío de organizarnos y salir a las calles para derrotar al gobierno antiobrero de Milei.

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