Axel Kicillof centró su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense en un planteo de reconstrucción de la provincia. Sin embargo, amén de los beneficios que anunció para las patronales, todo el plan de reactivación productiva que anunció carece de sentido en una provincia quebrada.

“El año pasado fue el año de la pandemia, este año va a ser el año de la vacunación y de la reconstrucción y renacimiento bonaerense”, arengó el gobernador. Esto cuando la aplicación de las dosis avanza a cuentagotas y se retrasa la provisión -en el marco de la disputa imperialista y la especulación de los laboratorios. El optimismo oficial apenas apunta a justificar el regreso a clases en escuelas en ruinas y a la presencialidad laboral hacinando a la población en el transporte público, y por supuesto también eludir cualquier inversión en un sistema de salud en crisis y con un Ioma (obra social de dos millones de bonaerenses) en virtual cesación de pagos. La proximidad de la segunda ola de coronavirus plantea una perspectiva sombría.

Para colmo, tras el escándalo de la vacunación VIP Kicillof anunció… un botón en la página web para hacer denuncias, e ironizó: “no pienso contratar a la Interpol para que esté al lado de cada jeringa”. Por supuesto que no, porque quedaría en la picota el propio gobierno. Pero la única forma de poner fin a los privilegios es el control popular de todo el operativo de vacunación, y destinar los recursos necesarios para revertir el exasperantemente lento ritmo de inmunización (apenas un tercio de las escasas dosis recibidas).

El presunto “renacimiento bonaerense” es por supuesto un fraude. Jaqueado por la sequía de divisas y el empantanamiento de las negociaciones del gobierno nacional con el FMI, se está por cumplir un año de nulos avances en la reestructuración de los casi 7.150 millones de dólares de deuda provincial. El desplome de la cotización de los bonos emitidos en el canje nacional con los bonistas y el riesgo país por las nubes condicionan aún más a la gestión bonaerense, y refuerza las exigencias de los acreedores. Un comité que nuclea a cerca del 50% de los tenedores de títulos amenaza con recurrir a los tribunales internacionales para acelerar la declaración de default.

Es lo que condiciona toda la orientación oficial. Lo ejemplifica que mientras discursea acerca de que solo si crecen los salarios se reactivará el consumo y con él la economía, el gobierno condena a estatales, docentes y trabajadores de la salud a salarios de pobreza. La docencia perdió en los últimos dos años un 23% de sus ingresos contra la inflación. Con la paritarias a la baja del propio Estado, avala la ofensiva patronal de cara a las negociaciones salariales. Es decir que el ajuste atenta contra la propia premisa oficial.

En este cuadro, quedan en ridículo los anuncios de grandes planes de obra pública y de vivienda. A sabiendas de ello, el gobernador abrió el paraguas y defendió el desalojo represivo de la toma de tierras en Guernica como parte de la “respuesta integral” a la crisis habitacional. A pesar de que reconoció una carencia de un millón de hogares, apenas pudo jactarse de la regularización de barrios privados, los cuales en muchas ocasiones se constituyen de la misma forma fraudulenta que el mencionado predio donde Berni barrió a las familias sin tierra.

Por lo demás, en un discurso en el que nada se anunció para compensar la situación que atraviesan millones de bonaerenses sumidos en la pobreza, prometió una moratoria con condonación de intereses y facilidades de pago para las empresas que registren deudas impositivas, es decir por haber retenido el dinero de terceros (contribuyentes). La unificación con una cuota fija para el cobro del monotributo, también anunciada ayer, no es sino otra vía para lubricar el impuestazo que se viene, principalmente en Ingresos Brutos que terminan pagando los consumidores (lo que fue habilitado por el Pacto Fiscal que firmaron Alberto Fernández y los gobernadores).

El ajuste lo pagan entonces las familias trabajadoras, mientras los beneficios son para los capitalistas. La promesa de “desdolarizar las tarifas” que formuló en el recinto replantea esta contradicción, porque el rojo fiscal achica el margen para subsidiar a las privatizadas, mientras que se aplican naftazos sistemáticos por encima de la devaluación y suben los precios internacionales del petróleo. La magnitud de los tarifazos que se vienen dependerá de la evolución de la crisis.

Kicillof reconoció además que el Estado “no había actuado lo suficiente” en materia de violencia de género, algo que sería compensado con un “plan integral para el abordaje de casos críticos de violencia”. Es una estafa y una autoexculpación por el flagelo que sufren las mujeres. La responsabilidad estatal es directa, y no por omisión, ya que incluye desde la desestimación de las denuncias al encubrimiento y la protección de los agresores, hasta la represión abierta a quienes exigen justicia como el caso de Úrsula en la localidad de Rojas. Un abordaje integral solo puede venir de la mano de la organización independiente de las mujeres y diversidades, por caso con un consejo autónomo electo y revocable que cuente con presupuesto para dar respuestas.

Una expresión de la crisis política que acusa el gobernador es el tono conciliador del discurso, como destacó la propia oposición diferenciándolo del de Alberto Fernández. El ánimo supuestamente “constructivo” es en realidad un intento por recomponer relaciones con propios y ajenos, es decir con los intendentes pejotistas y con los legisladores de Juntos por el Cambio que tienen mayoría en el Senado -por ende la capacidad de bloquear leyes clave. En conclusión, apuesta a un compromiso de todo el arco patronal para viabilizar el ajuste.

Urge una deliberación en los lugares de trabajo a lo largo y ancho de la provincia, para seguir el camino que traza la docencia combativa de los Suteba Multicolor que fue a un paro de no inicio de clases y las organizaciones piqueteras que encabezadas por el Polo Obrero van a un plan de lucha. La defensa del salario, del trabajo, la educación y la salud requiere de una pelea a fondo por el no pago de la deuda externa y la reorganización de la provincia sobre nuevas bases. Ese es el único “renacimiento bonaerense” posible.